EditorialMiles de familias no están en capacidad de esperar otro desfile tramitológico.
En el oriente guatemalteco hay penuria, angustia, desolación en muchas comunidades rurales. Cauces secos, milpas tostadas por el sol, empleos escasos. ¿Qué pasa si a una familia viviendo en precariedad alimentaria le “explican” que aún está pendiente la solicitud de traslado de fondos para poder hacer las adjudicaciones necesarias y así ofrecer raciones? El problema no es solo que al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) le falten Q35 millones para comprar dicho alimento fortificado. El problema de fondo es que Guatemala sigue tratando la inseguridad alimentaria como si fuera una emergencia relativa que comienza en la época seca o cuando se ausentan las lluvias.
Aquello que la burocracia mira como incidental y hasta con tiempo perdido en busca de fondos es una sentencia para miles de pobladores desfavorecidos. Los datos oficiales exhiben una dantesca realidad: hasta 3.2 millones de guatemaltecos afrontan dificultades para alimentarse y, hasta el 8 de agosto, Salud registraba 13 mil 487 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda y 26 fallecimientos por esa causa.
Con ese contexto, resulta casi sarcástica la lógica burocrática de que primero deben completarse modificaciones presupuestarias, convenios y procesos de compra para después comenzar a programar la asistencia para algún día. Pero la ironía kafkiana es todavía más absurda: en el Estado se conocen ya las comunidades vulnerables al cambio climático, en las cuales la peor parte la lleva la niñez. Este sector de la población necesita nutrientes para tener un desarrollo neurológico rescatable. No solo se trata de sobrevivir, sino de conservar la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, en cada período gubernamental la respuesta financiera parece comenzar cada vez desde cero.
