Tres días después de que un terremoto de magnitud 7,4 devastara buena parte del occidente de Colombia, la angustia de las familias empezó a convertirse en denuncia. En Cali, a las afueras del Hospital Universitario del Valle, un grupo de personas reclamaba que el centro médico hubiera concluido la búsqueda tan pronto como se cumplieron las 72 horas de la llamada “ventana de vida”. En Pereira, 200 kilómetros al norte de allí, varios voluntarios denunciaban que la maquinaria pesada estaba a punto de demoler puntos donde, aseguraban, había señales de vida. Las autoridades de ambas ciudades han asegurado que la búsqueda solo cesó en lugares en los que no había posibilidades de encontrar sobrevivientes. Pero las familias, aferradas a un milagro, no han dejado de levantar su voz por lo que consideran una grave negligencia. En Cali, en el edificio Cantabria del barrio Nueva Tequendama, hubo señales de vida hasta el jueves 13 de agosto. Ese día se cumplieron las 72 horas y las autoridades empezaron a apartar a rescatistas voluntarios para que entraran cuerpos oficiales a la zona. Aunque los bomberos de Cali defendieron priorizar el trabajo técnico, para Elizabeth Bernal, una voluntaria que acompañó a las familias durante toda la semana, había una contradicción: denuncia que ese día entró maquinaria pesada, tecnología de punta y equipos preparados que, lejos de agilizar el proceso, lo obstruyeron. “Metieron drones, sonidistas, cámaras de calor y un equipo del USAR, los bomberos y la Defensa Civil. Hicieron evaluaciones, análisis, y a las tres de la tarde, cuando supuestamente iban a empezar la operación, se pusieron todos a pelear arriba porque querían tener la voz de mando”, cuenta. Allí estaban atrapadas María Isabel Suárez Narváez, de 68 años, y Victoria Eugenia Perea Pérez, de 54. Sus cuerpos fueron extraídos el sábado, seis días después del siniestro, luego de ruegos y reclamos de sus seres queridos por una tardanza que, dicen, impidió sacarlas con vida. “El tiempo que se perdió fue muy valioso porque ese día [jueves] ellas seguían con vida. Era el momento de moverlo todo para sacarlas, pero no se avanzó nada porque los expertos nunca lograron ponerse de acuerdo ”, dice con resignación Bernal. El lunes, en una sala de velación de la ciudad, sus ataúdes lucían un casco amarillo. “Voluntarios, con amor”, se leía en cada uno de ellos. Lo entregaron los rescatistas, casi como si fuese un ramo fúnebre, como muestra de solidaridad con las familias a quienes, ellos dicen, “no les cumplieron”. En el Hospital Universitario del Valle, también en Cali, la denuncia tomó otra forma. El día de la emergencia, el teléfono de Héctor Asdrúbal Jaramillo, un paciente hospitalizado, sonó dos veces después del terremoto. La primera, el lunes a las 4.36 de la tarde. Alguien contestó, pero no escuchó nada porque Jaramillo, por un procedimiento médico, no podía hablar. Fueron siete segundos de silencio. Cuarenta y ocho minutos después, volvió a sonar y otra vez contestaron. De nuevo el silencio, esta vez de seis segundos. Sus hijas guardan las capturas de pantalla de esas dos llamadas como quien custodia una prueba. Para ellas, esos segundos de silencio al otro lado de la línea significaban una sola cosa: su padre seguía vivo, en algún lugar bajo los escombros del hospital.Daniela Jaramillo en el Hospital Universitario del Valle en Cali, el 14 de agosto.NATHALIA ANGARITADaniela Jaramillo muestra los últimos mensajes de whatsApp enviados a su padre, paciente atrapado en los escombros del Hospital Universitario del Valle.NATHALIA ANGARITAUn grupo de voluntarios trabajan en las ruinas de un edificio colapsado, en Pereira.Chelo CamachoUn grupo de personas pide silencio en la búsqueda de víctimas, en un hotel en Pereira.Chelo CamachoDos días después, el miércoles, su WhatsApp indicaba que la última conexión había sido a las 8.32 de la mañana. Ese día no lograron sacarlo; por el contrario, el Hospital emitió un comunicado público en el que anunciaba que cesaban la búsqueda de supervivientes. Desde entonces, las familias comenzaron una protesta pacífica a las afueras del centro médico para pedir que se mantuvieran los rescates. Por el hospital pasaron el alcalde Alejandro Éder y la gobernadora Dilian Francisca Toro, y el viernes llegó incluso el presidente Abelardo de la Espriella. Ninguno se acercó a los familiares que, a una cuadra de allí, protestaban.El riesgo en la zona era conocido. En 2002, un estudio de la Universidad del Valle puso bajo la lupa en el edificio principal del HUV, que ya había sido señalado como vulnerable en evaluaciones realizadas en 1992 y 1994. El diagnóstico del estudio fue contundente: “La estructura actual no cumple con los requisitos de resistencia, rigidez y ductilidad” establecidos por las normas sismorresistentes. La fecha límite para ejecutar las intervenciones era 2006.Por esos mismos días, en Pereira se vivieron denuncias similares. Aunque los organismos de socorro habían cerrado los rescates en varios puntos de la ciudad, el sábado 15 de agosto, casi a medianoche, una retroexcavadora intentó llegar al colapsado hotel Dibeni. Ese sábado, los rescatistas y voluntarios aseguraban haber oído sonidos desde el interior de los escombros que, según ellos, podían corresponder a una mujer con vida. El cuerpo de bomberos de Pereira, sin embargo, daba la certeza de que ya no había posibilidades de supervivencia. En esa edificación estaban desaparecidos Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 42, una pareja mexicana hospedada en la habitación 105.El abogado pereirano Freddy Humberto Cruz, que participaba en la búsqueda, denunció que agentes estatales retiraron a los voluntarios para dar paso a la máquina: “Estamos intentando salvar una vida, pero por órdenes gubernamentales no se ha permitido el acceso para rescatar a la persona que permanece atrapada”.La denuncia se trasladó a las redes sociales y la disputa se hizo más evidente. El cuerpo de bomberos les dio a los rescatistas voluntarios, que hablaban de una obstrucción a su labor, varios minutos para entrar y probar que aún había vida. No hubo señales, grabaciones ni evidencias técnicas suficientes. Los equipos de maquinaria pesada que entraron a algunas estructuras colapsadas no eran oficiales y, desde allí, han defendido que sus protocolos fueron los correctos. A nivel técnico, explica que la presencia masiva de personas en zonas de rescate puede ser perjudicial, tanto para las personas que están atrapadas como para los rescatistas. Desde el cuerpo de bomberos se opusieron, el 13 de agosto, al ingreso de maquinaria amarilla que dos empresarios de la ciudad ofrecieron como alternativa para la remoción de escombros: “Se cerró el paso a esas máquinas porque teníamos señales de vida y el ingreso de los carros podía generar un colapso mayor”, dice un integrante del cuerpo de bomberos. En medio de la emergencia, cientos de personas comenzaban a llegar por su cuenta a las zonas más afectadas, sin ningún tipo de coordinación ni control. Algunos voluntarios cavaban entre los escombros con las manos desnudas, gritando nombres, mientras a pocos metros otros aprovechaban la confusión para saquear las pertenencias de las familias que aún no lograban regresar. Se oían órdenes contradictorias de quienes decían representar a los organismos de socorro. Nadie parecía tener claro quién estaba a cargo, y en ese vacío de autoridad se colaban tanto la solidaridad más genuina como el oportunismo más cruel, todo ocurriendo al mismo tiempo, sin que nadie pudiera distinguir del todo quién ayudaba y quién se aprovechaba.