NoticiaAbelardo De La Espriella asumió con la promesa de recuperar el control de la seguridad, combatir el narcotráfico y golpear a los grupos armados ahora.Abelardo De La Espriella, junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, durante la ceremonia de posesión presidencial del 7 de agosto, en Cali. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO. @mauriciomorenofotoEDITOR MESA09.08.2026 22:01 Actualizado: 09.08.2026 22:01
Madrugó el presidente Abelardo De la Espriella a empezar a corregir los desastres en seguridad y orden público que heredó de Gustavo Petro: no se había aún posesionado y ya el Inpec estaba coordinando el traslado de un centenar largo de esos presos que, en aras de las equívocas políticas y decisiones del pasado gobierno, parecían no estar pagando condena sino de vacaciones en varias cárceles del país. Entre ellos están varios de los capos del ‘tarimazo’, jefes de las más temibles bandas del Valle del Aburrá que en estos años lograron un régimen de privilegios al amparo de la ‘paz total’. Además de las necesarias medidas para tratar de imponer control en los pabellones desde donde mandaban –seguro aún lo hacen– los ‘duros’ de la cárcel de Itagüí, queda pendiente el capítulo de la investigación sobre las opacas movidas de la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta en ese y otros centros penitenciarios. Mucho tiene para contarles al país y a la Corte Suprema de Justicia la actual cúpula del Inpec sobre el poder que terminó ejerciendo la controvertida congresista en los últimos cuatro años. Con total sentido común, el nuevo gobierno llega decidido a corregir de plano la errática lectura de su antecesor en materia de cultivos de coca. Pretender, como lo hizo Petro, olvidarse de combatir los narcocultivos nos tiene en la situación de hoy, con las mayores áreas sembradas con la hoja en la historia (263.000 hectáreas) y la producción potencial de cocaína por encima de las 3.000 toneladas métricas: al menos 15 veces la droga que producían acá y la que movían desde Perú y Bolivia los narcos colombianos en tiempos de Pablo Escobar.Más coca en las regiones significa más familias de la periferia al arbitrio de los grupos armados que controlan el negocio y menos presencia estatal. Por eso hay que volver a la erradicación manual, que se abandonó en este gobierno, y al uso de nuevas tecnologías, que las hay, que cumplen con las órdenes de la Corte Constitucional para reactivar la fumigación aérea sin mayores daños colaterales para la vida humana y el medioambiente. Pero la mano dura, que es la única que entienden las mafias, no lo es todo: esas comunidades que nunca le han conocido la cara al Estado siguen esperando. Sin ganárselas con opciones reales de equidad y de desarrollo –que tampoco se vieron mucho en los pasados cuatro años– no va a ser posible arrancar de las economías ilícitas a miles de colombianos que ven en ellas la única salida viable para sostener a sus familias.Fuerte y claro, el presidente De la Espriella dijo el 7 de agosto que no habrá diálogos de paz. Los tristes resultados del experimento de Petro le dan argumentos, pero no son un cheque en blanco: se necesitan victorias tempranas, golpes contundentes contra los capos del Eln hoy en desbandada en y desde Venezuela, los de las disidencias y los del ‘clan del Golfo’, que tuvieron años de ‘vivir sabroso’ y que ahora vuelven a estar en la mira. La renovada alianza con EE.UU. va a ser clave en esta tarea. JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
