Profesor Principal y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana de la PUCP. Doctor en Ciencia Política y...
Hace unos días, la presidenta electa Keiko Fujimori señaló que el Perú buscará adherirse al “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas). Este proyecto, promovido por el gobierno de Donald Trump, busca formar una coalición de países que cooperen para hacer frente a las amenazas a la seguridad existentes en el hemisferio occidental. No obstante, hay tres razones para considerar esta adhesión como inconveniente:
La primera razón radica en que se trata de una iniciativa que muy probablemente solo vaya a existir mientras Trump se encuentre en el poder. Al igual que la “Junta de Paz”, que surgió para supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza luego de la destrucción causada por Israel y que pretendería reemplazar a las Naciones Unidas, el “Escudo de las Américas” solo se entiende como parte de una narrativa que Trump busca imponer en el mundo. Muchos países latinoamericanos, por afinidad ideológica o por miedo ante el accionar prepotente de la potencia mundial, terminan alineándose.
La segunda razón está relacionada con la forma como esta iniciativa enfrenta la problemática de la seguridad. Si bien resulta de mucha importancia que los países que sufren el flagelo de la delincuencia transnacional busquen crear mecanismos institucionales que favorezcan la cooperación, puede resultar un “arma de doble filo” el hecho de que el “Escudo de las Américas” considere a estas organizaciones ilícitas como grupos terroristas. Ya existen suficientes problemas para definir a nivel internacional el fenómeno del terrorismo como para incluir más actividades ilícitas dentro de dicho concepto. Para darle importancia a una actividad ilícita no es necesario llamarla terrorismo, pero vende. Además, la “guerra contra el terrorismo” le da a EE. UU. la posibilidad de utilizar la fuerza sin permiso del Congreso. Esta lógica justifica la intervención militar en Venezuela o cualquier futuro ataque que pueda realizar contra estas organizaciones en el territorio de algún país latinoamericano. Tanto hemos preservado el “principio de no intervención” como para acabar destruyéndolo.
