El pasado 11 de junio arrancó el Mundial de Futbol, una de las contiendas deportivas más importantes del mundo. Este es un Mundial de récords: es el de mayor participación de países, es el primero en que tres países son anfitriones y por primera vez un estadio —el de la Ciudad de México, antes Estadio Azteca— es por tercera vez sede de una inauguración. Sin embargo, en medio del festejo de muchos, colectivos de familiares que buscan a un ser querido desaparecido intentaron manifestar su dolor, su frustración, su reclamo y exigir más acciones de parte del Estado. Las madres, esposas, padres, hermanos e hijos de desaparecidos intentaron marchar en el contexto del arranque de la fiesta mundialista para ejercer presión sobre las autoridades de todo el país, autoridades que han prometido atención y apoyo al tema y que les han quedado a deber a las víctimas. Los colectivos exigen ser escuchados, atendidos y que el Estado ofrezca respuestas, una política pública sustentada en datos, suficientemente articulada, con los recursos suficientes y que esté centrada en las necesidades de las víctimas. Desde Palacio Nacional se desestimó el reclamo, se habló de complot e incluso la presidenta Sheinbaum bromeó con el hecho de que había más servidores públicos que manifestantes. En efecto, los 50 mil policías que supuestamente se desplegaron para impedir que los manifestantes se acercasen al Coloso de Santa Úrsula rebasaban por mucho a los familiares de las víctimas que se manifestaban. Si bien es entendible que el gobierno federal buscase el desarrollo de una inauguración tranquila y exitosa —dado que los ojos de todo el mundo están puestos en nuestro país—, resulta sorprendente la insensibilidad con la que se desestima la legítima protesta y se revictimiza a quien busca a un ser querido. Más aún cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Rodríguez, anunció que investigarán al movimiento y el origen de los recursos que les permitió acudir a la Ciudad de México a los manifestantes. Evidentemente para el gobierno federal es más importante invertir recursos en investigar a esas madres que lloraban e imploraban apoyo, en vez de poner esfuerzos y recursos en buscar a los desaparecidos, investigar a los responsables y combatir los fenómenos delictivos que permiten que dicha crisis crezca cada vez más. Pese a que desde la federación se presumen una y otra vez descensos marcados en delitos y violencia, la estadística oficial de desaparecidos narra otra historia, una donde el control territorial se encuentra en manos de grupos delictivos y no de la autoridad. En lo que va del año se han registrado 4,510 personas desaparecidas; con ello, de 1952 a la fecha se han registrado 134,969 desaparecidos, de los cuales 20,029 corresponden a la actual administración federal. Todo ello sin contar el enorme subregistro y cifra negra. Para que en cualquier país existan desapariciones de manera sistemática se requiere que en su territorio ocurran una serie de delitos violentos y que los grupos criminales actúen en la absoluta impunidad gracias a redes de relaciones corruptas con funcionarios de todos los niveles de gobierno. En México, las diversas autoridades insisten en que actúan con responsabilidad y que los ciudadanos pueden confiar y denunciar. En contraste, los casos de disuasión de la denuncia, amenazas y revictimización son el pan de cada día. Son pocas las instituciones que brindan un verdadero apoyo a las víctimas. Por ello el intento por llamar la atención sobre dicha crisis debe ser respetado y apoyado. Es absurdo que los ejecutivos federal y estatales desacrediten a quien exige que el Estado cumpla con su labor, como absurdo es que se tome como personal el legítimo reclamo. La semana pasada escribí sobre el retroceso que los mexicanos hemos sufrido en materia de libertad de expresión, el rechazo que existe desde el oficialismo hacia toda crítica y la persecución a todo crítico. Desacreditar a las madres y familiares buscadores y anunciar la investigación, con recursos federales, del origen del dinero que les permitió llegar a la capital a protestar es un clavo más al ataúd de la libertad de expresión en México. Espero que desde el gobierno federal se recapacite y se entienda que gastar el dinero de los mexicanos en investigar a quien protesta es un mal gasto, es signo de autoritarismo y que lo que sí deben hacer es usar nuestros recursos para buscar a los desaparecidos, investigar y sancionar a los delincuentes. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Mejor investigar a quien protesta respecto a las desapariciones, escribe Francisco Rivas
El pasado 11 de junio arrancó el Mundial de Futbol, una de las contiendas deportivas más importantes del mundo. Este es un Mundial de récords: es el de mayor participación de países, es el primero en que tres países son anfitriones y por primera vez un estadio —el de la Ciudad de México, antes Estadio Azteca— es por tercera vez sede de una inauguración. Sin embargo, en medio del festejo de muchos, colectivos de familiares que buscan a un ser querido desaparecido intentaron manifestar su dolor, su frustración, su reclamo y exigir más acciones de parte del Estado. Las madres, esposas, padres, hermanos e hijos de desaparecidos intentaron marchar en el contexto del arranque de la fiesta mundialista para ejercer presión sobre las autoridades de todo el país, autoridades que han prometido atención y apoyo al tema y que les han quedado a deber a las víctimas. Los colectivos exigen ser escuchados, atendidos y que el Estado ofrezca respuestas, una política pública sustentada en datos, suficientemente articulada, con los recursos suficientes y que esté centrada en las necesidades de las víctimas. Desde Palacio Nacional se desestimó el reclamo, se habló de complot e incluso la presidenta Sheinbaum bromeó con el hecho de que había más servidores públicos que manifestantes. En efecto, los 50 mil policías que supuestamente se desplegaron para impedir que los manifestantes se acercasen al Coloso de Santa Úrsula rebasaban por mucho a los familiares de las víctimas que se manifestaban. Si bien es entendible que el gobierno federal buscase el desarrollo de una inauguración tranquila y exitosa —dado que los ojos de todo el mundo están puestos en nuestro país—, resulta sorprendente la insensibilidad con la que se desestima la legítima protesta y se revictimiza a quien busca a un ser querido. Más aún cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Rodríguez, anunció que investigarán al movimiento y el origen de los recursos que les permitió acudir a la Ciudad de México a los manifestantes. Evidentemente para el gobierno federal es más importante invertir recursos en investigar a esas madres que lloraban e imploraban apoyo, en vez de poner esfuerzos y recursos en buscar a los desaparecidos, investigar a los responsables y combatir los fenómenos delictivos que permiten que dicha crisis crezca cada vez más. Pese a que desde la federación se presumen una y otra vez descensos marcados en delitos y violencia, la estadística oficial de desaparecidos narra otra historia, una donde el control territorial se encuentra en manos de grupos delictivos y no de la autoridad. En lo que va del año se han registrado 4,510 personas desaparecidas; con ello, de 1952 a la fecha se han registrado 134,969 desaparecidos, de los cuales 20,029 corresponden a la actual administración federal. Todo ello sin contar el enorme subregistro y cifra negra. Para que en cualquier país existan desapariciones de manera sistemática se requiere que en su territorio ocurran una serie de delitos violentos y que los grupos criminales actúen en la absoluta impunidad gracias a redes de relaciones corruptas con funcionarios de todos los niveles de gobierno. En México, las diversas autoridades insisten en que actúan con responsabilidad y que los ciudadanos pueden confiar y denunciar. En contraste, los casos de disuasión de la denuncia, amenazas y revictimización son el pan de cada día. Son pocas las instituciones que brindan un verdadero apoyo a las víctimas. Por ello el intento por llamar la atención sobre dicha crisis debe ser respetado y apoyado. Es absurdo que los ejecutivos federal y estatales desacrediten a quien exige que el Estado cumpla con su labor, como absurdo es que se tome como personal el legítimo reclamo. La semana pasada escribí sobre el retroceso que los mexicanos hemos sufrido en materia de libertad de expresión, el rechazo que existe desde el oficialismo hacia toda crítica y la persecución a todo crítico. Desacreditar a las madres y familiares buscadores y anunciar la investigación, con recursos federales, del origen del dinero que les permitió llegar a la capital a protestar es un clavo más al ataúd de la libertad de expresión en México. Espero que desde el gobierno federal se recapacite y se entienda que gastar el dinero de los mexicanos en investigar a quien protesta es un mal gasto, es signo de autoritarismo y que lo que sí deben hacer es usar nuestros recursos para buscar a los desaparecidos, investigar y sancionar a los delincuentes. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
