Por Suhelis Tejero Puntes / CONNECTAS*
En enero, el entonces electo presidente de Chile, José Antonio Kast, aterrizó en un helicóptero en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador. Antes de recorrer los pabellones de la megacárcel, aseguró que su país necesitaba “importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”. Y dicho y hecho, meses más tarde, ya en el poder, trasladó 400 reclusos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna.
Aunque no es nueva —funciona desde hace un año— ni es en realidad una megacárcel, Kast presentó una puesta en escena muy similar a la protagonizada por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele en 2023, cuando estrenó el Cecot. Allí estaban, como entonces, cientos de presos organizados en filas, sentados en el piso con las manos hacia adelante y las cabezas agachadas.
Esa imagen ha resultado tan poderosa que en tres años los presidentes de Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Panamá y Guatemala han prometido una megacárcel como parte de su política para luchar contra el crimen. Todos quieren replicar el éxito logrado por la “mano dura” con la que Bukele logró bajar la tasa de homicidios de El Salvador desde 54 por cada 100.000 habitantes en 2019, hasta apenas 1,9 en 2024, el nivel más bajo en tres décadas.
