El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos contra 11 personas señaladas de participar en una red que habría ayudado a cientos de ciudadanos chinos a obtener fraudulentamente la residencia permanente mediante matrimonios falsos con ciudadanos estadounidenses.Según la autoridad, los ciudadanos estadounidenses que aceptaban participar podían recibir hasta $30,000 por casarse de manera ficticia con inmigrantes que buscaban conseguir una Green Card. Los responsables de la operación, que habría sido coordinada desde Nueva York, podían cobrar hasta $100,000 por cada residencia, generando decenas de millones de dólares durante aproximadamente una década.Las autoridades aseguran que el grupo organizó más de 1,000 bodas falsas para ayudar a ciudadanos chinos a conseguir la residencia permanente en EE. UU. (Foto referencial: Freepik) / Baliuk OlegUna red que habría organizado más de 1,000 bodasLas autoridades creen que el grupo estuvo detrás de más de 1,000 matrimonios fraudulentos, por lo que describieron el caso como una de las mayores investigaciones por fraude matrimonial en la historia de Estados Unidos.El fiscal general Todd Blanche señaló que no se trataba de una operación improvisada, sino de una estructura que funcionó durante años. “Este esquema no fue una operación rápida y pasajera, sino una industria multimillonaria que durante años ayudó criminalmente a personas que, de otro modo, no podrían o no tendrían permitido convertirse en ciudadanos de Estados Unidos”, afirmó Blanche ante los periodistas, informó el medio NBC 4 New York.Según las autoridades, los acusados reclutaban a ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con inmigrantes a cambio de dinero. Después organizaban las ceremonias y, en algunos casos, incluso preparaban fotografías familiares en restaurantes y otros lugares para intentar convencer a las autoridades de que las relaciones eran reales.Los ciudadanos estadounidenses que participaban podían recibir hasta $30,000, mientras que los responsables cobraban hasta $100,000 por cada Green Card. (Foto referencial: Freepik) Así habría funcionado el supuesto fraudeTras crear la apariencia de un matrimonio legítimo, los responsables ayudaban a los inmigrantes a avanzar en el proceso para solicitar la residencia permanente legal. El objetivo era presentar las relaciones como auténticas ante las autoridades migratorias, pese a que, según la acusación, se trataba de acuerdos realizados a cambio de dinero.Blanche también advirtió sobre las consecuencias que, según él, tienen este tipo de operaciones para el sistema migratorio estadounidense. “Estos esquemas tienen un costo real. Le quitan a nuestro país la capacidad de saber quién debería y quién no debería tener permitido estar en Estados Unidos”, declaró.El fiscal general Todd Blanche calificó el esquema como una operación de varios años que habría generado decenas de millones de dólares. (Foto referencial: Pixabay) Los cargos se presentan mientras la administración Trump mantiene una política de mayor control sobre la inmigración legal e ilegal y busca endurecer las condiciones para determinar quién puede ingresar al país o acceder a determinados beneficios migratorios.Cabe agregar que los 11 acusados incluyen también a personas señaladas de participar en la celebración de los matrimonios fraudulentos. La acusación fue presentada en Nueva York y, hasta el momento de la información, no estaba claro si todos los involucrados ya contaban con abogados que pudieran pronunciarse públicamente en su nombre.Las severas consecuencias legales por armar bodas falsas en EE. UU.Organizar bodas falsas o redes de matrimonios fraudulentos en Estados Unidos constituye un grave delito federal tipificado principalmente bajo las leyes de inmigración. Los organizadores y promotores de estos esquemas se enfrentan a procesos judiciales severos que pueden incluir cargos por conspiración, declaraciones falsas y fraude migratorio.Las sanciones legales contemplan penas de prisión que pueden extenderse hasta varios años, dependiendo de la magnitud de la red y del número de casos gestionados, acompañadas de multas económicas que alcanzan los 250,000 dólares según el DOJ. Asimismo, las autoridades federales pueden confiscar los bienes o ganancias obtenidos ilícitamente a través de estas operaciones.