Este mini diálogo, que ha circulado en redes sociales después de conocerse el Convenio del Servicio Andaluz de Salud con los Arzobispados andaluces para el pago de capellanes hospitalarios, refleja con simpleza y fuerza la realidad de nuestro sistema sanitario andaluz. Reducción de recursos, recortes en los cuidados y atención sanitaria y gastos inexplicables y sin sentido como los 7 millones de euros de ese convenio.
El texto pretende justificar el acuerdo como casi una obligación de las distintas normativas jurídicas
Este convenio que se firmó el 29 de mayo de este año, es continuación del existente desde diciembre de 1986, que responde al acuerdo marco estatal de 1985 y que desarrolla los acuerdos con el Vaticano de 1979. Existen otros similares en las distintas comunidades del Estado español, aunque no es un asunto muy conocido por la ciudadanía. Sin embargo, durante todo este tiempo hemos venido encontrando sacerdotes deambulando por las salas de los hospitales públicos como cualquier otro personal sanitario. Se podían considerar como tal, toda vez que recibían hasta hace poco la nómica directamente de la gerencia. Esto ha cambiado desde 2021, tras una sentencia del tribunal superior de Justicia de Galicia que deja claro que estos capellanes no pueden ser considerados personal del servicio de salud. Desde entonces el Servicio de salud transfiere la cantidad convenida a los obispados para que ellos paguen a los capellanes, sin que nada cambie. En el ejército los capellanes forman parte de la estructura, como un cuerpo más, con sus grados, sus ascensos, etc.
