“Agradezco su mirada y disposición para contribuir a una agenda que necesita decisión, experiencia y acuerdos amplios”.Con esa frase valoró en sus redes sociales el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la reunión que sostuvo el lunes con Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), y que se enmarcó en la ronda de conversaciones que ha tenido la autoridad tras las fuertes críticas a la agenda de seguridad del gobierno.En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción - entrevistada por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada-, la abogada destacó la disposición de titular de Seguridad e incluso aseguró que “respecto de quienes han sostenido que el gobierno tiene una posición irreductible e incluso han calificado al Presidente como ‘iliberal’ en estas materias, que lo que capté es todo lo contrario”. Sin embargo, planteó reparos sobre la reforma constitucional del Ejecutivo. ¿Cuál era la principal inquietud del ministro?Me llevé una grata impresión, confirmé que el ministro Arrau está en un plan de trabajar esta reforma con calma, sin apresuramiento. Retiró la urgencia en la tramitación del proyecto y (está) escuchando a los diversos sectores. Me quedó claro que el gobierno sabe que el tema de la seguridad es la principal preocupación y él tiene un diagnostico bastante claro. Está convencido de impulsar reformas constitucionales pero también legales para poder abordar el combate al crimen organizado. Quisiera enfatizar, respecto de quienes han sostenido que el gobierno tiene una posición irreductible e incluso han calificado al Presidente como “iliberal” en estas materias, que lo que capté es todo lo contrario. Un espíritu de diálogo, de que le aportemos antecedentes de distintos sectores de la sociedad.¿No habría sido mejor que el gobierno hubiera conversado antes de ingresar el proyecto al Congreso? Probablemente habría sido lo deseable y habría llegado en mejores condiciones al Senado. Con todo, me parece que un gobierno que fuera absolutamente autoritario o irreductible en sus posiciones, como se ha dicho, no capta impresiones de distintos sectores.Han surgido varios reparos a la reforma: quitar beneficios sociales, el estado de excepción y su duración inicial de 120 días...Considero que esta reforma constitucional, y así se lo expresé al ministro el lunes, aborda temas que perfectamente podrían ser acometidos por reformas legales. Le dije que la Constitución ya contempla el deber del Estado de proteger a la población y, por tanto, que me parece innecesario consagrar específicamente un nuevo deber de seguridad. También que hubiera preferido mucho más un derecho a la seguridad porque eso puede ser sopesado el día de mañana por los jueces. Junto con eso, le expresé que el régimen penitenciario y el registro de organizaciones criminales eran materia de ley y que el Presidente no tiene nada que ver en esa materia. Debe ser manejado a nivel del Ministerio Público y los tribunales. Me parece que decretar (el estado de excepción) por 120 días, prorrogable por otros 120, es excesivo. Lo más grave desde el punto de vista constitucional es que esto se haga sin un sistema de contrapeso. Me hace mucho sentido la voz de quienes han sostenido que, junto con acortar el plazo, debiese intervenir el Congreso desde un comienzo en la declaración de un estado de excepción que va a afectar un número significativo de derechos fundamentales.¿Qué le respondió?Me miró atento, sus asesores tomaban notas. Le expresé que suelo ser muy honesta, que esto se basa en la experiencia que he tenido. Le dije que veo tramitándose en un par de meses más solo el estado de excepción constitucional. Sin embargo, creo que el ministro tiene una convicción y está dispuesto a conversar algunas materias que pudieran quedar fuera de la reforma. Sentí que para el ministro es importante que figuren ciertos principios que desde la Constitución regulen el régimen penitenciario, específicamente las condiciones en las que se cumple la reclusión y que den cobertura constitucional a operaciones como las del Plan Cancerbero.Para que esto avance tiene que aprobarse la idea de legislar. ¿Cree que el gobierno perseverará en cómo está la reforma? Siento, leyendo las declaraciones del ministro García Ruminot, que hay una voluntad del gobierno de ir depurando el proyecto de reforma constitucional para que, si se va a intervenir la carta fundamental, que siempre es algo muy delicado -jurídica y políticamente-, se intervenga en los aspectos que son absolutamente indispensables.Se ha dicho que todo esto parte por un eventual temor de La Moneda al TC, por lo ocurrido con el proyecto de Escuelas ProtegidasNo. Discrepo con los colegas que públicamente han dicho que en este proyecto se ve este temor o (se busca) establecer cortapisas al TC. (...) No veo elementos que den razón a eso. No desconozco que cualquier gobierno tiene que tener en cuenta la jurisprudencia del TC, que es el órgano de control de la constitucionalidad de la ley y de las reformas. Por ejemplo, si se llega a perseverar en las inhabilidades referidas a derechos sociales (en la reforma), eventualmente eso pudiera significar que se presentara un requerimiento por inconstitucionalidad ante el TC.¿Se necesita un quinto estado de excepción?No me gusta la idea de un quinto estado de excepción, habría sido partidaria -se lo dije al ministro- de mantener el estado de emergencia. Más que cambiar las causales, habría agregado nuevos elementos para el combate al crimen organizado. Habría incluido la interceptación de comunicaciones, por supuesto siempre con autorización judicial. (...) Lo que sí, si se trata de dotar al Estado de herramientas para combatir el crimen organizado, me hace sentido repensar el sistema de los estados de excepción.¿Cómo entregar herramientas eficaces contra la inseguridad sin caer en la concentración de poder? Con criterios propios del resguardo de los derechos fundamentales de cualquier democracia; con la proporcionalidad de las medidas.