En principio, cabría esperar que la bonanza exportadora de un país se tradujera en un mayor crecimiento económico. México, sin embargo, desafía esa lógica. Por una parte, las exportaciones nacionales han registrado una vigorosa expansión desde la entrada en vigor del TLCAN, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, en 1994. De acuerdo con cálculos propios basados en datos del Banco de México, en el período 1994-2025, las ventas totales de México al resto del mundo crecieron a una tasa promedio anual cercana a 6 %. En esos mismos años, el valor real de las exportaciones “manufactureras” aumentó a un ritmo promedio anual de 6.5 %. Vale señalar que estos cálculos eliminan el efecto de la inflación sobre el valor de las exportaciones mediante el uso del índice de precios de exportación. En contraste, según datos del INEGI, el producto interno bruto (PIB) del país creció a una tasa promedio anual cercana a 2 % durante el período referido (1994-2025). En otras palabras, la economía mexicana creció apenas a una tercera parte del ritmo de las exportaciones totales y a menos de la tercera parte del observado en las exportaciones manufactureras. La situación resulta todavía más preocupante cuando se considera el crecimiento de la población y se observa la evolución del PIB por habitante. De acuerdo con datos del Banco Mundial, durante esos mismos años, el PIB por habitante de México creció a una tasa promedio anual de 0.7 %, muy por debajo de las tasas correspondientes a Estados Unidos (1.7 %) o al conjunto de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (1.5 %). Esto indica que México, pese a su notable desempeño exportador, no logró avanzar significativamente en materia de ingreso por habitante ni de convergencia económica con su principal socio comercial o con el conjunto de países de la OCDE. Asimismo, se rezagó frente a naciones latinoamericanas como Chile (2.7 %) y Uruguay (2.4 %), y todavía más frente a una economía con marcada orientación exportadora como Corea del Sur (3.7 %). Estos datos resultan particularmente relevantes porque el PIB por habitante constituye uno de los principales indicadores del desarrollo económico de un país. En eso consiste precisamente la paradoja de México: a pesar del marcado dinamismo de las exportaciones durante las últimas tres décadas, la expansión de la economía y del ingreso por habitante ha sido tan débil que ha ampliado la brecha que separa al país del concierto de naciones prósperas del planeta. Ante este contraste, resulta inevitable preguntar: ¿por qué, siendo México una potencia exportadora, tanto por el volumen como por la diversidad de productos, el resto de su economía no logra levantar el vuelo? La respuesta apunta claramente a fallas sistemáticas en el diseño y ejecución de la política económica durante los últimos 30 años, dado que las acciones desplegadas y los recursos comprometidos por gobiernos de distintos partidos han resultado insuficientes para articular a la industria exportadora con el resto del aparato productivo del país y fortalecer, de este modo, las cadenas de suministro nacionales. Para ilustrar la afirmación anterior, conviene considerar que una parte importante de las exportaciones nacionales corresponde a las llamadas manufacturas globales, es decir, aquellas que participan en los procesos productivos distribuidos en diferentes países. De acuerdo con la información más reciente del INEGI, la producción manufacturera global representó alrededor de dos quintas partes de la producción manufacturera total del país. Ahora bien, considerando exclusivamente las manufacturas globales, durante el período 2003-2024 el contenido nacional de las exportaciones fue, en promedio, de solo 40.4 %, mientras que el contenido importado ascendió a 59.6 %. Por contenido nacional, nos referimos a salarios, ganancias e insumos locales, mientras que el resto —casi 60 %— constituye una filtración de demanda hacia el exterior, dado que corresponde a la adquisición de insumos, partes y componentes importados. Esto significa que una parte sustancial del impulso generado por las exportaciones de las manufacturas globales no se queda en casa, sino que termina estimulando la producción y el empleo en otras latitudes. Al quedar en buena medida marginadas las empresas, los trabajadores y las cadenas de suministro domésticas, se explica, al menos en parte, la paradoja de una bonanza exportadora combinada con una economía que no logra despegar y va acumulando un rezago cada vez mayor frente a las naciones más prósperas. Este escenario demanda la formulación e instrumentación de un paquete integral de estímulos fiscales, regulatorios y crediticios orientado al fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales, que incluya la identificación y jerarquización de los insumos, partes y componentes con mayor potencial para producirse competitivamente en México. El desarrollo de capacidades productivas locales debe incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no mediante subsidios indiscriminados, sino mediante una política industrial activa que otorgue los apoyos de manera selectiva y establezca compromisos verificables de incremento de la productividad, mejora de la calidad, modernización tecnológica y participación creciente en las cadenas de suministro del sector exportador. Asimismo, para fortalecer las cadenas de suministro es necesario ampliar y modernizar la infraestructura logística del país, incluyendo las redes de transporte, los centros de acopio y distribución y la base tecnológica. Una condición indispensable para la integración productiva es combatir la inseguridad en las carreteras. Los proveedores nacionales enfrentan no solo el reto de producir partes y componentes de calidad y a precios competitivos, sino también el de poder entregarlos de manera segura y oportuna. La recurrencia de robos y otros siniestros en las rutas logísticas de México eleva los costos de aseguramiento y custodia de las mercancías, encarece su traslado, compromete los tiempos de entrega y, en última instancia, erosiona la competitividad de los proveedores nacionales. En los hechos, esta inseguridad se traduce en una suerte de impuesto sobre la proveeduría nacional —cuyo ejemplo más evidente es el pago de derechos de paso a grupos delictivos—, que eleva artificialmente los costos de distribución y termina beneficiando, en términos relativos, a los proveedores del exterior. Estos no solo cuentan con cadenas de suministro más robustas y estandarizadas, sino también con una mayor capacidad para absorber los costos derivados de la criminalidad. En síntesis, México no requiere simplemente exportar más, sino fortalecer la producción interna y articularla de manera eficiente con el sector exportador. Profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco e Investigador Nacional Nivel III Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.