Opinión
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CatalejoEn vista de la decisión de la jueza Vargas, la cancillería guatemalteca necesita actuar de inmediato para proteger a los connacionales víctimas de la ilegalidad hoy comentada.
La jueza Jeanette Vargas, de New York, en una sentencia de 61 páginas invalidó negarle la visa estadounidense a ciudadanos de 75 países, impuesta desde principios de año, y calificó de manifiestamente ilegal la decisión conjunta de Donald Trump y de Marco Rubio. Esa ilegalidad alcanzaba no solo a quienes no tenían papeles, sino a aquellas personas con sus documentos en orden. Guatemala es uno de los países latinoamericanos incluidos, junto con Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Nicaragua y Uruguay. El resto son Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia y Yemen. Lo importante no se refiere a la posición ideológica de los países, incluyendo Estados Unidos, por negarse a cumplir las leyes estadounidenses.
Por su parte, algunos ciudadanos de Estados Unidos y representantes de entidades defensoras de los derechos de los inmigrantes legales, calificaron a la decisión anulada de discriminatoria e ilegal, causante de dolores innecesarios a numerosas familias. Tradicionalmente, en la Unión Americana las decisiones de los jueces son sólidas por estar bien fundadas, en este casi con esas 61 páginas. Probablemente, el gobierno trumpista acudirá a otras instancias legales superiores, entre ellos la Corte Suprema, integrada ahora por jueces conservadores. Por ello tienen con cierta tendencia a decidir favorablemente las posiciones oficiales, sobre todo de gobiernos republicanos, riesgo serio porque los cargos son vitalicios, otra peculiaridad, al nombrarlos el presidente.
