NoticiaEl contrato tenía como propósito fortalecer procesos de producción y consumo sostenible mediante la reserva de un vivero.San Andrés Foto: iStock21.08.2026 06:34 Actualizado: 21.08.2026 06:34
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Almeida Cecilia Martínez Mitchell, exrepresentante legal de una fundación, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con un contrato suscrito en San Andrés en diciembre de 2015.
Según la investigación, el acuerdo fue celebrado entre la fundación y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento, Coralina, y tuvo una duración de seis meses.
El contrato tenía como propósito fortalecer procesos de producción y consumo sostenible mediante la reserva de un vivero destinado a especies frutales. Para desarrollar estas actividades fueron destinados $166.555.000, de los cuales la mitad fue transferida a cuentas de la fundación.
Fiscalía. Foto:ETSin embargo, los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional San Andrés indican que, pese a haber recibido esos recursos, la fundación no habría cumplido con los productos ni con las obligaciones establecidas en el contrato.
