PolíticaEl mandatario reconoce que el Estado mantiene una deuda con las personas que, según un informe, fueron perseguidas y criminalizadas.
El presidente Arévalo describe el mecanismo como una coordinación entre la Presidencia, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Procuraduría General de la Nación.
También menciona que buscará el apoyo del Ministerio Público y de otras instituciones del sector justicia para acciones relacionadas con la utilización de procesos penales y el acceso de las personas exiliadas a información sobre su situación jurídica.
Añade que fortalecerá los mecanismos de atención para periodistas, defensores de derechos humanos, autoridades de los pueblos indígenas y operadores de justicia.
Con información de Paula Carranza.
