La magistrada Amparo Rubio, que investiga el caso Les Naus o caso VPO de Alicante, sobre las irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial del Ayuntamiento de Alicante, avanza en la instrucción con el foco puesto en el expediente de enajenación de la parcela pública sobre la que se han levantado 140 viviendas cerca de la Playa de San Juan. PublicidadQuiere conocer al detalle todo el recorrido de la licitación pública, que duró seis años, hasta adjudicarse el concurso en marzo de 2022, a una cooperativa constituida en julio de 2018. De hecho, ha pedido más documentación al consistorio alicantino, gobernado por Luis Barcala, del Partido Popular, sobre los dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela y todos los antecedentes a partir de 2016, según consta en el sumario al que ha tenido acceso Público.La causa, abierta tras estallar el escándalo en enero de este año, al descubrirse que entre los adjudicatarios de las viviendas protegidas estaba la propia concejala de Urbanismo, entre otros miembros del consistorio, investiga presuntos delitos de prevaricación, información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude a la Administración y fraude de ley.Son 15 los investigados, de momento, entre los que figuran la ya exconcejala de Vivienda, Rocío Gómez, cuyo suegro también resultó agraciado; María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general de Organización Interna pero que todavía ocupa el cargo de jefa de Contratación del Ayuntamiento; en su caso, son dos de sus hijos y un sobrino los que han logrado piso en la promoción; y el funcionario de la Generalitat que visó las solicitudes, Roberto Palencia, incluida la de su propia esposa. También está investigado el arquitecto de Urbanismo Francisco Nieto, y Francisco Ordiñana, administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Fraorgi.Está polémica promoción cuenta con 140 viviendas, en una zona privilegiada de Alicante, al lado de la playa, con 100 metros cuadrados cada uno, plaza de aparcamiento, club social, piscina y equipamientos deportivos. Los precios de los pisos no han superado los 230.000 euros, muy por debajo del precio de mercado. PublicidadUn expediente reactivado por el PPEl origen del caso está en mayo de 2016. Gobernaba entonces en Alicante la coalición entre el PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís, con Gabriel Echávarri en la alcaldía. La decisión de enajenar una parcela de 8.618 metros cuadrados en la avenida del Historiador Vicente Ramos, perteneciente al Patrimonio Municipal del Suelo tenía un objetivo claro: poner en el mercado viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, ya que desde hacía unos 12 años no salía vivienda pública en la ciudad. El erario estaba bajo mínimos por la sentencia del Supremo que ordenó al Ayuntamiento pagar 18,4 millones de euros a la inmobiliaria Hansa, por una mala gestión del anterior equipo municipal del PP.El 31 de enero de 2017, la tramitación del expediente de enajenación se paralizó, ante la existencia del informe desfavorable de la Intervención Municipal, debido a que no quedaba constancia del destino del producto de la enajenación, un requisito formal que obliga a que conste el fin social donde repercutirá el beneficio de la operación. Para el consistorio, la enajenación no tenía el fin de obtención de ingresos, si no que el objetivo era que la promotora adjudicataria construyera pisos sociales o protegidos en una parcela pública que salía a concurso por 5,5 millones de euros. En abril de 2018, coincidiendo con la llegada a la alcaldía del equipo de Barcala, se le da impulso de nuevo al expediente. En un informe firmado por la hoy investigada María Pérez-Hickman, al frente de Contratación del Ayuntamiento, se reflota el expediente, subsanando el defecto anterior y aportando algunas modificaciones respecto al anterior pliego. Por ejemplo, se introduce la obligación de construir un club social para los propietarios; y se especifica que ante un desempate tendrá preferencia la promotora que primero presente la oferta.PublicidadUna polémica cláusulaEl 5 de septiembre de 2018, a las 10.17 horas, el Ayuntamiento publicaba la convocatoria y al día siguiente, a las 12.52, la primera promotora presentaba su proyecto, Les Naus Cooperativa de Viviendas. Esta cooperativa se había constituido en julio de 2018, es decir, dos meses antes.En este sentido, la jueza quiere saber si hubo información privilegiada, y en todo caso, ha preguntado a los administradores de las otras cuatro promotoras que se presentaron a la licitación si es habitual que se presenten proyectos a las 24 horas de salir un concurso. La respuesta ha sido negativa, habida cuenta de que hay que contar con unos avales bancarios previos que no se logran en esas escasas horas de margen. La Junta de gobierno, responsable de resolver el concurso, abrió el primer sobre con la identidad de las promotoras, el 16 de octubre, dando constancia de que la primera oferta era la de Les Naus. A continuación la Asociación de Promotoras Inmobiliarias de la Provincia de Alicante (PROVIA) y la mercantil Block Arquitectura SL recurrieron el pliego exigiendo que se anulara la cláusula sobre la forma de desempatar.El Ayuntamiento decidió suspender el procedimiento hasta que se resolvieran los recursos. El informe del letrado jefe del consistorio dictaminó que la cláusula del desempate si bien no era "ilícita", no era la idónea para garantizar la igualdad de condiciones en el concurso público. El consistorio estimó los recursos y suprimió la citada cláusula, comprometiéndose a elaborar otro pliego.Batalla judicial de Les NausAnte aquel giro de guion, la cooperativa Les Naus recurrió. La demanda la enfocó contra el consistorio por paralizar el concurso. La jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Alicante dijo que "existiendo un plazo para presentar la documentación, parece que no tiene mucho sentido premiar a quien presente antes la documentación cuando tan válido es presentar la documentación el primer día como el último" y dio la razón al Ayuntamiento. Pero la cooperativa recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de València, que le dio la razón, aunque consideró que el Ayuntamiento tenía que haber optado por otro criterio en lugar del orden cronológico de las ofertas. El Alto Tribunal valenciano ordenó al consistorio que continuara el procedimiento donde lo había dejado.Tres de las promotoras se retiraron, a la vista de lo que estaba pasando. Según han declarado en el juzgado sus responsables, "veían venir el desenlace" del concurso, indican fuentes jurídicas. La Mesa de Contratación, donde estaba la hoy investigada María Pérez-Hickman, concedió 100 puntos a Les Naus frente a los 90 de la mercantil rival. No hizo falta usar el polémico sistema de desempate que, de todas formas, hubiera dado la victoria a la misma cooperativa. Una excepciónAsí, el 22 de marzo de 2022, la Mesa de Contratación adjudicó el concurso de enajenación a la cooperativa Les Naus, no sin antes apercibir de una irregularidad que enseguida se subsanó. Según consta en el expediente, los medios de solvencia económica que presentó Les Naus "no coinciden con los exigidos en el Pliego". La Mesa alegó que "no obstante, tratándose en este caso de una cooperativa creada para desarrollar esta edificación precisamente -como ocurre con las cooperativas de viviendas. que se crean con el objeto de realizar una promoción de viviendas, soliéndose disolver cuando se finalizan éstas- no resulta lógico exigirle unos parámetros para acreditar la solvencia económica propios de una empresa".PublicidadAdemás de todo el expediente, la jueza quiere conocer cómo se han visado por parte del Ayuntamiento las solicitudes para hacerse con un piso protegido, solicitudes que han hecho los propios cooperativistas y ha gestionado esta entidad. Y esa es la segunda pata del caso. Los requisitos impuestos por el consistorio para los adjudicatarios eran que no superasen los 54.000 euros de ingresos por unidad familiar y que no tuvieran otra vivienda en propiedad. La magistrada ha pedido toda la documentación a la cooperativa.