Los diez procesados por el caso de un call center de Quito que supuestamente se usaba para enviar mensajes amenazantes a ciudadanos ahora enfrentan cargos por presunta asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión. Este sábado, 22 de agosto, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.El delito de asociación ilícita, establecido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla una pena de tres a cinco años de prisión cuando dos o más personas se asocian para cometer delitos sancionados con menos de cinco años.PublicidadEn cuanto a la extorsión, el artículo 185 establece una pena de tres a cinco años para quien, mediante violencia o intimidación, obligue a otra persona a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio.Así habría operado ‘call center’ de Quito para extorsionar a usuarios de aplicaciones de crédito en el país y a nivel internacionalSin embargo, la pena por extorsión puede subir de cinco a siete años cuando existen determinadas circunstancias agravantes, entre ellas amenazas de muerte, lesiones, secuestro o cuando el delito se comete desde el extranjero o un centro de privación de libertad.En octubre pasado, un total de 31 personas fueron sentenciadas por participar en actividades de carácter extorsivo desde otra empresa que figuraba como call center en el norte de Quito. PublicidadPublicidadEl proceso se llevó adelante por el delito de asociación ilícita. Ellas se acogieron al procedimiento abreviado al reconocer su participación en los hechos. Por ello, recibieron una sentencia de entre 12 y 18 meses de prisión.¿De qué acusan a los diez procesados?Según la Fiscalía General del Estado, los procesados habrían integrado una estructura que utilizaba un call center para realizar cobranzas mediante presuntos actos intimidatorios.Durante la audiencia, la Fiscalía presentó las versiones de 26 trabajadores de la empresa. Según esos testimonios, los líderes entregaban bases de datos a los operadores, quienes debían realizar alrededor de 120 llamadas diarias para gestionar el cobro de préstamos.Los trabajadores también señalaron que quienes no alcanzaban las metas podían recibir multas que afectaban sus ingresos. La remuneración mencionada durante la investigación era de $ 470 mensuales.La Fiscalía además individualizó los presuntos roles dentro de la estructura. PublicidadUn ciudadano de nacionalidad china, identificado como Yang X., habría dirigido el grupo y asignado funciones de líderes, auditores, contadores y operadores telefónicos.Diez detenidos en Quito tras descubrir un supuesto ‘call center’ que habría sido usado para extorsiones a nivel internacionalLas amenazas iban más allá de las llamadasSegún las versiones recogidas por la Fiscalía, los operadores utilizaban plantillas digitales editables para elaborar falsos “boletines de búsqueda” con fotografías de personas que mantenían deudas con aplicaciones de préstamos.Los montajes, de acuerdo con los testimonios, incluían acusaciones de delitos graves como pedofilia, violación, secuestro de niños, estafa y robo. La finalidad habría sido presionar a los deudores para que pagaran los créditos.Las imágenes podían enviarse a contactos de las personas afectadas mediante WhatsApp, Telegram, Facebook y mensajes de texto. De acuerdo con la investigación, los operadores disponían de información de contacto obtenida de los dispositivos utilizados por los clientes de las aplicaciones.¿Cómo funcionaba el supuesto esquema?La investigación señala que la empresa ofrecía préstamos a personas de México, Colombia, Perú y Chile mediante una aplicación digital.Para acceder a los créditos, los usuarios debían proporcionar datos personales y una fotografía de su rostro. Cuando registraban retrasos en los pagos, las llamadas de cobranza presuntamente aumentaban.Según los elementos expuestos en la audiencia, los operadores recurrían entonces a amenazas y montajes digitales para presionar a los usuarios. La Fiscalía también incorporó como elementos de convicción una inspección ocular técnica, las versiones de los agentes aprehensores y los documentos encontrados en la oficina de Yang X.Entre esos documentos constarían capturas de pantalla de conversaciones presuntamente extorsivas, que ahora forman parte de la investigación.El operativo en el norte de QuitoLos diez procesados fueron aprehendidos durante un operativo ejecutado el pasado 21 de agosto en un edificio del norte de Quito, donde funcionaba este call center.Durante el procedimiento, las autoridades levantaron 172 computadores y 66 teléfonos celulares, que ingresaron como indicios dentro de la investigación.La audiencia de procedimiento directo quedó fijada para el próximo 14 de septiembre a las 13:30. La instrucción fiscal tendrá una duración de 20 días. (I)