El paraíso se le ha escurrido de las manos a cinco instructores de buceo españoles, deportados por Tailandia este fin de semana. Se trata de tres mujeres y dos hombres, de edades comprendidas entre los 24 y los 36 años y que responden a las iniciales, N, P, P, S , X. Todos ellos fueron detenidos durante una inspección conjunta de Trabajo e Inmigración, el jueves pasado en Koh Tao, una pequeña isla cercana a Phangan y Samui. Los afectados por la redada pasaron 48 horas en el calabozo, según una persona conocedora del caso. A continuación, habrían cruzado la frontera terrestre con Malasia y, a última hora del domingo, esperaban embarcar en el aeropuerto de Kuala Lumpur, con Barcelona y Madrid como destinos finales. Un final abrupto para los planes de estos trabajadores en el golfo de Tailandia. La policía tailandesa no pone en duda su cualificación, pero sostiene que carecían de permiso de trabajo. En su lugar, disponían del visado para nómadas digitales lanzado hace un par de años, que no contempla las tareas que estaban desempeñando. La policía tailandesa sostiene que carecían de permiso de trabajoEn Koh Tao funcionan decenas de centros de buceo, su principal aliciente. Entre ellos hay por lo menos media docena regentados por españoles, donde se imparten clases en castellano. El mayor de todos es Pura Vida, un auténtico peso pesado, con quince años de actividad. Las autoridades de Surit Thani -la capital provincial- no han explicado de forma muy convincente por qué la inspección se limitó, al parecer, a dos escuelas de buceo. En la segunda -cuyo nombre no ha trascendido- fue detenido bajo la misma acusación, un instructor británico A., 35. Asimismo, en otras partes de Koh Tao fueron arrestadas tres inmigrantes birmanas. Dos por ejercer de esteticién de uñas (profesión reservada a tailandesas) y otra por prescribir medicinas sin ser farmacéutica.Las autoridades alegan que habían detectado “denuncias en redes sociales”Una voz conocedora de la dinámica en dichas islas, sostiene que todo el mundo estaba sobre aviso. Sobre todo tras un mes de redadas en Samui y Phangan, con los extranjeros que recurren a testaferros locales para adquirir propiedades y montar empresas en el punto de mira. Rusos e israelíes son allí las dos nacionalidades más afectadas. “Varias escuelas de buceo no abrieron el jueves o citaron a los monitores directamente en el embarcadero y con una camiseta normal, no la de la empresa”, dice esta persona. No fue, claramente, el caso de Pura Vida, como muestra el vídeo policial de la entrada en sus locales. El argumento de las autoridades es que habían detectado “denuncias en redes sociales”. No se sabe si estas incluyen el señalamiento anónimo y sin pruebas que, una semana antes, se había cebado en un fotógrafo submarino de dicha empresa, con enlace al formulario ministerial de quejas. Supuestamente por agarrar a una tortuga marina durante el tiempo de una instantánea. Algo que el fotógrafo, de larga trayectoria, ha negado tajantemente, pero que no ha impedido su linchamiento en Facebook. Una firma rival no ve relación entre ambos hechos. Pero reconoce que algunos todavía no le han perdonado a la empresa española “que reventara los precios, aumentando mucho el número de alumnos e instructores”. Aun así, esta competidora reconoce que se ha beneficiado del trasvase de aprendices de buzo de estos días, ya que Pura Vida no abrió sus puertas este fin de semana. Al parecer, no por coacción policial de ningún tipo, sino por la presión de su propios trabajadores, conmocionados por lo sucedido a sus compañeros y temerosos de correr la misma suerte. Los deportados se contaban entre los recién llegados a la empresa, en algunos casos con apenas semanas o meses dando clases.La empresa ha declinado pronunciarse, mientras que los afectados “no hablarán antes de estar sanos y salvos en casa” “La legislación te obliga a tener varios tailandeses por cada extranjero. Pero luego en privado reconocen la realidad de que, por ejemplo, en este ramo, no había especialistas locales, aunque empiece a haberlos. Mucho menos en temporada alta”, confiesa un empresario. Sea como sea, hace cuarenta días, el gobierno en Bangkok aprobó reglas mucho más claras y expeditivas para proceder a deportaciones en varios supuestos. Empezando por la vulneración de la legislación laboral, con multas entre 130 y 1.300 euros por trabajador irregular (y el doble para la empresa), más dos años de veto. Algo que ya se está notando. Aunque la salida poco ceremoniosa de Tailandia podría tener tanto de deportación como de acuerdo pactado para evitar cargos y una estancia todavía más prolongada en el calabozo, mientras distintos departamentos reúnen pruebas. La empresa ha declinado pronunciarse, mientras que los afectados “no hablarán antes de estar sanos y salvos en casa”, según un buen conocedor del sector y de la isla. Jordi Joan Baños (Sabadell, 1971) es corresponsal de La Vanguardia en Bangkok. Previamente ha sido corresponsal del diario en Lisboa, Nueva Delhi y Estambul.