La publicación, la semana pasada, de un vídeo en las redes sociales de la actriz Assumpta Serna en el que lamentaba la insuficiencia de las ayudas de dependencia que reciben las personas mayores, ha encendido la mecha de un malestar soterrado que comparten miles de familias en Cataluña. La actriz, cuya madre tiene 100 años, denunciaba “un infierno burocrático e incoherente” de la Administración para pedir las prestaciones, una larga espera para conseguirlas y un resultado que considera insuficiente: 64 horas de cuidados domiciliarios al mes (unas dos horas al día) “para alguien que necesita ayuda las 24 horas del día”. El vídeo se viralizó, y el formulario que adjuntó la actriz para recabar testimonios recogió centenares de respuestas, mostrando que su caso es la punta del iceberg de un sistema de dependencia que arrastra muchas carencias. Pese al último plan del Govern para solventarlas, Cataluña sigue siendo unas de las comunidades con más problemas. Es la que más lista de espera tiene (82.000 personas en 2025), y en la que más personas mueren mientras aguardan: el año pasado fallecieron 9.116 personas esperando, y entre enero y mayo de este 2026 murieron 4.342 personas en esta situación.La denuncia de la actriz incide en la insatisfacción de un sistema incluso cuando funciona y finalmente llegan las ayudas. El departamento de Derechos Sociales de la Generalitat recuerda que solo unas 500 personas tienen atención domiciliaria las 24 horas: los enfermos de ELA y otras dolencias que requieren atención constante, y que tienen reconocido el grado de dependencia III Plus. Si no, el servicio domiciliario máximo para el grado III es de 94 horas al mes (tres horas al día). Está en tramitación una modificación de la ley de dependencia, con el objetivo de dotar al sistema de más recursos, ampliar la prestación de asistente personal también a los que cuidan a personas mayores y ampliar horas de atención domiciliaria para reforzar este modelo y que no todo dependa de los centros residenciales.Pero el malestar que ha despertado la denuncia de la actriz va más allá del caso concreto: incide en que las medidas actuales, incluso cuando se implementan efectivamente, no son suficientes, y sobre todo pone el foco en que en muchas ocasiones estas medidas no llegan. La percepción de que las ayudas a la dependencia son insuficientes existe prácticamente desde que se aprobó la ley, en 2006, que puso unas promesas sobre el papel que no se plasmaron presupuestariamente, una grieta que luego la crisis financiera no hizo más que profundizar. Pero el hecho de que se trate de una personalidad conocida ha dado nuevo impulso a las denuncias y quejas que las asociaciones de familiares de dependientes llevan años presentando ante las administraciones. “Llevamos diciendo todo esto mucho tiempo, es una situación que se tiene que arreglar por una cuestión de dignidad, porque las personas mayores tienen los mismos derechos que el resto de la población”, incide María José Carcelén, portavoz de la plataforma Coordinadora 5+1: “Nos gustaría decir que las cosas cambian, pero la realidad es que no hemos visto cambios reales, estamos hartas de proclamas y anuncios de cara a la galería”.El sistema de atención a la dependencia, que incluye las ayudas económicas y los servicios de atención domiciliaria y en centros residenciales para personas mayores y personas con discapacidad, adolece de una infrafinanciación crónica que repercute en toda la operativa, según vienen demostrando año a año las estadísticas, y según han denunciado las asociaciones y la propia administración. El gasto en dependencia que se desembolsa en Cataluña era de 2.276 millones de euros en 2025, un 64% más que en 2025, según los datos de Imserso, pero todavía es un montante muy inferior al que reclaman las entidades: representa solo el 0,75% del PIB catalán, un porcentaje parecido al gasto de España, pero que dista de la media europea (1,6%) y de la de algunos países que más gastan en dependencia, como Suecia, Dinamarca o Noruega, que llegan al 4%. En España, además, hay el problema del reparto de la financiación: la ley indica que debe ser al 50% entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma, pero nunca ha sido así, y por ejemplo Cataluña siempre ha puesto alrededor de un 70%, mientras que el Estado solo un 30%. El Gobierno se comprometió a revertir esta situación con la aprobación de un decreto este año. “Esto no significa que Cataluña tiene que desinvertir, tiene que continuar el gasto, porque este año es la comunidad que más financiación perderá por no haber cumplido los objetivos, unos 15,5 millones”, señala Carcelén. “Los planes y los proyectos sobre el papel lo aguantan todo, pero ¿con qué dinero se conseguirá?“, se pregunta. El Govern admite deficiencias en el sistema, que achaca a problemas estructurales. “Es un problema de organización, de financiación, y de prioridades, ya que por un lado el sistema ha sufrido una infrafinanciación histórica por parte del Estado, que ahora empieza a equilibrar, y por otro Cataluña no ha ajustado los recursos a la necesidad de dar respuesta a una sociedad cada vez más longeva”, admite Carolina Homar, secretaria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.La falta de financiación ha llevado a cifras muy elevadas en las listas de espera. El plazo estipulado en la ley para que un ciudadano pueda ser evaluado en su grado de dependencia es de tres meses, pero la espera se alarga entre ocho meses y un año. Una vez evaluado, la espera para tener un Programa Individual de Atención (PIA) suele ser también de otro año. “La normativa marca 180 días para todo el proceso, ahora estamos cerca de los 600 días de media. Nuestro primer objetivo es bajar la espera a 180 días, luego a 90 y finalmente a 60″, explica Homar sobre las propuestas del Pla Cura, que con un presupuesto de 25 millones de euros anuales, fue anunciado antes del verano: reducir las listas de espera y los días de espera, dar una prestación puente de 200 euros para los que esperan y cruzar los datos entre Derechos Sociales y Salud para que las personas con mayor dependencia sean las que menos esperen. Ramon Nicolau, vicepresidente de la Taula del Tercer Sector, afirma que “el planteamiento no es malo, pero los resultados tardarán”, y entiende la crispación entre los afectados: “Resolver el cuello de botella en las valoraciones está bien, pero luego tiene que haber recursos, nosotros creemos que se tiene que apostar por el servicio de atención a domicilio (SAD), porque la mayoría de dependientes quiere seguir en casa”. Carcelén pone en duda que este Pla Cura vaya a solucionar el problema, ya que por mucho que se reduzcan las listas de espera, seguirán faltando recursos como plazas de residencias, o más personal. “Tenemos ratios de personal en las residencias que son de 2010, y ahora la gente llega mucho más dependiente. No vemos que el Govern se preocupe realmente”, señala Carcelén. La secretaria de Derechos Sociales recuerda que el Govern ya ha ampliado en 2.500 plazas el sistema de residencias, y que el objetivo es sumar 6.000 en esta legislatura.