La Gobernación de Risaralda declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta en todo el departamento tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto a las 7:34 de la mañana. Las medidas cobijan los 14 municipios y las zonas, sectores e infraestructuras que resulten afectados por el evento sísmico.Abelardo De La Espriella anunció que en Risaralda los afectados por el terremoto no pagarán servicios públicos por tres meses: “Alivio económico”La declaratoria de calamidad pública fue adoptada luego de que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres emitiera un concepto favorable por unanimidad. De acuerdo con el decreto, la decisión busca fortalecer la coordinación institucional, facilitar las acciones de respuesta y recuperación y adoptar medidas para proteger a la población y reducir los efectos derivados del movimiento telúrico.Entre las razones expuestas por la Gobernación se encuentra la necesidad de continuar con la evaluación de daños y análisis de necesidades, así como recopilar y consolidar la información entregada por los municipios, organismos de socorro y demás entidades competentes. El alcance definitivo de las afectaciones todavía se encuentra en proceso de determinación y verificación técnica.El decreto señala que, de manera inicial, se registró la afectación o colapso de edificaciones, algunas de ellas con reportes de personas atrapadas en su interior, además de información sobre personas fallecidas. Sin embargo, el documento aclara que las cifras relacionadas con personas fallecidas, lesionadas, desaparecidas, rescatadas, evacuadas y edificaciones afectadas tienen carácter preliminar y estarán sujetas a verificación y actualización permanente.La Gobernación también advierte que la ausencia de un consolidado definitivo de daños no impide adoptar medidas preventivas y de respuesta, debido a la posibilidad de afectaciones posteriores, daños estructurales que no sean evidentes inicialmente, interrupciones de servicios esenciales y la ocurrencia de réplicas u otros fenómenos asociados al sismo.La calamidad pública permitirá adelantar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción en las áreas afectadas. Para ello, el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo deberá ejecutar un Plan de Acción Específico, cuyo seguimiento y evaluación estarán a cargo de la Secretaría de Planeación Departamental y la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.La declaratoria tiene una vigencia inicial de seis meses y podrá ser prorrogada por otros seis meses, previo concepto favorable del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Además, las actividades contractuales relacionadas con la emergencia se desarrollarán bajo el régimen especial previsto para situaciones de desastre y calamidad pública.Gobernador de Risaralda confirma la muerte de 42 personas tras el terremoto de este lunesParalelamente, la Gobernación declaró la urgencia manifiesta en todo el territorio de Risaralda. Esta segunda medida permitirá a la Administración Departamental acudir a la modalidad de contratación directa para adquirir bienes, prestar servicios y ejecutar obras estrictamente necesarias para atender la emergencia.El decreto establece que estas contrataciones deberán tener una relación directa con los hechos que originaron la emergencia y estar sustentadas en las necesidades identificadas por las autoridades y dependencias competentes. La medida no podrá utilizarse para contratar bienes, obras o servicios que no estén relacionados con la situación generada por el sismo.Entre las necesidades contempladas se encuentran la asistencia y atención humanitaria, el alojamiento y la atención temporal, el transporte, la maquinaria y los equipos, los insumos y elementos de protección y atención, la evaluación técnica, la intervención y recuperación de infraestructura y otros requerimientos directamente vinculados con la emergencia.La Gobernación justificó la urgencia manifiesta en la necesidad de adoptar medidas inmediatas, debido a que los tiempos de los procedimientos ordinarios de contratación podrían afectar la oportunidad y eficacia de las acciones requeridas para atender la situación y evitar que sus efectos se agraven.Además, las dependencias que adelanten contrataciones deberán documentar las necesidades que las motivan y conservar los antecedentes, informes técnicos, evaluaciones de daños y necesidades, solicitudes, presupuestos, estudios y demás soportes que permitan demostrar la relación directa entre cada contratación y la emergencia.Mientras avanzan las labores de evaluación y respuesta, la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo continuará haciendo seguimiento a las necesidades identificadas y suministrando la información requerida para orientar las actuaciones administrativas y contractuales.La Gobernación estableció que los contratos derivados de la urgencia manifiesta deberán ser remitidos a la Contraloría Departamental de Risaralda, junto con el acto administrativo y el expediente correspondiente, para el respectivo control fiscal. La medida permanecerá vigente mientras subsistan las circunstancias que dieron origen a la declaratoria.