Este jueves se cumplen dos semanas de la entrada masiva a Ceuta de 80.000 inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos, un episodio calificado por el presidente ceutí Juan Jesús Vivas —en primera línea desde el estallido de la crisis— del "peor atentado contra la integridad territorial y soberanía de la historia democrática de España", que ha obligado a actores del Gobierno como la ministra Margarita Robles a recordar con contundencia que tanto Ceuta como Melilla "son españolísimas" y "no se tocan". Dos semanas en las que por la ciudad autónoma han desfilado, algunos por partida doble, los ministros del Interior, Defensa, Exteriores, Política Territorial e Infancia; y en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tan solo se ha dejado ver sobre el terreno una vez. Fue un día después del asalto masivo, cuando algunos inmigrantes irregulares incluso todavía intentaban entrar en territorio español. Sánchez viajó de urgencia a Ceuta y desde allí denunció la "violación de la integridad territorial" de España, aunque sin responsabilizar a Marruecos, sino a las mafias y a la "lectura interesada" de la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente en el mar. Entonces, también se comprometió a "modificar algunos aspectos de las leyes" para que las repatriaciones se puedan hacer "de la manera más eficiente posible", así como a "hacerse cargo" de la situación. De allí, Sánchez volvió a La Mareta (Lanzarote), donde permanece desde entonces disfrutando de sus vacaciones. El presidente no ha vuelto a visitar Ceuta ni a ofrecer declaraciones, y solo se le ha visto en unas imágenes facilitadas a los medios por Moncloa en las que aparece en una reunión telemática celebrada la semana pasada junto a Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Sira Rego, Ángel Víctor Torres y Elma Saiz, que no ha visitado Ceuta pese a que dirige el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. La incomparecencia de Sánchez tiene lugar en un contexto en el que la situación de Ceuta está lejos de alcanzar la normalidad, con 10.000 inmigrantes (según el Gobierno ceutí) "deambulando" por sus calles, en medio de las denuncias del presidente Vivas de que cada día que pasa la ciudad autónoma "está peor" y con la amenaza de una nueva y posible entrada masiva convocada en redes sociales para el próximo sábado. Además, el presidente también parece haber dejado por el momento las explicaciones sobre lo sucedido en Ceuta a cuatro de sus ministros. El PP había pedido que compareciese en el Congreso, pero finalmente solo lo harán la ministra de Defensa, Margarita Robles (25 de agosto); el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (27); y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, el 28. Todo ello sirve de combustible a un PP que ha acusado al presidente de dejar "sola" a Ceuta y de ser incapaz de afrontar el incidente. "Desde el PP hemos pedido por tierra mar y aire que el presidente del Gobierno se levante de la tumbona de una vez", aseguró esta semana el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del partido, Elías Bendodo.La devolución de "todos" los inmigrantesAquello que hace casi dos semanas aseguró Sánchez ("modificar algunos aspectos de las leyes" para que las repatriaciones se puedan hacer "de la manera más eficiente posible"), es lo que hoy continúa reclamando Juan Jesús Vivas para que el Gobierno cumpla su compromiso: que "todos" los inmigrantes que cruzaron a Ceuta el pasado 30 de julio regresen a Marruecos, cuyo Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a que así sea. El propio Vivas, tras reunirse con Margarita Robles este miércoles, dijo no entender —algo que la ministra, aseguró, "comparte"— "cómo si se ha vulnerado nuestra integridad territorial, si está en máximo riesgo la seguridad nacional, si Marruecos ha dicho que está dispuesto a que retornen la personas, no se aplica un plan para llevar a cabo la devolución". "Puede que haya consideraciones de índole legal que haya que tener en cuenta, pero también estoy seguro de que se encontraría el respaldo de la inmensa mayoría de fuerzas políticas si se adoptaran medidas legislativas que fueran encaminadas a resolver esos obstáculos legales para que se ejecute de manera inmediata el plan de retorno a su país de origen", aseveró. Con todo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este jueves volverá a visitar Ceuta, aseguró ayer que "aquellos que quieran entrar [en España] de una forma ilegal y violentando la ley, evidentemente no van a ser trasladados a la península ni acceder a cualquier tipo de protección". "Ese camino no es un camino de futuro, es trágico y que tristemente los va a llevar de donde salieron", aseguró. Sin embargo, también matizó que, por el momento, más de 400 migrantes han pedido protección internacional y que aquellos "que tengan derecho a la concesión asilo, lo tendrán". De la misma manera, afirmó que "aquellos menores [más de 1.500, por el momento] que deban ser retornados serán retornados y aquellos que no lo deban ser porque no haya autorización de la Fiscalía, no podrán serlo". "Vamos a trabajar en los términos de retornar a todos aquellos cumpliendo nuestra ley", expresó.Son declaraciones que, aunque mantienen un duro tono contra la migración irregular, puntualizan las ofrecidas por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a principios de esta semana, cuando aseguró que "hasta la última persona que ha entrado irregularmente" en Ceuta volverá a Marruecos. Entretanto, la situación en la ciudad autónoma es cada vez más "insostenible", como ha denunciado Vivas, que, pese a agradecer la labor tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, critica que "no se ha desplegado" una cantidad de efectivos "acorde a lo que está ocurriendo". "Tendría que haber habido una respuesta contundente y enérgica para que los ceutíes se sintiesen seguros, para que no ocurra lo que ocurre en algunos barrios en los que la seguridad depende de sus vecinos", lamentó este miércoles.Por el momento, Interior mantiene desplegados casi 300 antidisturbios y más de 200 guardias civiles, además de algunas embarcaciones y drones para videovigilancia. Por su parte, Defensa ha movilizado a 2.000 soldados para "lo que haga falta", en palabras de la ministra Robles.