¿Qué prioridad le ha dado el Estado de Chile a la ciencia, la tecnología y la innovación en las últimas dos décadas? Un reciente estudio del Consejo de Ciencia Tecnología e Innovación (CTCI) ofrece una respuesta incómoda. Aunque en 2025 los recursos destinados a estas áreas alcanzaron su máximo histórico en términos absolutos, la inversión pública en CTI pasó de representar 0,53% del PIB en 2011 a apenas 0,35% en 2026. Su participación en el presupuesto del gobierno central también bajó de 2,6% a 1,5%. La evidencia reunida por la OCDE muestra que la investigación y la innovación contribuyen a elevar la productividad al generar conocimiento, nuevas tecnologías y mejores formas de producir. Por eso, asignarles una proporción cada vez menor de los recursos públicos va en la dirección contraria a lo que el país necesita.
La respuesta más evidente —aumentar el gasto directo— choca hoy con una realidad fiscal estrecha. En este contexto, el estudio destaca una vía complementaria que Chile todavía utiliza poco: combinar los aportes directos con créditos, garantías, incentivos tributarios y compras públicas de innovación. El potencial de estas herramientas se vuelve más claro al observar cómo se distribuye actualmente el esfuerzo público: más del 90% se concentra en aportes directos, principalmente subsidios concursables canalizados por ANID y Corfo. Según el instrumento, estas vías complementarias pueden sumar recursos privados, aprovechar mejor el gasto disponible o recuperar parte de los fondos comprometidos, aliviando así la carga fiscal.
