“¿Cuál es la amenaza a la democracia acá?“, respondió algo molesto el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (republicano), al ser consultado por las críticas de figuras del propio oficialismo, en particular del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), quien señaló que la reforma constitucional impulsada por el gobierno abre la puerta a una deriva autoritaria.Incluso el jefe comunal de Providencia comparó la situación con los inicios del régimen de Hugo Chávez en Venezuela.“Sobre esos epítetos que nos comparan con ciertos regímenes... ¡por favor! Lo que estamos proponiendo aquí es un Estado de Excepción Constitucional muy parecido a los que existen hoy día... Todas las facultades que están ahí, están contenidas en nuestro ordenamiento constitucional en diferentes estados de excepción constitucional... Llamaría a las personas que opinan, que lean el proyecto y se informen un poco", dijo el ministro, tras una ceremonia de entrega de 26 vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI).Incluso, Arrau comprometió públicamente ajustes para atenuar el Estado de Excepción de Seguridad Pública, que es el corazón de la reforma a la Carta Fundamental.“Hemos ido aunando voluntades, por supuesto con la apertura a no poner discusión inmediata, darle tiempo para que podamos tener más espacio de conversación. Estamos abiertos a ajustar ciertos términos que han sido los más criticados, como los plazos del estado de excepción”, añadió.Además de ceder en el plazo inicial de 240 días para el nuevo estado de excepción, el lunes el secretario de Estado ya había entregado la posibilidad de eliminar la facultad para interceptar comunicaciones. “Interceptar un teléfono no es tema, la gente cambia de teléfono cada diez minutos”, dijo el lunes.Este martes en Desde la Redacción, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ratificó que los plazos son un tema a mejorar. “No creo que sea bueno que tenga 120 días de entrada (N del R: que podían ser prorrogados por el Presidente por otros 120 días más sin el Congreso)... Por supuesto que le falta mucho todavía por desarrollar”, remarcó.Seguridad Pública atenuadoSi el Ejecutivo cumple su compromiso para suavizar la idea de un nuevo estado de excepción, su régimen quedaría en un rango intermedio entre lo que son los actuales estados de Emergencia (que se aplica hace años en el sur) y de Catástrofe (que es más restrictivo y ha operado en casos de terremotos, temporales e incendios recientes).Por ejemplo, si se elimina el plazo excesivo de 120 días prorrogable a 240 días, la vigencia del nuevo estado de excepción se asemejaría al Estado de Emergencia, que dura 30 días iniciales y luego se prórroga mensualmente con autorización del Congreso.No obstante, en materia de medidas intrusivas y restricciones de garantías, el Estado de Seguridad Pública seguiría siendo más opresivo que el de Emergencia.“Por la declaración del Estado de Excepción de Seguridad Pública, el Presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión. Podrá, asimismo, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”, dice la versión de la reforma que ingresó a tramitación por el Senado.Su redacción actual se acerca a lo que son los actuales estados de Asamblea (por guerra externa) o de Sitio (guerra interna o grave conmoción interior). No obstante, si se eliminan las interceptaciones de comunicaciones -como deslizó Arrau sin precisar si ello también implicaba la privacidad de documentos-, el nuevo texto del Estado de Seguridad Pública quedaría más parecido al de Catástrofe.La diferencia es que en un eventual régimen de Seguridad Pública podría seguir suspendiéndose la libertad personal, en términos amplios (no solo locomoción y reunión); mientras que en el Estado de Catástrofe también se permiten las expropiaciones (algo que se suprimió de las versiones anteriores de la actual reforma constitucional).ResponsableConsultado este martes por los cuestionamientos a la falta de pericia de quien redactó esta modificación a la Carta Fundamental, Arrau asumió la plena responsabilidad del texto, cuya versión final fue afinada por su equipo y el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. “Esta reforma tiene la firma del ministro que le habla, quien es responsable de las políticas de seguridad de este gobierno, y, por tanto, yo soy el responsable de ese proyecto de ley”, dijo el el secretario de Estado.“Yo firmé y me hago responsable de todas las críticas, y por eso hemos estado conversando con los parlamentarios, viendo, efectivamente, las críticas, las sugerencias de mejora, para ver cómo podemos avanzar en este proyecto, el cual es parte de una cartera muy potente, donde hay otros (proyectos) que tienen mayor nivel de urgencia, y este también es importante sacarlo adelante”, reforzó en respuesta a las críticas.En los días previos, el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), había sido uno de los principales detractores. “Es un trabajo poco serio y es muy curioso porque todavía no logramos saber quién es el redactor del proyecto, lo tienen guardado bajo siete llaves, nadie ha querido reconocer la autoría, por más que hemos emplazado al gobierno”, lanzó.En tanto, desde la vereda oficialista, el senador Andrés Longton (RN) acusó que “hay falta de rigurosidad técnica de algunos equipos y fortaleza de la parte política y falta de especialistas en determinadas áreas... Me parece que a veces hay un exceso de juventud e inexperiencia en algunos equipos”.