0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialUn juez federal de Nueva York ha anulado la orden de la administración Trump que suspendía la tramitación de visados para los ciudadanos de 75 países —entre ellos Afganistán, Irán, Rusia y Somalia—, cuyos nacionales, según la administración Trump, probablemente requerirían asistencia en Estados Unidos. La jueza de distrito Jeannette Vargas, nombrada por el expresidente Joe Biden, invalidó la medida el viernes por considerarla “contraria a la ley y exceder la autoridad legal”. La jueza dictaminó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus funciones al emitir dicha orden, que “contraviene” la Ley de Inmigración y Nacionalidad al ordenar “la denegación de visados a solicitantes elegibles sin fundamento legal alguno”.Vargas señaló que la política también socava el requisito del Congreso de situar a los funcionarios consulares como los principales responsables de cualquier decisión sobre visados. “El Congreso otorgó a estos funcionarios la autoridad y discrecionalidad exclusivas para determinar si un inmigrante reúne los requisitos para obtener un visado, basándose en la evaluación de criterios específicos y detallados establecidos en la ley”, escribió. “La política, que prohíbe categóricamente la emisión de visados de inmigrante basándose en la nacionalidad del solicitante, supone una anulación directa de este marco legal”, añadió. La medida fue impugnada por dos organizaciones sin ánimo de lucro y 11 particulares, entre ellos seis personas a cuyos familiares se les habían denegado los visados. Las otras cinco personas se encuentran fuera del país y habían presentado solicitudes de empleo para trasladarse a Estados Unidos. La orden dificultaba la entrada y permanencia en Estados Unidos de inmigrantes procedentes de decenas de países, afectando a cuestiones como el asilo, los permisos de trabajo, las tarjetas de residencia permanente (*green cards*) y las solicitudes de ciudadanía. La jueza afirmó que la política sumió las vidas de innumerables inmigrantes en un “limbo jurídico indefinido” y acusó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de ignorar la ley.”Celebramos este fallo porque, en esencia, este caso trata sobre mantener unidas a las familias”, declaró Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC —una organización nacional sin fines de lucro que ofrece capacitación, recursos y apoyo a una red de proveedores de servicios legales de inmigración y que figuró entre los demandantes—. “La doctrina social católica nos insta a defender la dignidad de cada persona y a reconocer a la familia como el pilar de la sociedad”, afirmó en un comunicado.“Esta decisión reafirma tanto esos valores como el Estado de derecho, permitiendo que las familias avancen nuevamente hacia la reunificación”. El presidente Donald Trump ha impuesto una lista creciente de restricciones migratorias y de viaje, dirigidas principalmente a personas provenientes de África, Asia y América Latina. El Departamento de Estado declaró el sábado que la administración Trump está “protegiendo al pueblo estadounidense mediante la aplicación de los más altos estándares de evaluación y escrutinio de los solicitantes de visas”, y añadió que no haría comentarios sobre litigios en curso. Cuando se emitió la política, el Departamento de Estado informó que había instruido a los funcionarios consulares para que suspendieran el procesamiento de solicitudes de visas de inmigrante provenientes de los 75 países afectados, en consonancia con una orden más amplia de noviembre que endurecía las normas para aquellos posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una “carga pública”. Basándose en datos del Consejo de Asesores Económicos, el Departamento de Estado señaló que más del 30 por ciento de los hogares con inmigrantes de estos países recibían algún tipo de asistencia pública. Un aviso independiente enviado a todas las embajadas y consulados de EE. UU. indicaba que los solicitantes de visas de no inmigrante también debían someterse a un escrutinio y evaluación exhaustivos para determinar si podrían intentar obtener beneficios públicos en Estados Unidos.