Hasta ahora, el Ministerio del Interior había cifrado en 72.000 el número de personas que entraron irregularmente en Ceuta el 30 de julio, y aseguró además que en los días siguientes volvieron al país magrebí unas 70.000. Sin embargo, fuentes del Gobierno han comenzado a elevar la primera cifra hasta 80.000, en línea con lo que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lleva tiempo diciendo. Ayer, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también incrementó implícitamente el número, ya que ha pasado de señalar que quedaban 2.000 personas por retornar a Marruecos a hablar de 5.000. La mitad de ellas son menores no acompañados y la otra mitad, potenciales solicitantes de asilo en nuestro país.Es bueno ir acotando la dimensión del problema que vive Ceuta. A ello contribuyen cifras como las citadas. Si estas cifras aclaran en cierta medida la dimensión del problema, los plazos para su resolución efectiva siguen en el aire. Esto es de por sí preocupante. Y más lo es, si cabe, que Vivas manifieste que podría estar a punto de producirse otra entrada masiva en la ciudad autónoma, vulnerando su frontera. La intrusión de finales de julio ya fue muy lesiva para la imagen de la Administración pública española, que a efectos prácticos actuó como si no la hubiera previsto. Su repetición en tan corto plazo sería todavía más grave. No habríamos aprendido nada de los graves hechos sucedidos.En el río revuelto de la inmigración irregular hay muchos pescadores oportunistas. Sus opiniones engrosan, pero por desgracia no iluminan, el debate ciudadano al respecto. De hecho, más bien lo enturbian. Probablemente, porque su prioridad es sacar provecho de la coyuntura y ganar apoyo popular a sus tesis. El caso de las primeras ministras de Italia y Dinamarca, también los de otros dirigentes europeos, corrobora lo dicho. Utilizan la crisis de Ceuta como un instrumento con el que defender sus posiciones en la escena comunitaria. En algunos casos, como el de Giorgia Meloni, con muy escasa seriedad, puesto que el número de inmigrantes ilegales que arriban a las costas italianas es superior al que reciben las costas españolas.En la escena nacional, el PP ha anunciado que va a llevar al Tribunal Constitucional al ministro Grande-Marlaska, con el propósito final de castigarle legalmente por su incomparecencia ante una comisión del Senado, Cámara que controla dicho partido y, en ocasiones, no duda en usar a modo de ariete en su constante labor de desgaste del Gobierno.El Gobierno admite ahora que entraron 80.000 personas y quedan 5.000 por volverTodo ello, dado el agrio tono de la política española, quizás sea ahora lo previsible. Pero el ambiente enrarecido no debe hacernos olvidar la esencia del problema, que es de enorme complejidad y trascendencia, y requiere de mucha mano izquierda si de veras se aspira a reconducirlo, y no digamos si además eso se quiere hacer con cierta premura.La situación por la que atraviesa Ceuta desde hace dos semanas, con las calles ocupadas por jóvenes inmigrantes sin recursos, los servicios de asistencia saturados y el comercio y la vida ciudadana en general muy afectados, exige una solución a la mayor brevedad posible. Una ciudad de 83.000 personas se ve forzada ahora a acoger a 5.000 más.Ayer, Marlaska anunció el envío de una veintena más de funcionarios (sobre el terreno había seis) para agilizar los trámites de expulsión según lo regulado por ley. Aun así, en Ceuta da la sensación de que su presidente tiene razón cuando se lamenta de que el Estado no se apresura todo lo que debería.Tampoco puede decirse que la oposición esté ayudando mucho. Pese a coincidir con el Gobierno en que los menores migrantes no pueden permanecer en Ceuta y deben ser retornados, discrepa sobre cómo gestionar la situación mientras tanto. Ayer, en la reunión preparatoria del próximo plenario de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de finales de mes, se produjo un nuevo choque (los representantes del PP se negaron a incluir un punto sobre los menores en Ceuta en la agenda de dicha conferencia). Y los consejeros responsables de infancia de tres comunidades, afiliados a Vox, ni siquiera acudieron al encuentro, puesto que desde el inicio ya se desentendieron de los menores de Ceuta.Oposición y Ejecutivo coinciden en el retorno de los menores, pero discrepan en su gestiónLos flecos de la crisis ceutí se están alargando más de lo conveniente. Su resolución se demora. No debería ser así. Mientras se cruzan reproches interesados, desde Madrid o desde ciudades más lejanas, Ceuta vive inmersa en una situación que sus autoridades y ciudadanos coinciden en calificar de insostenible, preguntándose hasta cuando va a durar.