La presidenta Laura Fernández cumplió el fin de semana sus primeros 100 días en el poder en Costa Rica envuelta en una humareda de críticas y recelos de la oposición. La mecha la encendió la declaratoria de “secreto de Estado” emitida por la mandataria sobre una amplia variedad de asuntos de seguridad nacional, bajo el argumento de restringir el acceso de grupos criminales a información estratégica. La reacción opositora ha derivado en severas advertencias sobre el riesgo de que la opacidad sirva para ocultar contratos de sistemas de seguimiento y espionaje contra detractores, como Pegasus, el polémico programa de la firma israelí NSO Group ya empleado por otros Gobiernos de la región.Tras meses de crispación política y de constantes descalificativos hacia la oposición —a la que desde el oficialismo se ha tachado de “comunista”, “obstruccionista” o “privilegiada”—, el Ejecutivo echó más leña al fuego con un decreto publicado el lunes 10 de agosto en el diario oficial. La norma, sin embargo, llevaba la firma de Fernández desde el 27 de julio, sin que hubiese sido anunciada ni publicitada en ninguno de los espacios de comunicación institucional.Pese a las inmediatas dudas sobre su legalidad, la Presidencia defiende la norma que clasifica como confidenciales los informes, documentos, archivos y coordinaciones de las principales estructuras de inteligencia y combate al crimen, entre ellas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la llamada “Fuerza Élite”, un grupo policial de alto nivel.Costa Rica atraviesa la peor crisis de inseguridad de su historia reciente por la pugna entre bandas del narcotráfico, en paralelo a una creciente hostilidad política que ha llevado a sectores opositores a temer los alcances del aparato estatal. Este clima se alimenta de inquietantes mensajes de vigilancia e incluso denuncias ciudadanas de acoso atribuido a la DIS, entidad a cargo del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, expresidente y líder del movimiento oficialista. Semanas atrás, el propio Chaves afirmó que pretende implementar en el combate al contrabando tecnología del Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel, país con el que San José ha consolidado un acelerado acercamiento diplomático.En este escenario, el decreto encendió las alarmas en la Asamblea Legislativa sobre la eventual adquisición de Pegasus, una herramienta de ciberespionaje militar vendida exclusivamente a Gobiernos y cuyo uso con fines de persecución política en países de la región —como en El Salvador de Nayib Bukele— fue verificado por Amnistía Internacional en 2022.Marco Badilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Sigrid Segura, diputada del izquierdista Frente Amplio —fuerza a la que Chaves y Fernández señalan como el núcleo “comunista” de la oposición—, expresaron sus dudas. “No podría, en este momento, decir que tengo certeza de que se está utilizando un software espía, pero ciertamente personas que trabajan y que han trabajado en la DIS sí nos han indicado que tienen preocupación por la utilización de esa tecnología”, declaró Segura a la prensa local.Fernández defendió la medida en conferencia de prensa alegando que la restricción abarca únicamente datos sensibles para la seguridad nacional, tales como el equipamiento policial, las estrategias de patrullaje o los planes antidrogas. Negó que el secreto cubra la contratación pública, aunque el texto explícito del decreto cataloga los presupuestos, ofertas, financiamiento y ejecución de compras dentro de una treintena de rubros confidenciales: “Esta declaratoria de Secreto de Estado y restricción absoluta de acceso regirá con total independencia de si las contrataciones se realizan con instituciones del Estado, entes públicos no estatales, consorcios o entes privados nacionales o extranjeros, quedando prohibida su divulgación”, rezaba el documento.En esa misma comparecencia, la presidenta afirmó, sin aportar casos específicos, desconfiar de abogados y periodistas que solicitan información pública, sugiriendo que podrían filtrarla al crimen organizado. Acto seguido, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, aludió a reuniones recientes de sectores de izquierda: “Los tenemos identificados”, advirtió, profundizando los temores sobre los efectos punitivos del secretismo. A la par, el secretario general del partido de Gobierno, Freddy González, sostuvo poseer datos personales de cientos de militantes del Frente Amplio recabados mediante el registro de entradas al acto de traspaso de poderes del pasado 8 de mayo.“Así empiezan a borrarse límites que creíamos claros, no con grandes anuncios ni solemnes declaraciones autoritarias”, advirtió en la radio la exmagistrada Ana Virginia Calzada ante los dichos del ministro Aguilar. Por su parte, la diputada Segura cuestionó la severa asimetría del Ejecutivo: “Pareciera que el Gobierno quiere tener toda la información sobre la gente, pero no quiere que la gente sepa nada del Gobierno”. El cruce de declaraciones se dio pocos días después de que el diario La Nación revelara un informe interno gubernamental sobre supuestos nexos de un centenar de policías con redes delictivas.Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del conservador Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), alertó sobre las facilidades que la confidencialidad brindaría a la adquisición opaca de cibertecnología. “Bajo este amplísimo decreto, no solo el Gobierno podría adquirir esta tecnología sin ningún tipo de control, sino que estaría prohibido que un medio de comunicación reporte si existiera evidencia de que se está utilizando contra figuras de la sociedad civil”, denunció. Por su parte, Karen Jiménez Valverde, directora de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), coincidió en que si bien es habitual resguardar datos tácticos en seguridad, resulta peligroso extender la opacidad a lo administrativo y presupuestario, pues abre la puerta a irregularidades en la contratación pública.Fernández rechazó este miércoles tener intenciones de adquirir sistemas como Pegasus y el expresidente Chaves dijo que sería muy caro adquirirlos. El controvertido político llamó “equinos” a quienes han expresado sus temores por un posible espionaje de Estado.Recursos de impugnaciónDiversos juristas cuestionan además la legalidad de la norma, al recordar que el país carece de una ley formal que regule el secreto de Estado, violando principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la propia Constitución costarricense, según expuso el constitucionalista Rubén Hernández Valle. El decreto se encuentra ya en manos de la Sala Constitucional, después de que cuatro ciudadanos y los jefes de las cuatro bancadas opositoras interpusieran recursos de impugnación. “Esta falta absoluta de fiscalización no solo propicia negocios poco transparentes con el Estado, sino que configura una amenaza real de persecución política mediante el uso discrecional y sin control del aparato de seguridad pública”, reza el manifiesto conjunto de la oposición.En los últimos años, el Alto Tribunal ha frenado varias iniciativas del Ejecutivo. En julio, acogió un amparo presentado por el informático José Sánchez para exigir al Ministerio de Hacienda precisiones sobre el eventual uso de tecnología militar israelí mencionado por el ministro Chaves. Aunque el canciller, Manuel Tovar, aseguró a EL PAÍS que no existe ningún acuerdo bilateral en esa línea, y el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, respondió a Sánchez que se trataba de un sistema en desarrollo cuyo uso aún se analiza, el recelo ya caló en la política costarricense. El propio Sánchez remitió una carta a la DIS exigiendo el cese de seguimientos en su contra: “He recibido reportes y evidencias técnicas que confirman la realización de seguimientos, vigilancia física y actos de hostigamiento en mi contra por parte de personal adscrito a esa institución y al Gobierno”, sostiene en el escrito publicado por La Nación. Denuncias de este calibre no son aisladas: diputados y activistas han reportado episodios similares en los últimos años, entre ellos Silvia Siezing, una tuitera crítica del oficialismo que afirma haberse visto forzada al exilio tras el acoso sufrido.