La caja del impuesto a los combustibles, los gobernadores y los votos en el Congreso quedaron unidos por una misma trama en la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. Acusó al Gobierno de Javier Milei de haber utilizado fondos viales destinados exclusivamente por ley a hacer y mantener rutas para presionar a las provincias y a sus gobernadores y conseguir la aprobación exprés de sus principales proyectos legislativos. A partir de la Ley 23.966, que estableció el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), se conformó una caja de recursos con asignación específica para el sistema vial. Parte de esa recaudación alimenta el Sistema Vial Integrado (SisVial), destinado a financiar obras de construcción, mantenimiento, rehabilitación y conservación de rutas. Dicho esto, la denuncia no hace más que ponerle nombre, apellido y cifras políticas a un dato que ya había sido revelado por PERFIL, en una investigación publicada el 2 de agosto por su editor de Economía, Ezequiel Orlando. Donde se informó que el Gobierno había recaudado $1,35 billones desde que asumió Luis Caputo a través del impuesto a los combustibles líquidos sin ejecutar esos recursos para el mantenimiento de las rutas nacionales.