AnálisisLas plataformas de pago a plazos pueden ampliar el acceso al financiamiento, pero también pueden fragmentar la información sobre las deudas.Frente a un préstamo informal con altos costos y escasas garantías, un crédito digital con contrato puede ser un avance y permitir afrontar un gasto necesario. Foto: iStock22.08.2026 22:01 Actualizado: 22.08.2026 22:01
Una persona llega al final de una compra por internet y encuentra, junto a las opciones de pagar con tarjeta o transferencia, un botón que le permite llevarse el producto y pagar en varias cuotas. La aprobación tarda pocos minutos, no requiere tarjeta de crédito y no cobra intereses. Parece otra forma de pago, una muy atractiva, pero detrás hay un crédito. Este modelo se conoce como “compre ahora, pague después” o “Buy Now, Pay Later” (BNPL). No es un producto único, incluye desde planes cortos de cuatro meses sin intereses hasta créditos de varios meses con intereses y otros cobros. LEA TAMBIÉN Aunque la etiqueta ha empezado a extenderse a préstamos más largos y con intereses, su núcleo sigue siendo el crédito corto incorporado a la compra y, con frecuencia, gratuito para quien paga a tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, los planes tradicionales de cuatro pagos representaron cerca de la mitad de las colocaciones de BNPL en 2025 y más del 60 % de la financiación se realiza a tasa cero.El modelo ha crecido con rapidez. El valor de las compras en línea pagadas mediante BNPL en el mundo pasó de US$ 2.300 millones en 2014 a US$ 342.000 millones en 2024, un aumento de alrededor de 150 veces.A Colombia también llegó, algunas fintech como Addi y Sistecrédito lo ofrecen en tiendas físicas y virtuales. Por ejemplo, en 2023, Sistecrédito promovía pagos en cuatro cuotas sin intereses, con aprobación digital en treinta segundos y una tasa de aprobación del 75 %. Bancos tradicionales también lo ofrecen, con opciones de compra en cuatro cuotas mensuales a 0 % de interés.Un negocio atractivoEn la operación intervienen tres partes. El comercio realiza la venta, el comprador adquiere la deuda y el proveedor de BNPL evalúa al cliente y, generalmente, paga al comercio descontando una comisión y cobra las cuotas al comprador. LEA TAMBIÉN Para los comercios, hay una ventaja evidente, el precio completo deja de ser una barrera inmediata y reciben el pago sin esperar a que termine el plazo, al trasladar al proveedor de BNPL el riesgo de incumplimiento. Una investigación del NBER encontró un aumento del 20 % en las ventas en línea, impulsado principalmente por clientes con menor calidad crediticia. También les permite aplicar una discriminación de precios y ampliar su base de clientes.Para los consumidores, se reduce el “dolor de pagar”, pues reciben el producto de inmediato pero en el momento de decidir solo ven una fracción del precio total. Esto puede hacer más manejable una compra necesaria, pero también puede disminuir la percepción real del gasto y estimular consumos que probablemente no se realizarían si fuera necesario pagar todo de contado. De hecho, un estudio encontró un aumento del 6,42 % en el gasto en línea de los consumidores que adoptan BNPL frente a quienes usan medios de pago tradicionales.Los proveedores de BNPL reciben principalmente las comisiones cobradas a los comercios por su servicio y los intereses o cargos por mora en caso de incumplimiento por parte de los consumidores. Como referencia internacional, los proveedores cobran a los comercios comisiones cercanas al 3 % - 6 % del valor de la compra, que estos aceptan porque esperan aumentar las ventas y trasladar el riesgo crediticio. LEA TAMBIÉN SobreendeudamientoUno de los argumentos a favor de este tipo de instrumentos es que podrían incrementar la inclusión financiera. En Colombia, según la Banca de las Oportunidades, el 96,3 % de los adultos tenía al menos un producto financiero al cierre de 2024, pero apenas el 35,5 % contaba con crédito dentro del sistema financiero. Al sumar la financiación otorgada por empresas de comercio, de telefonía y otros actores formales no financieros, la cobertura aumentó al 50,5 %. La brecha entre tener una cuenta y acceder a un préstamo sigue siendo enorme.En ese vacío prosperan innovaciones útiles, pero también alternativas más costosas. Según Anif y Colombia Fintech, el 37,3 % de los hogares y el 55 % de las empresas en el país recurren a crédito informal. Hoy, cerca del 36 % de los negocios con menos de nueve empleados en las principales ciudades del país que solicitan crédito acuden a prestamistas “gota a gota”. Una demanda importante que la banca tradicional no logra satisfacer.Frente a un préstamo informal con costos desmesurados y escasas garantías, un crédito digital con contrato, trazabilidad y canales de reclamación puede ser un avance. Además, permite financiar una compra puntual sin asumir la cuota de manejo de una tarjeta y puede ayudar a construir un historial crediticio cuando la información se reporta adecuadamente. LEA TAMBIÉN Sin embargo, aunque un crédito puede permitir afrontar un gasto necesario o suavizar una dificultad temporal, también puede facilitar una compra impulsiva que el hogar no puede pagar, como señala el Banco Interamericano de Desarrollo. El riesgo es mayor cuando estos productos son más demandados por personas con vulnerabilidad financiera. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 58 % de los usuarios dijo en 2024 que BNPL era la única forma de costear la compra; entre quienes tenían ingresos inferiores a US$ 50.000 anuales, la proporción fue del 72 %. Según el Banco de Pagos Internacionales, sus usuarios también tienden a ser más jóvenes, a tener menor nivel de educación y puntaje crediticio, a soportar más deuda y a tener una mayor probabilidad de mora que quienes recurren al crédito tradicional.El riesgo no está solo en un crédito, sino en acumular varios. Una persona puede abrir créditos pequeños en varias plataformas a la vez. Si la información no se reporta de manera completa y oportuna, otros prestamistas tampoco contemplan su carga financiera en su totalidad. A esto se le llama loan stacking, acumular deudas que por separado parecen manejables, pero en conjunto no lo son.Por eso, el reporte y el seguimiento de estas obligaciones son fundamentales. El problema es que los proveedores de BNPL no siempre están sujetos a las mismas exigencias. Algunos forman parte del sistema financiero vigilado por la Superintendencia Financiera; otros financian las compras con recursos propios y no están sujetos a las mismas reglas prudenciales ni, necesariamente, a los mismos estándares de reporte. Esto dificulta construir una visión completa del endeudamiento de los hogares y evaluar la calidad de estos créditos. LEA TAMBIÉN Este año, el Banco de la República analizó, por primera vez, el endeudamiento de los hogares con entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera. A marzo, la deuda sumaba $ 424,2 billones: el 17 % estaba en entidades no vigiladas. Dentro de este universo, la cartera de las fintech era todavía pequeña: $ 2,27 billones, pero crecía al 68 % real anual. No toda esa cartera corresponde a “compre ahora, pague después” (BNPL), pero la velocidad del crecimiento y la dificultad para separar públicamente cada producto muestran la necesidad de mejorar la información disponible y estandarizar el reporte de las obligaciones.Reglas dispersasColombia no parte de cero. La Ley 1480 de 2011 y el Decreto 1368 de 2014 regulan las operaciones de financiación ofrecidas por empresas que no cuentan con una autoridad financiera especial, y establecen deberes de información y de protección al consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio también tiene competencias sobre protección del consumidor y tratamiento de datos.La dificultad radica en que la supervisión depende del tipo de proveedor. Cuando una empresa presta recursos propios y no capta ahorro del público, no requiere autorización de la Superintendencia Financiera, a diferencia de un banco. En ese caso, solo queda sometida a las reglas generales de consumo que vigila la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no necesariamente a exigencias prudenciales de capital, liquidez y gestión de cartera. Otras empresas sí ingresan al sistema vigilado. Addi, por ejemplo, fue autorizada en marzo de 2026 para funcionar como compañía de financiamiento. El mercado no está desregulado por completo, pero la supervisión es fragmentada y heterogénea.Otros países han optado por reconocer expresamente que estos productos constituyen crédito, lo que simplifica y facilita su vigilancia. Desde el 15 de julio de 2026, el Reino Unido exige información clara, verificaciones proporcionales de la capacidad de pago y apoyo a quienes enfrentan dificultades. La Unión Europea incluyó estos esquemas en su nueva directiva sobre crédito al consumo, que entrará en vigor en noviembre de 2026. Es importante, entonces, aplicar protecciones equivalentes a instrumentos que cumplen funciones similares, y los BNPL en principio funcionan como créditos, así no se publiciten de esta manera. LEA TAMBIÉN ¿Importa esta discusión para Colombia? Sí. “Compre ahora, pague después” se vuelve cada vez más común, viene creciendo en el mundo y también en el país. Bien encauzado, puede ayudar a que más personas construyan su historial crediticio, les dé margen para enfrentar un gasto inesperado e incluso ofrecer una alternativa frente a mecanismos informales como el ‘gota a gota’ o las casas de empeño. Pero si se deja crecer sin suficiente información y control, puede terminar en lo contrario: acumular pequeñas deudas hasta volverlas impagables y trasladar las mayores pérdidas a los hogares con menor capacidad para absorberlas, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero.No se trata, entonces, de escoger entre dejar que el mercado avance a ciegas o someter una compra pequeña a los mismos trámites y estándares que un crédito bancario tradicional. Las reglas deben ser proporcionales al monto, al plazo, al costo y al tamaño del proveedor. Deben partir de la sinceridad del instrumento, reconociendo que cuando una empresa permite comprar hoy con el compromiso de pagar después, otorga crédito.TransparenciaEsto exige, por lo menos, cinco cosas. Primero, que el cliente conozca, antes de aceptar la compra, cuánto terminará pagando, cuál es la tasa efectiva anual y qué otros cobros pueden aparecer. Segundo, que se verifique la capacidad de pago mediante procedimientos sencillos para operaciones pequeñas. Tercero, que las obligaciones sean reportadas de manera estandarizada a las centrales de riesgo. Cuarto, que existan reglas claras sobre retractos, devoluciones y cobro. Y quinto, que los proveedores entreguen información periódica y asuman mayores exigencias en gestión de riesgos y reservas.Buena parte de estas exigencias ya está prevista en la regulación colombiana, pero, como se mencionó, se aplican de manera desigual según quién ofrezca el producto.La principal obligación de este mercado debe ser la transparencia. La inclusión financiera va más allá de facilitar que más personas se endeuden. Consiste en que puedan acceder a recursos útiles, en condiciones que comprendan y sin comprometer la estabilidad de sus hogares. Bien diseñado, “compre ahora, pague después” puede ser un puente hacia el crédito formal. Mal diseñado, puede convertirse en una versión digital, más amable en apariencia, pero igualmente riesgosa, del crédito informal.AMY BAQUERO (*) Y SEBASTIÁN SANDOVAL (**)Razón Pública (***)(*) Economista y magíster en Economía de la Universidad Nacional y Magíster en Gobernanza, Políticas Públicas, y Desarrollo del Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex.(**) Economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Candidato a doctor (PhD) en Planeación Financiera de la University of Georgia.(***) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.










