EditorialEsta tiene que ser impecable, con una gerencia, ya asignada, que debe ser participativa.22.08.2026 20:38 Actualizado: 22.08.2026 23:15 Transcurridos casi 15 días del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, su dimensión sigue haciéndose más clara, e inclusive más impresionante, a medida que avanzan los censos y las evaluaciones sobre el terreno; 329 muertos y 4.600 heridos, 247 desaparecidos, 33.374 viviendas destruidas, entre otras cifras, dicen mucho. Y son un gran reto. La extensión territorial de la emergencia es también elocuente: son 16 los departamentos cobijados por las medidas extraordinarias adoptadas esta semana mediante una declaratoria de emergencia económica para enfrentar sus consecuencias.Este diagnóstico conduce a una conclusión ineludible: la realidad del país y, con ella, las prioridades del Gobierno cambiaron apenas tres días después de la posesión de Abelardo De La Espriella y le plantean grandes desafíos. La reconstrucción es prioritaria, claro, pero no significa que pueda convertirse en el único norte del Ejecutivo. Porque la crisis fiscal continúa allí, como también la delicadísima situación del sistema de salud y los graves retos en materia de seguridad, por no hablar de lo que acarrea el llamado super-Niño con sus graves incendios, como los vistos esta semana en Tolima y Cundinamarca, además del bajo nivel de los embalses, que podría causar racionamientos.La referida emergencia económica era lo que procedía ante la magnitud de lo ocurrido. Falta, sin embargo, conocer cómo se desarrollará mediante nuevos decretos y otras disposiciones. A su vez, fue nombrado el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe como cabeza del Fondo Milagro. Una tarea de semejante tamaño necesita capacidad ejecutiva y enlaces regionales con suficiente autoridad. Este último punto es especialmente importante por la dimensión territorial de esta calamidad. Como hay experiencia acumulada, vincular a los privados, tal y como se hizo con el Forec a comienzos de este siglo, es muy necesario.A propósito del sector privado, es justo en este punto reconocer y aplaudir la solidaridad de los empresarios y las compañías del país, que han donado más de 2 billones de pesos para la emergencia y la reconstrucción. En ese propósito, hay que mencionar los destacados aportes que a título personal han efectuado Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez; Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski; David Vélez y la familia Santo Domingo, entre otros.Debe mencionarse otra circunstancia que exige desde ahora tomar todas las precauciones: el próximo año habrá elecciones regionales. La reconstrucción tendrá que ser eficaz, sin puertas abiertas para quienes pretendan instrumentalizar la tragedia y las necesidades de los damnificados con propósitos electorales. El sufrimiento no puede convertirse en escenario para disputas políticas mezquinas.Así mismo, el control político, la vigilancia institucional y el escrutinio público serán indispensables. Es una obligación de los encargados de la reconstrucción mostrar con transparencia el destino de cada peso. La magnitud de las inversiones que demandará la reconstrucción obliga a la Contraloría, la Procuraduría y Fiscalía a ejercer una vigilancia rigurosa y oportuna.El país, que ha visto la solidaridad en las calles y grandes donaciones de empresarios, debe conocer los detalles de una hoja de ruta que establezca prioridades, recursos, mecanismos de participación, controles y plazosParecería casi odioso recalcarlo. Pero la situación excepcional planteada por la emergencia que acelera la contratación también aumenta la codicia de los corruptos que viven al acecho del erario. Acierta el Presidente cuando dice que será implacable con quien pretenda aprovecharse irregularmente de esos recursos. Para eso será necesario crear mecanismos claros, apoyados en la tecnología, que faciliten la veeduría pública.La reconstrucción tiene que hacerse en clave participativa. Esta tragedia puede convertirse, dentro de todo el dolor que ha causado, en una oportunidad para vincular a las comunidades a la construcción de un futuro mejor, en especial en aquellas regiones olvidadas como el Chocó. Participación, sin embargo, no significa relativizar los criterios técnicos. Como señalamos esta semana, esto resulta especialmente importante en materia de ingeniería. La actualización de la norma de sismorresistencia debe ser una prioridad. Reconstruir debe significar hacerlo mejor y con mayor seguridad.Le corresponde ahora al Gobierno incorporar estos principios y avanzar con rapidez. Con todo lo complejo que es, el país, que ha visto la solidaridad en las calles y las donaciones ya mencionadas, debe conocer los detalles de una hoja de ruta que establezca prioridades, recursos, mecanismos de participación, controles y plazos. La tragedia del 10 de agosto alteró el comienzo de este cuatrienio. Pero la manera como el Estado responda, reconstruya y acompañe a millones de colombianos marcará buena parte de los próximos años y será uno de los criterios con los que la historia termine juzgando a este gobierno.EDITORIALeditorial@eltiempo.com Sigue toda la información de Opinión en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. BOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.EL TIEMPO GOOGLE NEWSSíguenos en GOOGLE NEWS. 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