La presentación de la política general del gobierno, a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados, tuvo el mérito de partir de un diagnóstico sin eufemismos: el gobierno de Keiko Fujimori encontró, en sus palabras, “un Estado desordenado y desbordado”, entrampado en la burocracia, que llega tarde al delito y a las emergencias, pero que sí llega a tiempo para multar al ciudadano o trabar al pequeño empresario.
Es un reconocimiento honesto que evita maquillar la herencia recibida.
Sobre esa base se despliegan anuncios puntuales: fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar el subsistema contra la extorsión a 15 distritos judiciales priorizados; construir penales de alta seguridad y habilitar cuarteles en desuso para descongestionar el sistema penitenciario; y devolver al Sistema de Inteligencia Nacional capacidades operativas para anticiparse al crimen, dentro del marco legal.
En salud, fortalecer las redes integradas hacia el 2031 apunta bien, aunque su horizonte largo exige seguimiento.
Especial atención merece El Niño.
