"El gran oleoducto Keystone XL, liquidado hace mucho tiempo por el dormilón Joe Biden, puede despertar de la tumba". Con estas palabras, Donald Trump ha aprovechado esta semana su particular manera de anunciar una tregua comercial con Canadá para recuperar uno de los proyectos energéticos más controvertidos de la historia reciente de Norteamérica. En plenas negociaciones para evitar la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses, el presidente estadounidense, a través de Truth Social, ha desenterrado un oleoducto que lleva cerca de dos décadas enfrentando a gobiernos, tribunales, petroleras, ecologistas, agricultores y comunidades indígenas. No está claro todavía si Keystone XL forma parte formalmente del pacto que negocian Washington y Ottawa. El primer ministro canadiense, Mark Carney, se ha limitado a reconocer "avances sustanciales", advirtiendo de que todavía queda trabajo por hacer. Pero la mera mención del proyecto ha bastado para devolver al primer plano una infraestructura que parecía definitivamente muerta desde 2021. Y, sobre todo, para colocar a la política interna de Canadá ante una incómoda contradicción: mientras el Gobierno provincial de Alberta —corazón petrolero del país— quiere producir y exportar mucho más crudo, Carney intenta reducir la enorme dependencia económica de Estados Unidos, destino de cerca del 90% de las exportaciones petroleras canadienses. Una relación privilegiada durante décadas que la guerra comercial de Trump ha convertido ahora en vulnerabilidad. De ahí que tenga ahora puesto el foco en Asia. Keystone XL —bloqueado por Obama y enterrado por Biden por razones medioambientales— fue concebido en 2008 como una ampliación del sistema Keystone existente. El proyecto contemplaba un recorrido de unos 1.930 kilómetros capaz de transportar alrededor de 830.000 barriles diarios de crudo pesado desde Alberta hacia Nebraska, para conectarse después con la red que conduce hasta las grandes refinerías del Golfo de México. Su objetivo era facilitar la salida de las inmensas reservas de las arenas bituminosas canadienses: depósitos de arena y arcilla impregnados de un betún tan denso que resulta mucho más complicado y costoso de extraer y procesar que otros crudos convencionales. TE PUEDE INTERESAR Canadá posee la cuarta mayor reserva probada de petróleo del planeta y la inmensa mayoría se concentra precisamente en esas arenas bituminosas de Alberta. Pero esa riqueza tiene un coste medioambiental. Su explotación está entre las formas de producción petrolera con mayor intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. El oleoducto terminó así convirtiéndose en mucho más que una tubería. Para sus defensores representaba empleo, seguridad energética y la integración natural de dos de las economías más estrechamente conectadas del mundo. Para sus detractores, una infraestructura que prolongaría durante décadas la dependencia de uno de los petróleos más contaminantes. TE PUEDE INTERESAR Nada más llegar, por primera vez, a la Casa Blanca en 2017, Trump recuperó el proyecto y concedió el permiso presidencial. Pero ni con esas fue suficiente. Keystone continuó atrapado entre litigios, permisos estatales y protestas. Propietarios, agricultores, grupos ecologistas y comunidades indígenas combatieron durante años su trazado por el temor a los vertidos y sus consecuencias sobre el agua y el territorio. Cuando Joe Biden revocó el permiso de Keystone XL el mismo día de su llegada a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2021, parecía el final de una saga iniciada trece años antes. Hasta que Trump regresó. La solución de la industria: 'rebranding' La paradoja es que, mientras el presidente estadounidense habla ahora de "despertar" Keystone XL, la industria petrolera parece haber encontrado una fórmula diferente: construir un Keystone sin llamarlo Keystone a fin de evitar un nombre considerado ya una marca tóxica. South Bow, la compañía de Calgary que heredó el negocio de oleoductos de líquidos de TC Energy cuando este fue segregado en 2024, trabaja en una combinación de proyectos que acabarían cumpliendo prácticamente la misma función que el oleoducto original: transportar crudo pesado desde Alberta hasta las refinerías del Golfo de México. Los planes incluso contemplan utilizar partes de la infraestructura del antiguo Keystone XL. "Están intentando evitar llamarlo Keystone. No quieren que se les relacione con él", explica Jaxson Fryer, analista de East Daley Analytics, a The Wall Street Journal. El primer eslabón sería Prairie Connector, entre Hardisty, en Alberta, y la frontera estadounidense. Allí conectaría con un cruce fronterizo en Montana que Trump ya autorizó el pasado abril. Pero la firma presidencial solo resuelve una pequeña parte del problema. Desde la frontera, el proyecto tendría que recorrer casi 1.050 kilómetros por Montana hasta Guernsey, en Wyoming, mediante una ampliación del sistema Bridger preparada para transportar crudo pesado. Después, otra conexión llevaría el petróleo hacia Cushing, Oklahoma, desde donde podría aprovechar Marketlink, la infraestructura ya existente de South Bow, hasta el Golfo. TE PUEDE INTERESAR El resultado sería, en la práctica, un Keystone XL reconstruido como un puzle de tres piezas. Y potencialmente expuesto a muchos de sus antiguos problemas. "El punto de presión es Montana, no Washington", resume Fryer. Porque Trump puede permitir que el petróleo canadiense atraviese la frontera, pero no puede borrar de un plumazo las competencias de reguladores estatales y tribunales. Los nuevos proyectos podrían encontrarse además con la oposición de los mismos colectivos medioambientales y propietarios que durante años convirtieron Keystone XL en un calvario judicial. Por otra parte, resulta también clave tener en cuenta que desde que Keystone fue concebido en 2008, también ha cambiado el escenario político de Canadá. La provincia de Alberta quiere más tuberías. Su gobernadora, Danielle Smith, aspira a incrementar radicalmente la producción petrolera y no oculta su entusiasmo por encontrar nuevas vías de exportación. "Alberta quiere construir nuevos oleoductos hacia el oeste, el este, el norte y el sur", ha asegurado. Y pocas veces el contexto económico ha sido tan favorable para los productores de las arenas bituminosas. Los precios del petróleo se han disparado con las disrupciones del suministro mundial y grandes compañías canadienses están registrando resultados extraordinarios. Durante décadas, esa proximidad fue una ventaja. Canadá tenía al lado al mayor consumidor de petróleo del planeta y una gigantesca red de refinerías capaz de procesar su crudo pesado. La guerra comercial de Trump ha convertido ahora esa interdependencia en una vulnerabilidad. TE PUEDE INTERESAR Más petróleo, pero no solo para EEUU Y ahí aparece el dilema para Carney. Su Gobierno quiere convertir Canadá en una "superpotencia energética", pero también en un país menos dependiente de Washington. "Cuando Canadá controla su propia energía, controla su propio futuro", proclamaba el primer ministro en julio al anunciar junto a Alberta un nuevo proyecto de oleoducto hacia la costa del Pacífico. La infraestructura tendría capacidad para transportar un millón de barriles diarios hacia los mercados internacionales, siguiendo en gran medida el corredor del actual Trans Mountain. Ottawa y Alberta participarían conjuntamente en el proyecto, que también contempla una participación significativa de comunidades indígenas. Para Carney, la energía es precisamente una herramienta para "diversificar nuestros socios exportadores" y reforzar la soberanía económica canadiense. La diferencia estratégica es evidente. Keystone conduciría más petróleo canadiense hacia Estados Unidos. El nuevo corredor del Pacífico pretende llevarlo hacia Asia. Ambas rutas pueden coexistir, pero responden a prioridades diferentes. Alberta quiere vender todo el petróleo posible y disponer del máximo número de salidas. Ottawa quiere aprovechar el nuevo auge energético sin volver a colocar todas sus exportaciones en manos de un vecino que acaba de amenazar al país con aranceles del 50%. TE PUEDE INTERESAR Y existe todavía otro problema. Canadá puede anunciar tantos oleoductos como quiera, pero necesita producir suficiente petróleo para llenarlos. Al menos seis proyectos de construcción o ampliación que están sobre la mesa podrían incrementar la capacidad exportadora canadiense en unos 2,25 millones de barriles diarios, alrededor de un 45%, para 2035. Pero hacer realidad esa expansión exigiría un aumento considerable de la producción de las arenas bituminosas y más de 100.000 millones de dólares canadienses de inversión, según cálculos recogidos por Reuters. Las petroleras son bastante más prudentes que los políticos. La inversión en grandes explotaciones nuevas prácticamente desapareció tras el desplome del precio del crudo en 2014. Son proyectos que requieren enormes cantidades de capital, pueden tardar entre cinco y diez años en generar beneficios y dependen de algo que ningún gobierno puede garantizar: cuánto valdrá el petróleo dentro de una década. Suncor ha dejado claro este mismo mes que todavía no está preparada para acelerar significativamente su crecimiento. Canadian Natural Resources también ha paralizado decisiones sobre futuras ampliaciones hasta que los acuerdos alcanzados con Ottawa y Alberta sobre regulación, captura de carbono y fiscalidad se traduzcan en garantías jurídicas. Incluso Enbridge ha retrasado una ampliación ante la falta de compromisos suficientes de los productores.