La organización Casa Centroamérica, creada por personas exiliadas y migrantes de la región, presentó este viernes en la capital guatemalteca el informe ‘La verdad del exilio (2014-2025)’, un documento que sistematiza el impacto social del desarraigo forzado y exige al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León el diseño de una política pública de reparación.
El estudio, coordinado por el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, documenta cómo la criminalización y la coacción judicial obligaron al destierro a decenas de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos en la última década.
“A este gobierno le quedan 16 meses y por eso venimos a pedir lo mínimo: una política pública de Estado para un exilio digno y un retorno seguro, con institucionalidad, con presupuesto y con equipo”, afirmó durante el acto la activista indígena y comunicadora Andrea Ixchíu, quien retornó temporalmente al país tras casi cinco años exiliada.
El informe detalla que el 93 % de las persecuciones registradas se concentraron en los últimos ocho años, una arremetida judicial articulada durante el mandato de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de atentar contra el Estado de derecho.
