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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, declaró bajo la figura de Secreto de Estado la información relacionada con las principales estructuras de seguridad e inteligencia del país, una medida que restringe el acceso público a documentos, operaciones, recursos y estrategias utilizadas para combatir al crimen organizado.
La disposición quedó establecida en el Decreto N.° 45870, firmado y publicado en el diario oficial La Gaceta. Entre las instituciones alcanzadas figuran la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo interinstitucional Fuerza Élite, además de cualquier otra coordinación en materia de seguridad y defensa que dependa de la Presidencia.
El Ejecutivo justificó la decisión por el incremento de amenazas asociadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el sicariato y otras expresiones del crimen organizado.
La medida llega en un momento especialmente delicado para Costa Rica, luego de la filtración de un documento interno de inteligencia que identificó a 116 policías presuntamente vinculados con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, la trata de migrantes y el contrabando de alcohol.
