A contraluzLa excesiva burocracia bloquea el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
La posibilidad de cambiar de compañía telefónica sin perder el número es un derecho consolidado desde hace años en muchos países. En Guatemala, la burocracia se ha encargado de retrasar 14 meses el ejercicio de ese derecho. El 12 de noviembre del año pasado, el Congreso aprobó el decreto 14-2025, Ley de Portabilidad Numérica, luego de lo cual debió elaborarse el reglamento técnico y administrativo. Sin embargo, se ha convertido en un ir y venir de entidad en entidad, que solo entorpece su puesta en práctica.
El propósito de la norma es sencillo: permitir que los usuarios puedan cambiar de operador conservando su número telefónico. Esta medida buscaría fortalecer la competencia entre las empresas, ampliar las opciones para los consumidores y evitar que continúen siendo cautivos de las empresas.
El problema es que el expediente se encuentra en un ruleteo interminable que va de la Superintendencia de Telecomunicaciones al Ministerio de Comunicaciones, de ahí a la Procuraduría General de la Nación, de vuelta al Ministerio y luego a la Secretaría General de la Presidencia. Cada entidad añade o revisa los dictámenes jurídicos. ¿Por qué ocurre eso? Porque no existe en este gobierno una autoridad que ponga un alto a ese ritual burocrático.
