La intervención estatal frente al sobrendeudamiento familiar merece una lectura más crítica. El problema no es únicamente que las familias tengan dificultades para pagar sus deudas, sino que la respuesta institucional consiste en reemplazar una deuda problemática por una nueva deuda, extendiendo sus plazos y reorganizando sus pagos bajo condiciones que privilegian la continuidad del circuito financiero. El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal se presenta como una política de alivio. Su lógica, sin embargo, revela otra prioridad: evitar que la morosidad se transforme en un problema de solvencia para el sistema financiero. El Estado interviene cuando la cadena de pagos se deteriora, pero lo hace preservando el funcionamiento del crédito antes que modificar las condiciones que llevaron a las familias a endeudarse. La paradoja es contundente: a quienes ya están endeudados se les ofrece contraer nuevamente una deuda. La deuda vencida se transforma en un nuevo crédito; la mora, en una nueva obligación; el incumplimiento se reorganiza en cuotas futuras. No desaparece el endeudamiento: se lo prolonga y se lo vuelve a poner en circulación.
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