Uno de los planes más ambiciosos de Poder Ejecutivo es la transformación global de la Justicia en la Argentina: no solo se trata de saldar una deuda que transitó toda la democracia argentina, la falta de jueces federales, sino de un proyecto que puede incidir en la institucionalidad: una nuevo esquema que incide sobre todo el poder judicial de la Nación. Cambios estructurales que formulan una nueva alternativa de poder. Mientras la letra del nuevo Código Penal sigue trabada, el verdadero terremoto institucional avanza en silencio: una reforma judicial que promete achicar Comodoro Py, reducir la Cámara Federal de Casación y redistribuir el poder territorial de los juzgados electorales a un año de las presidenciales. No es un dato técnico. Es la reedición, con otros protagonistas, de una disputa tan vieja como la política argentina: quién controla el aparato que decide qué causas avanzan y cuáles se archivan. El caso del Código Penal es revelador porque funciona como espejo anticipado de lo que puede pasar con la reforma judicial. Un borrador de 912 artículos elaborado por juristas de peso fue frenado por el propio ministro Mahiques, reescrito en una versión más módica de trescientos artículos y luego bloqueada por Legal y Técnica, en la órbita de Santiago Caputo, que exige una refundación completa. El resultado no es una discusión jurídica sino una puja de poder entre dos derechas: la institucional, que negocia con jueces y cámaras, y la asesora, que responde a una lógica más cercana al control político directo. La reforma judicial corre el riesgo de atravesar el mismo cuello de botella, y en el oficialismo ya circula la sospecha de que la historia se repita.
Más que nuevos jueces: el Gobierno quiere cambios
Uno de los planes más ambiciosos de Poder Ejecutivo es la transformación global de la Justicia en la Argentina: no solo se trata de saldar una deuda que transitó toda la democracia argentina, la falta de jueces federales, sino de un proyecto que puede incidir en la institucionalidad: una nuevo esquema que incide sobre todo el poder judicial de la Nación. Cambios estructurales que formulan una nueva alternativa de poder. Mientras la letra del nuevo Código Penal sigue trabada, el verdadero terremoto institucional avanza en silencio: una reforma judicial que promete achicar Comodoro Py, reducir la Cámara Federal de Casación y redistribuir el poder territorial de los juzgados electorales a un año de las presidenciales. No es un dato técnico. Es la reedición, con otros protagonistas, de una disputa tan vieja como la política argentina: quién controla el aparato que decide qué causas avanzan y cuáles se archivan. El caso del Código Penal es revelador porque funciona como espejo anticipado de lo que puede pasar con la reforma judicial. Un borrador de 912 artículos elaborado por juristas de peso fue frenado por el propio ministro Mahiques, reescrito en una versión más módica de trescientos artículos y luego bloqueada por Legal y Técnica, en la órbita de Santiago Caputo, que exige una refundación completa. El resultado no es una discusión jurídica sino una puja de poder entre dos derechas: la institucional, que negocia con jueces y cámaras, y la asesora, que responde a una lógica más cercana al control político directo. La reforma judicial corre el riesgo de atravesar el mismo cuello de botella, y en el oficialismo ya circula la sospecha de que la historia se repita.
