Investigación Exclusivo suscriptores El penal de La Paz (Itagüí) y las obras en la cárcel de El Bosque (Barranquilla). Foto: Archivo particular y redes sociales24.08.2026 10:07 Actualizado: 24.08.2026 10:07
El representante a la Cámara, Julio César Triana, del partido Cambio Radical, anunció el pasado jueves, 20 de agosto, que citaba a debate de control político al ministro de Justicia, Iván Cancino; al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Gutiérrez; y la cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Fidel Espitia, para evaluar los cuatro años de gestión del Gobierno Petro en el sistema carcelario del país.El anuncio de Triana, en el que se refirió a la falta de resultados en la creación de cupos nuevos para personas privadas de la libertad en las cárceles, coincide con las denuncias del equipo del empalme anticorrupción del gobierno De La Espriella consignadas en el 'Libro de la Verdad' -que ya fue entregado a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría- en el que hablan de 'obras fantasma' en al menos cuatro penales.La Unidad Investigativa de EL TIEMPO accedió al informe de auditoría mencionado en la denuncia y estableció cuáles son las empresas detrás de las obras supuestamente retrasadas en las cárceles de La Paz, Itagüí -la misma de la parranda vallenata con capos en abril pasado-; y El Bosque, en Barranquilla. LEA TAMBIÉN Los desembolsos y el informeEl caso sobre las obras fantasma en cárceles del país que aparecen en 'El Libro de la Verdad'. Foto:El Libro de la VerdadEn el Caso 21 del 'Libro de La Verdad' se señala que interventores aprobaron pagos por 78.493 millones de pesos por infraestructura que no existía, mientras el 41,4% de los reclusos duerme en el piso."Pero detrás de esa cifra hay un hecho particularmente preocupante: los interventores autorizaron desembolsos por obras que no existían en la realidad. No se trata de sobrecostos ni de demoras administrativas. Se trata de plata pública pagada por infraestructura fantasma", se lee en el documento.Y se anexan millonarios hallazgos fiscales, según una auditoría de la Contraloría: "La ampliación de cupos en Itagüí (39.385 millones de pesos), Barranquilla (8.923 millones de pesos), Ipiales (6.988 millones de pesos) y Buga (6.233 millones de pesos)". LEA TAMBIÉN La Paz y el hacinamientoEl informe de la Contraloría en el que aparece el hallazgo por las obras en la cárcel de Itagüí. Foto:Archivo particularEl hallazgo por 39.385 millones de pesos al que se refieren en 'El Libro de La Verdad' aparece en el informe de la Contraloría por un contrato de obra en el penal de La Paz, en Itagüí (Antioquia), la misma cárcel en la que estaban recluidos varios de los jefes de las bandas del Valle de Aburrá que estaban en negociaciones de paz con el gobierno Petro, que fueron trasladados a otras cárceles del país el pasado 7 de agosto, el mismo día en que se posesionó Abelardo De La Espriella como presidente.De los 103 capos que fueron movidos de ese penal, destacan alias Douglas, cabecilla de 'La Terraza'; Carlos Pesebre, cabecilla de la banda 'Robledo'; y alias El Indio, cabecilla de 'El Trianón'.El cantante Nelson Velásquez se presentó en la parranda vallenata de la cárcel de Itagüí. Foto:Redes sociales.Las obras en la cárcel de Itagüí hacen parte de una habilitación de cupos para dar respuesta a la necesidad de deshacinamiento."Dichos modulares no han podido ser habilitados toda vez que se requiere de las respectivas obras complementarias, las cuales se están ejecutando", se lee en el informe de la Contraloría.La Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que se trata de un contrato del Uspec de agosto de 2022, adjudicado mediante una licitación al Consorcio Obras MG, por 13.527 millones de pesos y que tenía por objeto la construcción de las edificaciones de control de integración, rancho, depósito transitorio de residuos sólidos, cerramiento de seguridad; obras de urbanismo (caminería, vía y plazoleta) y obras complementarias en la cárcel de La Paz.Las firmasEl ministro de Justicia Iván Cancino. Foto:EL TIEMPO.El consorcio está integrado por GP Caribe SAS, con un 70 por ciento de participación. La firma, en la que aparece como representante legal y accionista Natalia Gómez Aycardi, se trasladó de Barranquilla a Bogotá en junio de 2025 y se dedica a actividades de ingeniería, obras y construcción de edificios.Y el 30 por ciento de participación restante en el consorcio la tiene MIA Grupo Empresarial, compañía con sede en Bogotá desde septiembre de 2020 y también representada por Gómez Aycardi.En el informe de la Contraloría, de junio de 2025, señalan que para el momento de la visita del ente de control las obras tenían un avance de apenas poco más del 60 por ciento, que habían dificultades en los pagos al contratista y con el cumplimiento de los plazos del contrato, que inicialmente iba hasta mayo de 2025 y sería prorrogado hasta septiembre del año pasado. LEA TAMBIÉN Los recursos de MinhaciendaEl contrato del Consorcio Obras MG para las obras en la cárcel de La Paz. Foto:Archivo particularComo respuesta al hallazgo de la Contraloría, el Uspec respondió que el contrato no había sido suspendido y que por la novedad presentada con los pagos se habían visto obligados a reajustar los tiempos del contrato."Lo anterior, teniendo en cuenta que por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no fueran asignados estos recursos a la Entidad para realizar estos pagos, los cuales se encontraban por reserva y una vez pasado el año fiscal pasarían a recursos expirados", se lee en la respuesta del Uspec.La Contraloría concluyó que a pesar de la respuesta del Uspec, no habían sido habilitados 516 cupos para personas privadas de la libertad por los retrasos de la obra, continuando los niveles de hacinamiento, generando un daño con presunto detrimento patrimonial por 39.385 millones de pesos.EL TIEMPO llamó y envió mensajes al abonado telefónico del Consorcio Obras MG para consultar por las denuncias que aparecen en el llamado 'Libro De la Verdad' y por los hallazgos de la Contraloría, pero luego de asegurar que el proyecto ya fue ejecutado al 100 por ciento y explicar que tienen informes mes a mes del tema, enviaron el contacto de Mauricio Luzardo Villamizar, representante del consorcio, quien al cierre de esta edición no había contestado ni las llamadas ni los mensajes.Este diario también llamó al Consorcio Itagüí JAC, cuyo representante es Diego Alejandro Ortiz, que aparece como la interventora de la obra, para preguntarle por los señalamientos de que se aprobaron desembolsos para obras presuntamente 'fantasmas'.La empleada que contestó el teléfono dijo que le daría razón a Ortiz, pero al cierre de esta edición no había devuelto la llamada. LEA TAMBIÉN Dos obras, mismo consorcioLas obras en la cárcel de El Bosque, en Barranquilla, que aparecen en el informe de la Contraloría. Foto:Archivo particularY en el mismo caso del 'Libro de La Verdad' hablan de otro proyecto en la cárcel El Bosque, de Barranquilla con un hallazgo fiscal por 8.923 millones de pesos.La Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que se trata de un contrato por 9.643 millones de pesos entregado por el Uspec al Consorcio Obras MG, el mismo detrás de las obras en el penal de La Paz de Itagüí.El objeto del contrato era la construcción de la edificación de control de acceso, cuatro garitas, un sector de cerramiento perimetral y obras complementarias a la infraestructura modular en el penal de El Bosque.Según la Contraloría, el contrato inició en mayo de 2023 y tenía un plazo inicial de ejecución de 5 meses, pero se presentaron diversas modificaciones contractuales, por lo que el presupuesto saltó de 9 mil a 15 mil millones de pesos y el plazo de ejecución se movió hasta el 15 de octubre de 2025.Como respuesta al hallazgo del ente de control, el Uspec respondió que para ese momento las obras habían avanzado en un 68 por ciento y que los inconvenientes en los tiempos estaban en el despacho de equipos y materiales, lo cual dificultó dar continuidad a la fase de instalación."La entidad informa el estado actual del contrato y el nuevo plazo para la finalización de las actividades de obra. Sin embargo, se valida hallazgo por el incumplimiento de la orden citada y al no tener definida una fecha para el funcionamiento incumpliendo con el fin de social, al no habilitar las obras. Lo que genera, un presunto detrimento al patrimonio público por valor de $8.923.543.521 correspondiente al valor cancelado al contratista de las facturas y actas parciales de obra presentadas a la fecha", se lee en el análisis de la Contraloría a la respuesta del Uspec.Ahora, los hallazgos de 'El Libro de la Verdad' serán revisados por los entes de control y el ministro de Justicia Iván Cancino, junto a las cabezas del Inpec y el Uspec.UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaETSíganos ahora en Facebook Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
