El Departamento de Defensa de Estados Unidos está alentando a sus abogados militares retirados o cercanos al retiro a postularse para reemplazar el trabajo de unas 100 organizaciones que han representado a miles de menores migrantes por años y a quienes el Gobierno federal les retiró fondos para continuar con ese trabajo.Un funcionario del Pentágono explicó a EL PAÍS que están apoyando al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en el proceso de reclutamiento de nuevos abogados.“El Departamento de Guerra [como el Gobierno de Trump rebautizó al Departamento de Defensa] proveyó información sobre oportunidades disponibles a los abogados del Departamento de Guerra que se retiraron recientemente o que están por hacerlo, motivándolos a representar a menores no acompañados bajo la custodia del HHS”, se lee en el correo.Aunque consultados, no especificaron cuál es el área de experiencia que tienen estos abogados militares. En una revisión de la página del Ejército sobre la expertise de los defensores que sirven al Departamento de Guerra, se incluyen principalmente temas de justicia militar y fiscal, así como laboral, de consejería ambiental y seguridad nacional. También están preparados en relación con litigios civiles, que les permiten representar al Gobierno junto al Departamento de Justicia en cortes administrativas y federales en casos que afectan al Ejército.Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, una organización sin fines de lucro que recibió los fondos gubernamentales y los asignó a casi 100 instituciones dedicadas a la defensa de los menores hasta que se los negaron, respondió a EL PAÍS que los menores no acompañados “deben seguir siendo representados por abogados independientes (...) especializados en la ley migratoria de niños, en las complejidades de nuestro sistema de inmigración, y quienes saben cómo trabajar con menores, especialmente con aquellos que han vivido alguna situación traumática”.La organización asegura que el Congreso debe garantizar que estos menores ―que llegaron solos a Estados Unidos, sin sus padres o representantes legales― puedan tener acceso a una defensa independiente.A diferencia de las cortes criminales, las de inmigración no tienen el deber de garantizar la representación de un abogado, ni siquiera a los menores de edad. Sin embargo, las organizaciones han denunciado que no puede hablarse del debido proceso si los niños y adolescentes no entienden el sistema que enfrentan, las penalidades, los términos usados en las cortes y sus consecuencias.Hacia dónde irán los fondosLa urgencia del HHS por reclutar abogados proviene de una decisión del propio Gobierno. Desde el 31 de julio, miles de menores migrantes en EE UU, desde bebés hasta adolescentes, quedaron en riesgo de perder la asistencia de abogados que los representaron por años en cortes de inmigración. Ese día expiraron los contratos que habían sido financiados desde 2003 por el HHS para apoyar a una red nacional de 100 organizaciones que brindaban servicios legales a niños no acompañados (que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o representantes legales) o que están en custodia migratoria. El HHS respondió a EL PAÍS previamente que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, a cargo del cuidado de los menores) “sigue cumpliendo plenamente con las obligaciones legales y normativas, y no actúa de ninguna manera que pueda disuadir a un niño de buscar el alivio legal adecuado”. Agregó que la ORR ofreció a Acacia Center for Justice la oportunidad de recibir un contrato temporal basado en ciertos requisitos, como que les proporcionaran los datos de los niños a quienes representaban y que les enviaran la factura de gasto cuando presentaran solicitudes de asilo. “Acacia se negó a aceptar este contrato temporal”, precisó la agencia.Aber dijo en una entrevista previa que entregar información confidencial para justificar sus facturas era poco ético y representaba una “traición” a los niños.Cuando el Gobierno quitó los fondos a las organizaciones, se agudizó una crisis ya existente entre las organizaciones que se dedican a apoyar legalmente a menores migrantes: en noviembre de 2025, el HHS ya había retenido más de 65 millones de dólares aprobados previamente por congresistas de ambos partidos. Sin ese dinero, las organizaciones comenzaron a verse obligadas a rechazar a nuevos clientes o simplemente a reducir ―o cerrar― sus operaciones.Desde entonces se ha conocido que el Gobierno federal ha intentado llegar a acuerdos de representación con varias empresas que, según denunciaron en una carta los congresistas demócratas Robert García (representante y miembro del Comité de Vigilancia y Reforma del Gobierno) y Ron Wyden (senador y miembro del Comité de Finanzas del Senado), tienen “fuertes nexos” con el Ejecutivo de Donald Trump.La primera empresa conocida fue Burke Law Group, con base en Houston. El 11 de agosto, la firma aseguró en su cuenta de la red social X que habían decidido no aplicar por un contrato de 150 millones de dólares para defender a menores no acompañados.Los congresistas aseguran que el Gobierno federal luego contactó a Our Rescue, una organización sin fines de lucro con sede en Minneapolis que se presenta como dedicada a la atención de casos de trata de personas y explotación sexual. En su carta denuncian que fue fundada por Tim Ballard, un exagente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), “quien renunció a la organización en 2023 tras denuncias de asalto sexual y acoso por parte de empleadas”.La directora de Acacia plantea la preocupación de las organizaciones de defensa legal frente a la contratación de estas empresas que parecen tener poca experiencia en derecho migratorio. Y añade que en momentos notan cómo el Gobierno federal “acelera los casos de estos menores hacia la deportación en un ritmo sin precedentes”.