NoticiaCon este mecanismo, puede contratar de forma directa las obras, bienes y servicios necesarios para reparar las sedes judiciales.Según el Consejo Superior de la Judicatura ingresaron al sistema 952.251 tutelas en 2024 Foto: Consejo Superior de la JudicaturaPERIODISTA JUDICIAL15.08.2026 12:27 Actualizado: 15.08.2026 12:37
El Consejo Superior de la Judicatura declaró la urgencia manifiesta por un término inicial de dos meses, prorrogables para atender los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto y garantizar la continuidad de la administración de justicia en las zonas afectadas.La decisión quedó consignada en un acuerdo expedido el 14 de agosto, con el que la corporación autorizó la contratación directa de las obras necesarias para responder a la emergencia.La contratación directa estará enfocada en reforzar estructuralmente las sedes judiciales, las obras de reparación y adecuación de inmuebles, el arrendamiento de sedes alternas, el restablecimiento y la adquisición de equipos tecnológicos y de conectividad, así como el aseguramiento y traslado de expedientes.También se contemplan medidas de seguridad para los servidores judiciales, incluso mediante contratos que superen los 2.000 salarios mínimos legales mensuales.La Judicatura aclaró que toda contratación deberá tener una relación "directa, inmediata y verificable" con los hechos que dieron origen a la emergencia. Además, precisó que las obras deberán estar respaldadas por diagnósticos técnicos que justifiquen tanto su necesidad como su vínculo con la situación generada por el sismo.Como parte de las medidas, el Consejo también autorizó los traslados presupuestales internos que sean necesarios dentro del presupuesto de la Rama Judicial para financiar las actuaciones derivadas de la urgencia manifiesta, siempre que se cumplan los requisitos presupuestales correspondientes.La corporación advirtió que el uso indebido de esta figura excepcional o la creación artificiosa de las circunstancias que la justifiquen podrá dar lugar a responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales y administrativas, conforme a la Ley 80 de 1993.Este es el cuarto acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura desde el terremoto del 10 de agosto. Las decisiones adoptadas buscan fortalecer la atención a los servidores judiciales y sus familias, avanzar en la reparación de las sedes afectadas y asegurar la continuidad del servicio de justicia para la ciudadanía.
