Cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentó el teléfono 112 Okupación en junio de 2022, lo hizo como una de las principales herramientas de la Comunidad de Madrid para combatir un fenómeno que situó entre sus prioridades políticas. Cuatro años después, la actividad del servicio sigue una dirección distinta: las llamadas descienden y los principales indicadores oficiales sobre okupación también muestran una tendencia a la baja. Sin embargo, el Ejecutivo ha ampliado sus funciones.La caída se desprende de la documentación obtenida por EL PAÍS a través de una solicitud de acceso a la información pública, que permite reconstruir la evolución del servicio desde su creación. Durante los poco más de seis meses en los que estuvo activo en 2022 recibió 1.179 llamadas, cifra que aumentó hasta las 1.552 en 2023, su máximo histórico. Desde entonces, la actividad ha descendido: 1.039 consultas en 2024, 994 en 2025 y apenas 327 en los cinco primeros meses de este año. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 registró 869 llamadas, lo que supone una media de 2,38 al día.La caída se produce pese a que el Ejecutivo madrileño ha ido reforzando progresivamente un dispositivo que se inauguró para que los ciudadanos pudieran alertar de posibles okupaciones y los propietarios recibieran orientación sobre sus derechos y los procedimientos a seguir. En mayo de 2025, Ayuso firmó un protocolo con el Colegio de la Abogacía de Madrid, el de Abogados de Alcalá de Henares y el de Procuradores de Madrid para ofrecer asesoramiento y representación gratuitas a las personas afectadas por la okupación de viviendas. En la presentación de ese acuerdo, aseguró que la Comunidad “no iba a ponerse de perfil” ante la okupación ilegal y anunció que los afectados también dispondrían de atención psicológica en la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).Meses después, desde el 1 de enero de 2026, se amplió la atención a conflictos relacionados con la denominada “okupación no delincuencial” o inquiokupación, es decir, supuestos derivados del incumplimiento de contratos de arrendamiento. Según la respuesta del Ejecutivo, se han gestionado un total de 75 expedientes en este ámbito, lo que “refleja la progresiva ampliación del espectro de situaciones atendidas dentro del servicio”. Sin embargo, la ampliación no ha supuesto una mayor demanda de este teléfono que se encuentra integrado en el Centro de Coordinación Municipal (Cecom), desde donde también se gestionan otros recursos de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. La serie histórica muestra que las consultas continúan descendiendo. Se han recibido un total de 5.091 llamadas desde su puesta en marcha hasta mayo de 2026, aunque no todas están relacionadas directamente con okupaciones. Según la documentación remitida por la Comunidad, 3.679 consultas corresponden “específicamente con cuestiones vinculadas a la okupación de inmuebles”, pero no se detalla el motivo de las 1.412 restantes. Lo que sí se detalla es que, desde junio de 2022, ha habido 327 llamadas relacionadas con okupaciones recién detectadas, mientras que la mayoría se realizan para solicitar información sobre la okupación.Un hecho relevante es que las cifras no diferencian entre interlocutores, de manera que una misma persona puede haber realizado varias llamadas por un mismo caso. Entre toda esa actividad, el Gobierno asegura que “el servicio ha contribuido a evitar 56 intentos de okupación de viviendas, gracias a la activación inmediata de los mecanismos de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.Bajan los indicadores oficialesLa tendencia a la baja de las llamadas al 112 Okupación coincide con la de otros indicadores oficiales. Uno de los más habituales son los hechos conocidos por allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, contabilizados por el Ministerio del Interior. Es decir, las denuncias que registran la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad autonómicas. En la Comunidad de Madrid pasaron de 1.451 en 2024 a 1.269 en 2025, un descenso del 12,5 %. En el conjunto de España, la reducción fue del 9,4%, hasta los 14.875 casos registrados.El Código Penal no tipifica la okupación como delito, sino que sanciona la usurpación. Esta consiste en acceder sin autorización a un inmueble deshabitado, normalmente sin violencia, y contra la voluntad de su propietario. Distinto es el allanamiento de morada, que se produce cuando alguien entra o permanece sin permiso en una vivienda habitada. En este último caso se trata de un delito más grave y, una vez acreditado que el inmueble constituye la morada del denunciante, las fuerzas de seguridad pueden proceder al desalojo de forma inmediata.A preguntas de EL PAÍS, la Delegación del Gobierno ofrece otra estadística, referida al número de viviendas okupadas en el ámbito de actuación de la Policía Nacional en la región. Esta también sigue una tendencia descendente: en 2023 la cifra era de 2.532, frente a las 1.331 de 2024 y las 766 de 2025. La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con un parque estimado de 3.054.762 viviendas. En el mes de noviembre, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se refirió a esta reducción y tildó “de gravedad máxima” e “irresponsable” lo que describió como una estrategia para generar miedo en la población, a pesar de lo que señalan las cifras. El diputado de Más Madrid en la Asamblea Hugo Martínez Abarca asegura que “el supuesto problema de la okupación nunca ha sido un problema real” y considera que tiene una “ínfima incidencia en la realidad”. “Ayuso, como el conjunto de la derecha, ha utilizado la okupación para no afrontar la crisis de la vivienda. Cuando millones de personas no pueden acceder a una casa porque la especulación, los fondos buitre y los grandes tenedores ponen precios imposibles, este invento hace que parezca que las verdaderas víctimas de esta crisis son los propietarios”, zanja. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran una evolución similar en los procedimientos relacionados con conflictos de alquiler. Los desahucios derivados del impago de rentas en la Comunidad de Madrid, pasaron de 2.375 en 2024 a 1.931 en 2025. La tendencia a la baja continuó durante el primer trimestre de 2026, cuando se ejecutaron 454 por esta causa, un 26,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. A ello se suma el descenso de los juicios verbales por ocupación ilegal de vivienda: entre enero y marzo ingresaron 28 procedimientos en la región, un 57,6% menos que en el primer trimestre de 2025.