El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a cerca de 49.600 personas durante julio, la cifra mensual más alta registrada en la segunda Administración de Donald Trump, según datos oficiales obtenidos por el Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y analizados por The Associated Press. El dato confirma que la agenda de deportaciones masivas de la Casa Blanca sigue avanzando, aunque con un cambio de estrategia: de los operativos de alto perfil en grandes ciudades —que generaron protestas y una amplia cobertura mediática a inicios de año— a arrestos más dispersos y menos visibles, pero igualmente disruptivos para las comunidades migrantes.La tendencia al alza ya se había acelerado de forma clara entre mayo y junio, uno de los mayores incrementos intermensuales registrados. Ahora, los arrestos de julio representan un aumento del 15% respecto a los 43.021 registrados en junio; y un salto del 70% frente a los 29.241 de febrero, mes marcado por el retroceso en los operativos tras la ofensiva en Minnesota que resultó en la muerte de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes migratorios. Yendo aún más atrás, el mes antes de que Trump asumiera el cargo, los arrestos del ICE apenas superaban los 8.000, compuestos en su mayoría por migrantes transferidos desde cárceles estatales o locales. Durante el primer año del actual mandato, la cifra fue subiendo a medida que la Administración flexibilizó las restricciones sobre dónde y a quién podía arrestar el ICE, a la vez que inyectaba miles de millones de dólares adicionales a la agencia. Para diciembre, los arrestos ya superaban los 40.000 mensuales.Ese ritmo se frenó en febrero, a raíz de las protestas y críticas de legisladores demócratas que siguieron a los sucesos en Minnesota. Luego del cambio de liderazgo en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el que Markwayne Mullin sustituyó a Kristi Noem como secretario, los arrestos se mantuvieron relativamente estables, entre 30.000 y 32.000 mensuales, hasta que en junio y julio volvieron a dispararse a niveles récord.Detrás del récord en el volumen de arrestos, también es llamativo a quién se está deteniendo. Más de la mitad de las personas arrestadas en julio no tenían ningún antecedente penal, ni condena ni cargos pendientes. En junio, esa proporción ya había alcanzado el 47%, la más alta de toda la Administración hasta ese momento. Esta tendencia contradice directamente las declaraciones de Mullin, quien en un comunicado del 10 de agosto afirmó que el ICE trabaja para retirar de las comunidades a “asesinos” y otros “peligros para la seguridad pública”.El repunte es producto de varios factores, de acuerdo a analistas que han revisado los datos. Por un lado, el ICE ha intensificado los arrestos durante paradas de tráfico rutinarias y ha recurrido cada vez más a las fuerzas del orden estatales y locales, que en muchos lugares actúan ya como una extensión de la aplicación de la ley migratoria federal a través de los llamados acuerdos 287(g). El hecho de que Texas y Florida concentraron casi 20.000 de los arrestos de julio —cerca del 40% del total nacional—, refleja el peso de ambos Estados, con gobiernos alineados con la Casa Blanca, en la estrategia de deportaciones masivas. Ambos mantienen acuerdos 287(g) especialmente extendidos.Por otro lado, la agencia ha comenzado a detener a personas de origen haitiano después de que el Gobierno les retirara las protecciones que amparaban a más de 300.000 frente a la deportación.Cuando Mullin asumió el cargo tras la salida de Noem en marzo, prometió durante su audiencia de confirmación mantener al ICE alejado de los titulares, lo que sugería un posible giro hacia un enfoque menos confrontativo. Aunque su gestión ha estado marcada por varios tiroteos mortales de agentes contra migrantes, ambos en julio, el récord de detenciones señala que esta vez no habrá un freno como en febrero.
El ICE detiene a casi 50.000 personas en julio, el mayor número de arrestos en la Administración de Trump
Más del 50% de las detenciones fueron a individuos sin antecedentes penales y representa una continuación de un aumento comenzado en junio










