Trabajadores con contrato laboral o funcionarios públicos han recurrido a la producción de contenido para adultos como forma de obtener ingresos extra, manteniendo en secreto esta actividad paralela por miedo a los prejuicios en sus empleos formales.
Snow, de 21 años, funcionario federal en el sur del país, produce vídeos y fotografías sexuales después de su jornada laboral. Considera que lleva una doble vida sin conflictos: "No veo que la producción de contenido sea algo que vaya a perjudicar mi desempeño profesional". Sus ingresos varían según la frecuencia de las publicaciones, entre R$ 1.000 y R$ 3.000, una cantidad inferior a su salario formal.
El publicista Lucas, de 31 años, comenzó a grabar contenido erótico hace tres años para complementar sus ingresos mientras hacía trabajos como freelance. En sus mejores meses llega a R$ 5.000. Habla sobre el contenido con sus compañeros, pero evita el tema con sus jefes por temor a represalias en el entorno corporativo tradicional.
Ambos utilizan seudónimos y perfiles exclusivos para no mezclar su vida personal con la producción de contenido para adultos.
La socióloga Carolina Bonomi afirma que el anonimato es inevitable para quienes tienen un empleo formal. Según ella, es el estigma moral, no la ley, lo que amenaza estos empleos. Bonomi advierte de que no existe un anonimato totalmente garantizado y que existe riesgo de filtraciones.
