Durante los últimos 11 años, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) ha publicado el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, en el cual se documentan las muy diversas agresiones que sufren dichas personas por el hecho, justamente, de cuidar, proteger y conservar la flora, la fauna, los ecosistemas, así como la tierra y sus territorios. Tomando en cuenta que llevamos más de una década documentando dichas agresiones, es más que claro que en el país se mantiene una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural de México, situación que resulta por demás inaceptable.Se necesita urgentemente un México en el que existan las garantías efectivas de respeto y protección a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales ya que, lastimosamente, al día de hoy, no hay autoridad alguna que dé la cara y haga algo al respecto, lo cual resulta incomprensible. Y vuelvo a preguntar, como ya lo he hecho antes en este espacio: ¿Quién defiende a quien defiende el medio ambiente?El 4 de octubre del 2024, Alicia Bárcena Ibarra, al iniciar su gestión al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dio un mensaje de bienvenida a su equipo de trabajo en el que se refirió a las personas defensoras, estableciendo que son “gente que ha dado la vida para proteger el medio ambiente; son los que dan la vida por la vida y tienen nombre y apellido. El gobierno debe construir alianzas fuertes con la sociedad que tantas veces cumplen ese rol que debería de ser nuestro”. A casi dos años de esa declaración, vale la pena preguntarnos: ¿Esas alianzas están ya construidas y funcionando de manera efectiva?En el contexto regional, el Acuerdo de Escazú, del cual México es Parte, se centra en tres derechos de acceso: a la justicia ambiental, a la información ambiental y a la participación del público en la toma de las decisiones ambientales. Además, en su artículo 9, Escazú hace referencia específica a los defensores ambientales estableciendo que los Estados Parte: a) deben de garantizar un ambiente, un entorno propicio y seguro para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas, restricciones e inseguridad; b) deben de tomar medidas adecuadas y efectivas para proteger el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión, y c) deben prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas e intimidaciones que sufren los defensores.Tomando en consideración estas obligaciones del Estado mexicano, valdría la pena hacerse los siguientes cuestionamientos: ¿Quién en nuestro país, de manera preventiva, se asegura de que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo en ambientes seguros, donde nadie los agreda? ¿Quién se asegura de estar tomando las medidas adecuadas y efectivas para que no los asesinen? Vale la pena recordar que, entre el 2015 y el 2025, en México han sido asesinados 199 defensores ambientales y el Estado mexicano no dice ni pío. ¿Quién previene, investiga y sanciona los ataques y agresiones diversas que sufren estas personas y las comunidades a las que pertenecen? Lastimosamente, nada de esto sucede, lo cual, entre muchas otras repercusiones, implica impunidad y el que nuestro país este en incumplimiento con el artículo 9 de Escazú. Estamos, nuevamente, frente al caso donde México firma un tratado internacional, el cual se aprueba y ratifica en el Senado de la República, entra en vigor, lo fanfarroneamos, pero, al final del día, es letra muerta.Vale la pena recordar algunos datos reveladores del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México: los agentes perpetradores de las agresiones son, principalmente, el Estado (policías estatales y municipales, fiscalías estatales, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional), teniendo alguna participación en 76 eventos de agresión. Le sigue el sector privado, cuya participación en eventos de agresión ha ido aumentado en los últimos años, ascendiendo a 13 eventos de agresión. En tercer lugar, figura la delincuencia organizada con 12 casos. En 61 casos no fue posible identificar al agente perpetrador. Ello responde al hecho de que son agresiones perpetradas en el ámbito digital.¿Qué hace falta? Entre otras cosas, hay que: 1) Atajar la impunidad, pues ha habido una omisión y un silencio sepulcral del Estado ante las diversas agresiones. 2) Prohibir y sancionar prácticas de estigmatización y difamación en contra de personas, colectivos, organizaciones y comunidades defensoras. 3) Construir, implementar y supervisar una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales. 4) Fortalecer la coordinación institucional en el Mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos y dotarlo de recursos financieros y humanos suficientes. 5) Implementar en México de manera efectiva el Acuerdo de Escazú.¿Acaso algún día habrá la voluntad política suficiente y necesaria que se requiere para atender la tragedia por la que atraviesan las personas defensoras ambientales en nuestro país? ¿Habrá algún funcionario público que tendrá la sensibilidad que se requiere para implementar acciones, políticas, estrategias y medidas legislativas para darle prioridad a esta situación y para actuar en consecuencia? Se espera que así sea el caso, puesto que las personas defensoras ambientales la están pasando extremadamente mal en nuestro país sin que, hasta el momento, se haga algo desde el Estado mexicano para cuidarlos y protegerlos. ¿Será que el Estado no hace para defender a los defensores ya que es el principal perpetrador de las agresiones en su contra?Fundador y Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)Únete a nuestro canal
¿Qué hace el Estado por las personas defensoras del medio ambiente?, escribe Gustavo Alanís
Durante los últimos 11 años, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) ha publicado el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, en el cual se documentan las muy diversas agresiones que sufren dichas personas por el hecho, justamente, de cuidar, proteger y conservar la flora, la fauna, los ecosistemas, así como la tierra y sus territorios. Tomando en cuenta que llevamos más de una década documentando dichas agresiones, es más que claro que en el país se mantiene una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural de México, situación que resulta por demás inaceptable.Se necesita urgentemente un México en el que existan las garantías efectivas de respeto y protección a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales ya que, lastimosamente, al día de hoy, no hay autoridad alguna que dé la cara y haga algo al respecto, lo cual resulta incomprensible. Y vuelvo a preguntar, como ya lo he hecho antes en este espacio: ¿Quién defiende a quien defiende el medio ambiente?El 4 de octubre del 2024, Alicia Bárcena Ibarra, al iniciar su gestión al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dio un mensaje de bienvenida a su equipo de trabajo en el que se refirió a las personas defensoras, estableciendo que son “gente que ha dado la vida para proteger el medio ambiente; son los que dan la vida por la vida y tienen nombre y apellido. El gobierno debe construir alianzas fuertes con la sociedad que tantas veces cumplen ese rol que debería de ser nuestro”. A casi dos años de esa declaración, vale la pena preguntarnos: ¿Esas alianzas están ya construidas y funcionando de manera efectiva?En el contexto regional, el Acuerdo de Escazú, del cual México es Parte, se centra en tres derechos de acceso: a la justicia ambiental, a la información ambiental y a la participación del público en la toma de las decisiones ambientales. Además, en su artículo 9, Escazú hace referencia específica a los defensores ambientales estableciendo que los Estados Parte: a) deben de garantizar un ambiente, un entorno propicio y seguro para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas, restricciones e inseguridad; b) deben de tomar medidas adecuadas y efectivas para proteger el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión, y c) deben prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas e intimidaciones que sufren los defensores.Tomando en consideración estas obligaciones del Estado mexicano, valdría la pena hacerse los siguientes cuestionamientos: ¿Quién en nuestro país, de manera preventiva, se asegura de que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo en ambientes seguros, donde nadie los agreda? ¿Quién se asegura de estar tomando las medidas adecuadas y efectivas para que no los asesinen? Vale la pena recordar que, entre el 2015 y el 2025, en México han sido asesinados 199 defensores ambientales y el Estado mexicano no dice ni pío. ¿Quién previene, investiga y sanciona los ataques y agresiones diversas que sufren estas personas y las comunidades a las que pertenecen? Lastimosamente, nada de esto sucede, lo cual, entre muchas otras repercusiones, implica impunidad y el que nuestro país este en incumplimiento con el artículo 9 de Escazú. Estamos, nuevamente, frente al caso donde México firma un tratado internacional, el cual se aprueba y ratifica en el Senado de la República, entra en vigor, lo fanfarroneamos, pero, al final del día, es letra muerta.Vale la pena recordar algunos datos reveladores del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México: los agentes perpetradores de las agresiones son, principalmente, el Estado (policías estatales y municipales, fiscalías estatales, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional), teniendo alguna participación en 76 eventos de agresión. Le sigue el sector privado, cuya participación en eventos de agresión ha ido aumentado en los últimos años, ascendiendo a 13 eventos de agresión. En tercer lugar, figura la delincuencia organizada con 12 casos. En 61 casos no fue posible identificar al agente perpetrador. Ello responde al hecho de que son agresiones perpetradas en el ámbito digital.¿Qué hace falta? Entre otras cosas, hay que: 1) Atajar la impunidad, pues ha habido una omisión y un silencio sepulcral del Estado ante las diversas agresiones. 2) Prohibir y sancionar prácticas de estigmatización y difamación en contra de personas, colectivos, organizaciones y comunidades defensoras. 3) Construir, implementar y supervisar una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales. 4) Fortalecer la coordinación institucional en el Mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos y dotarlo de recursos financieros y humanos suficientes. 5) Implementar en México de manera efectiva el Acuerdo de Escazú.¿Acaso algún día habrá la voluntad política suficiente y necesaria que se requiere para atender la tragedia por la que atraviesan las personas defensoras ambientales en nuestro país? ¿Habrá algún funcionario público que tendrá la sensibilidad que se requiere para implementar acciones, políticas, estrategias y medidas legislativas para darle prioridad a esta situación y para actuar en consecuencia? Se espera que así sea el caso, puesto que las personas defensoras ambientales la están pasando extremadamente mal en nuestro país sin que, hasta el momento, se haga algo desde el Estado mexicano para cuidarlos y protegerlos. ¿Será que el Estado no hace para defender a los defensores ya que es el principal perpetrador de las agresiones en su contra?Fundador y Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)Únete a nuestro canal
