Hay un ejercicio simple que cualquier gobierno honesto podría hacer: mirar el país tal como es y responder por lo que encuentra. El gobierno de Morena ha optado por otro camino. En lugar de rendir cuentas por un territorio nacional donde amplias regiones operan bajo el control efectivo de grupos criminales, por una violación sistemática de derechos humanos, por instituciones públicas quebradas y en franca inanición presupuestal, y por una deuda pública que crece a un ritmo que pone en jaque las finanzas del país, ha decidido invertir su energía política en otra cosa: fabricar enemigos.Mientras el huachicol fiscal desangra a Pemex y salpica a morenistas y mandos vinculados al proyecto en el poder, mientras se multiplican los señalamientos sobre redes de narcotráfico y lavado de dinero que tocan a personajes de Morena y mientras la corrupción —lejos de erradicarse— se ha multiplicado y arraizado, el aparato gubernamental no dedica su capital político a investigar, transparentar o corregir. Lo dedica a construir listas.Listas de periodistas incómodos, de intelectuales que preguntan de más, de activistas que documentan lo que el discurso oficial prefiere negar y de opositores que todavía se atreven a disentir. La mañanera, concebida como un espacio de comunicación gubernamental, se ha convertido en un tribunal sin garantías donde se señala, se exhibe y se acusa a ciudadanos de formar parte de “complots” en contra del proyecto en el poder, sin pruebas, sin derecho de réplica en condiciones de igualdad y sin ningún respeto al debido proceso. Es la vieja fórmula del poder autoritario: si no puedes rebatir al mensajero, lo conviertes en el mensaje.Esto no es un desliz ni un exceso retórico aislado. Es una estrategia. Se utilizan los medios institucionales de procuración de justicia —que deberían servir para perseguir el delito, no la crítica— para intimidar a quienes incomodan al poder. Se promueve, desde el micrófono presidencial y desde las cuentas oficiales, el linchamiento público de reputaciones. Se normaliza que cuestionar al gobierno sea, automáticamente, un acto de traición o de conspiración. Y se hace todo esto mientras el país se desangra por una violencia que el Estado pretende ignorar, y mientras las arcas públicas se comprometen para sostener un aparato de propaganda y desvío millonario de recursos en lugar de fortalecer las instituciones que deberían protegernos a todos.Llamemos a esto por su nombre: censura. No la censura burda de antaño, con el lápiz rojo tachando párrafos, sino una censura moderna, mediática, que opera por desgaste, por señalamiento y por miedo. Se trata de que el costo de informar, de opinar, de investigar o de disentir sea tan alto —social, laboral, incluso físico— que la autocensura termine haciendo el trabajo sucio que el gobierno no quiere firmar con su nombre.Habrá quienes respondan que esto es una lectura parcial, que el gobierno solo ejerce su derecho de réplica frente a la prensa y que hablar de “persecución” es exagerar el conflicto. Es una objeción legítima y merece explicitarse: el oficialismo insiste en que critica a la prensa, no la censura, y que exhibir a sus críticos es simplemente transparencia. Pero esa defensa no se sostiene cuando quien señala desde el poder tiene, además, el control de la Fiscalía, del gasto público y del aparato de comunicación del Estado. No es un debate entre iguales; es el Estado contra el ciudadano.Un gobierno que funcionara de verdad estaría ocupado en recuperar el territorio que ha cedido al crimen organizado, en garantizar los derechos humanos que hoy se violan con impunidad, en sanear instituciones exhaustas y en frenar una deuda que compromete el presente y futuro. En cambio, buena parte del ejercicio del poder se destina a una parodia: la de un gobierno asediado por enemigos imaginarios, cuando el verdadero enemigo del país —la violencia, la corrupción y la debilidad institucional— sigue ahí, intacto, mientras el poder mira para otro lado. Presidente Nacional del PRIÚnete a nuestro canal