Rodrigo Arenas, presidente editor de República GT, denunció un plan para atentar contra su vida y la de su equipo editorial en Guatemala.República GT afirmó que denunció ante el Ministerio Público de Guatemala un presunto contrato de sicariato contra su director Rodrigo Arenas desde el 14 de agosto, pero la disputa escaló cuando dos de los señalados aseguraron que ese expediente no existe y el exembajador Julio Ligorria advirtió que el Estado no puede dejar a los periodistas como primera línea frente al narcotráfico.El viernes 21, el precandidato presidencial Roberto Arzú fue a la sede de la fiscalía con sus abogados para pedir información sobre la supuesta denuncia. Su respuesta, según República GT, fue tajante: “Me he presentado al Ministerio Público con mis abogados para solicitar información sobre la supuesta denuncia presentada en mi contra y, oh sorpresa, no me dieron nada, porque no hay ninguna denuncia en mi contra”.PUBLICIDADEl diputado Luis Aguirre sostuvo una versión similar, aunque avanzó un paso más. Informó que ya presentó una contrademanda contra el portal y contra Arenas, identificada con el número MPE01-2026-57627, y ofreció como respaldo las grabaciones de las cámaras de seguridad de La Yeguada 10 y el polígrafo de sus empleados.La controversia comenzó el 13 de agosto, cuando Arenas denunció públicamente un plan para atentar contra su vida y la de su equipo editorial. Cuatro días después, el medio precisó los nombres de los supuestos involucrados y señaló a Arzú como presunto autor intelectual, con apoyo del presidente del Congreso de la República Luis Alberto Contreras Colindres y la participación de los diputados Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión.PUBLICIDADSegún la publicación, las reuniones se habrían celebrado en La Yeguada 10, un local que atribuye a Aguirre. A esos encuentros también habrían asistido “capos del narcotráfico” del área de Malacatán, en el departamento de San Marcos.Políticos y diputados de Guatemala anunciaron denuncias penales contra República GT por acusarlos de planear el asesinato de Rodrigo Arenas.En medio de ese cruce, Julio Ligorria, exembajador guatemalteco ante Estados Unidos entre 2013 y 2015, publicó una columna en el mismo portal y trasladó la discusión hacia el rol del Estado. Su planteo fue que la prensa puede exponer estructuras criminales, pero no tiene ni los recursos ni las facultades para enfrentarlas.Ligorría escribió: “La prensa puede contribuir a descubrir esas estructuras, pero no posee los recursos ni las facultades para combatirlas”. También reclamó protección estatal para quienes investigan al crimen organizado y pidió fortalecer la alianza con Estados Unidos para desarrollar una estrategia conjunta de inteligencia y fortalecimiento institucional.PUBLICIDADEl exdiplomático cerró su texto con otra definición sobre la función de los medios: “El papel de los medios consiste en investigar, revelar información y mantener informada a la ciudadanía”. Añadió que Guatemala no debe repetir el modelo en el que países centroamericanos “terminaron poniendo el territorio y las víctimas” de confrontaciones definidas por actores externos.Exembajador Julio Ligorria advirtió que el Estado no puede dejar a los periodistas como primera línea frente al narcotráfico (Redes Sociales)El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, calificó de “sicópata” y “enajenado mental” a Rodrigo Arenas, director de República GT, tras ser vinculado por este medio de comunicación con la narcopolítica y con un supuesto complot para asesinarlo.PUBLICIDADLa disputa pública escaló luego de que Arenas denunciara amenazas contra su vida y la de su equipo editorial, responsabilizando a políticos y financistas ligados al crimen organizado.Contreras fue uno de los políticos incluido en la lista de varios diputados y un excandidato presidencia que, según República GT, conspiraban un plan para asesinarlo, con el apoyo de capos del narco de San Marcos.Arzú anunció además que sus abogados presentarán denuncias penales en Guatemala y en Estados Unidos contra Arenas por calumnia y difamación. Esa respuesta elevó el conflicto desde una denuncia por una amenaza criminal a una ofensiva judicial en dos países.PUBLICIDAD