Casi un mes después del “ataque a la integridad territorial” de España, como Pedro Sánchez definió lo ocurrido el 30 de julio, cuando una marabunta consiguió entrar a Ceuta, desde Marruecos, de manera ilegal, el Gobierno dará explicaciones en el Congreso. O eso se espera. Al menos, seis ministros comparecerán esta semana, el presidente no, para explicarlo. Y como lo ocurrido es bastante inexplicable, lo mejor que pueden hacer es fijarse más en lo que van a hacer que en lo que han hecho y ha pasado.Veintiséis días después de la avalancha, lo urgente es saber cómo se va a solucionar la situación que tiene en jaque a la ciudad autónoma y al Gobierno, desbordados ambos por la magnitud de la crisis, ya que nunca habían tenido que hacer frente a tener que atender a 8.000 o 10.000 personas de repente, en situación de vulnerabilidad, y haya que gestionar su estancia en España, en espera del cumplimiento de los requisitos de la ley de extranjería, para su devolución a Marruecos.No es lógico que el debate sobre si el Rey debe ir a Ceuta sea públicoEl resto de los que entraron, unos 80.000, no fueron expulsados, volvieron a su país de forma voluntaria, seguramente gracias a que el gobierno marroquí permitió el regreso de los que lo desearan, porque podía haber cerrado la frontera y la situación sería aún peor. Pero este gesto del país vecino no es suficiente para alabar su papel ni para considerarlo un socio fiable. Es cierto que la política, la diplomacia y la necesidad aconsejan no arremeter contra quien tiene la llave de que esta crisis acabe antes, pero sí se le puede exigir que no eche leña al fuego, que es lo que han hecho ministros marroquíes que se han dedicado a reivindicar la marroquinidad de Ceuta y Melilla, y de paso de Canarias, o a acusar al Gobierno español de retener a sus menores, cuando si fueran colaboradores de verdad estarían buscando vías para que, cumpliendo la ley, retornaran a sus casas.En medio de esta situación, la política ha encontrado una fuente de discrepancia en si el rey Felipe VI debe llamar o no a Mohammed VI, o si debe de viajar a Ceuta. La visita, necesaria para los ceutíes que se sienten desasistidos, posiblemente no sea lo más adecuado en estas circunstancias y seguramente sea mejor esperar otro momento. La llamada sería lógica, pero no lo es que el debate sobre su conveniencia sea público.Migrantes en la playa del TrampolínAntonio Sempere / Ap-LaPresseEn otro tiempo, cuando había problemas con Marruecos, el rey Juan Carlosllamaba a Hassan II, a quien llamaba “hermano mayor”, pero se sabía siempre después, una vez solucionado el problema, aunque se hacía con conocimiento del Gobierno o a instancias de éste. Es lo que hacía eficaz la conversación. Pero eran otros tiempos, cuando ante una crisis mucho menor de la que se vive desde hace casi un mes en Ceuta, el presidente del Gobierno llamaba o se reunía, al menos, con el líder del principal partido de la oposición, y se le mantenía informado, o acordaban juntos políticas de Estado para superar la crisis.Eso no va a pasar esta semana, a juzgar por cómo se han conducido Gobierno y oposición este mes. Ojalá hubiera un movimiento en ese sentido, pero como no se espera, lo que creo que hay que pedirle a los seis ministros que comparecerán desde mañana en el Congreso, los de Presidencia, Defensa, Exteriores, Interior, Sanidad y de Inclusión, es que aparte de explicar, si se puede sin que haya dimisiones, cómo se pudo producir esto sin que los servicios de inteligencia lo detectaran, presenten un plan realista de cómo van a hacer que Ceuta vuelva a vivir sin la presión de tener en sus calles, en condiciones muy precarias, a miles de personas, porque el eslogan que utilizó el Gobierno antes de asumir la gravedad de la situación y que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, resumió en que “hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos”, no es verdad.Licenciada en Ciencias de la Información, rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la UOC. Formó parte de la redacción de 'La Vanguardia' entre 1992 y 2024, siempre en la sección de Política, donde se encargó del Parlamento y del PP, además de las informaciones de los Ministerios de Defensa y de Exteriores. Antes de incorporarse a 'La Vanguardia' trabajó durante siete años en la Agencia Europa Press, así como en 'Diario16' y el periódico 'El Sol', al que perteneció hasta su desaparición en 1992. Cuenta con varios premios de Periodismo como el Luis Carandell (2014), que otorga el Senado; el Josefina Carabias que concede el Congreso (2022) y el Premio del Ministerio De defensa de Periodismo Escrito (2016) por su reportaje, publicado en 'La Vanguardia' “La salvación se llama Canarias”