El interés expresado por el flamante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y por el nuevo Gobierno de Perú, encabezado por Keiko Fujimori, para incorporarse al Escudo de las Américas vuelve a poner sobre la mesa el alcance de esta iniciativa promovida por Estados Unidos y el efecto que podría tener sobre la seguridad regional. Mientras que Ecuador forma parte de esta alianza desde marzo pasado, la eventual adhesión de los dos países vecinos reuniría bajo un mismo espacio político a tres de los principales corredores del narcotráfico en Sudamérica, además de dos de los mayores productores de cocaína del mundo.El Escudo de las Américas fue presentado por el presidente estadounidense Donald Trump durante una cumbre realizada en Miami el 7 de marzo de 2026, en la que participaron doce mandatarios de América Latina y el Caribe, entre ellos el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La iniciativa plantea fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas a la seguridad hemisférica.PublicidadEl interés por ampliar el Escudo de las Américas tomó fuerza tras las declaraciones de los nuevos Gobiernos de Colombia y Perú. Abelardo de la Espriella confirmó que buscará incorporar a su país a la iniciativa e incluso anunció la apertura de una oficina de aquella en Medellín, al señalar que esa ciudad es un punto clave en la lucha contra el narcotráfico.En Perú, Keiko Fujimori también ratificó su intención de sumarse a la alianza. PublicidadPublicidadEl canciller Carlos Espá aseguró que continuarán los avances para concretar la incorporación, mientras que el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, afirmó que la mandataria busca integrar al país al bloque para fortalecer el combate contra el crimen organizado transnacional.Qué implicaría la incorporación de Colombia y PerúPara el analista internacional y catedrático de Flacso Adrián Bonilla, el alcance real de la iniciativa todavía es limitado. A su criterio, el Escudo de las Américas “es básicamente una alianza política” y no constituye un tratado internacional ni un organismo con obligaciones jurídicas para los Estados.“No hay documento firmado ni compromisos adquiridos por los Estados integrantes; es un acuerdo de carácter político que tiene objetivos muy superficialmente definidos”, explicó Bonilla. Agregó que la incorporación de Colombia y Perú podría abrir la puerta a que en el futuro se formalicen mecanismos con mayores compromisos, pero sostuvo que actualmente “no llega a tener formalidad”.Desde otra perspectiva, Santiago Pérez, analista internacional y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), considera que el ingreso de ambos países sí tendría implicaciones estratégicas para la región. Señaló que la propuesta forma parte de la estrategia de seguridad nacional impulsada por Trump, orientada a fortalecer la influencia estadounidense en el hemisferio occidental mediante la cooperación frente al crimen organizado transnacional.Pérez sostuvo que Colombia y Perú representan piezas relevantes dentro de esa estrategia debido a su ubicación geográfica y a su papel dentro de las rutas del narcotráfico. “Ecuador está envuelto en la gran autopista del crimen organizado transnacional. Tienes los corredores de la droga que pasan desde Colombia y Perú como máximos productores de cocaína en el mundo”, afirmó.Aunque ambos analistas coinciden en que la cooperación entre los tres países podría fortalecerse, difieren sobre cuánto cambiaría respecto de la situación actual.PublicidadBonilla recordó que Ecuador, Colombia y Perú mantienen desde hace décadas mecanismos de intercambio de inteligencia y coordinación bilateral en materia de seguridad, independientemente del signo político de sus Gobiernos.“Los tres países han trabajado en términos de intercambio de inteligencia y otras actividades conjuntas; tienen un mismo esquema de cooperación. El que sus Gobiernos sean afines políticamente podría ayudar a ampliar aquello que ya existe, pero el Escudo no contempla por el momento ningún tipo de estructura adicional que permita ampliar la cooperación”, señaló.Pérez, en cambio, considera que integrar a los tres países dentro de un mismo espacio político podría facilitar una respuesta regional frente a organizaciones criminales que operan de manera transnacional.“La lucha aislada contra el crimen organizado tiene efectos muy reducidos. Si podemos generar canales de cooperación, compartir inteligencia desde la perspectiva militar y policial para contener en conjunto la amenaza, estamos hablando en otros términos”, indicó.Ecuador ante un eventual bloque regional de seguridadRespecto a Ecuador, ambos especialistas también mantienen posiciones distintas sobre los beneficios concretos que podría recibir.Bonilla considera que, mientras el Escudo de las Américas no evolucione hacia un mecanismo con compromisos específicos, el país no obtendrá ventajas adicionales a las que ya existen mediante acuerdos bilaterales.“Como está planteado ahora, no llegamos a la formalización ni adquisición de compromisos que no sean retóricos”, afirmó.Pérez, por el contrario, sostiene que Ecuador podría aumentar su importancia estratégica para Estados Unidos si Colombia y Perú se incorporan formalmente a la iniciativa.“Alineados Colombia, Perú y Ecuador con Washington se configura un eje geográfico continuo en el Pacífico sudamericano. Eso podría significar mayores recursos para inteligencia, cooperación tecnológica, capacitación para las Fuerzas Armadas e intercambio de información”, explicó.En cuanto a la viabilidad del ingreso de ambos países, los dos especialistas coinciden en que el proceso podría concretarse rápidamente.Bonilla explicó que, debido a que el Escudo de las Américas no posee una estructura institucional formal, “basta con una declaración del presidente o de la Cancillería” para anunciar la incorporación al bloque.Pérez comparte ese criterio y considera que la adhesión responde principalmente a decisiones políticas previamente trabajadas entre los Gobiernos y Washington, más que a procedimientos jurídicos complejos.No obstante, el docente de la UTPL advirtió que uno de los principales desafíos será evitar que la cooperación dependa exclusivamente de Gobiernos ideológicamente afines.“Una arquitectura de seguridad debe sobrevivir a las alternancias ideológicas. Si depende únicamente de Gobiernos cercanos a una Administración estadounidense determinada, puede debilitarse cuando esos Gobiernos cambien”, sostuvo.Además, señaló que el combate al crimen organizado no puede centrarse únicamente en el componente militar.“Lo importante no será aumentar solamente la cooperación militar, sino reconstruir la capacidad del Estado mediante el fortalecimiento de la justicia, el combate a la corrupción y la recuperación del control institucional de los territorios”, manifestó.En ese punto, Bonilla también llamó a diferenciar los anuncios políticos de la implementación de políticas públicas concretas. “Se adhieren a unos objetivos propuestos por Estados Unidos, pero no es más que una enunciación de voluntades”, concluyó. (I)