En una decena de pronunciamientos públicos y entrevistas, el presidente Abelardo De La Espriella cuestionó fuertemente la falta de medidas que se han tomado en Colombia para reparar económicamente a las millones de víctimas del conflicto armado colombiano. En entrevistas a medios de comunicación, así como pronunciamientos desde la plaza pública y en sus redes sociales, De La Espriella señaló que la impunidad para los victimarios seguía latente, mientras que la desprotección de las víctimas era una constante. Para el nuevo mandatario, el andamiaje actual -encabezado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y administrado financieramente mediante la Sociedad de Activos Especiales (SAE)- ha quedado en deuda con las víctimas, atrapado entre la ineficacia administrativa, la falta de monetización de bienes y penas que califica casi indulgentes.¿Y el futuro de la JEP? A De La Espriella le parece un “bodrio”, pero su desmonte es muy difícil. SEMANA explica por qué“Los únicos que han perseguido ahí (en referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-) son a los miembros de la Fuerza Pública, porque a los bandidos criminales de lesa humanidad de la Farc no les ha pasado nada. Ni siquiera la plata han tenido que devolver para reparar a la gente que destruyeron”, señaló De La Espriella en una entrevista radial el 6 de mayo.Por esto, propuso una serie de medidas con el fin de reparar económicamente a las familias que se vieron obligadas a salir de sus territorios por culpa del conflicto armado, así como aquellas que perdieron a seres queridos por la confrontación armada. Ataque guerrillero en Gutiérrez Cundinamarca, perpetrado por las Farc en 1999 Foto: Guillermo Torres /SemanaPor esto, una de sus principales propuestas fue fortalecer los mecanismos para entregar los bienes incautados a las organizaciones criminales y grupos dedicados al tráfico de drogas, con el fin de reparar a las víctimas. El fortalecimiento de la figura de “extinción de dominio exprés” para reducir los tiempos procesales de expropiación tanto de bienes inmuebles como capitales vinculados a economías ilícitas. Todo esto, para redirigirlos al Fondo para la Reparación de las Víctimas.La estrategia busca cambiar la lógica de la reparación: desplazar la dependencia de los inventarios entregados voluntariamente por los grupos armados ilegales hacia una ofensiva judicial e investigativa impulsada desde el Estado.Contraloría advierte que Farc no ha entregado todos los bienes pactados en el acuerdo de paz: incluso dieron dólares falsosDesde el equipo de campaña de Abelardo De La Espriella se ha advertido la falta de claridad y transparencia sobre los supuestos bienes que han entregado los excomandantes de las Farc a la JEP, así como las acciones de este tribunal creado tras el Acuerdo de Paz para reparar a las víctimas. A esto se le suman las cuestionadas “sanciones propias” que ha emitido la JEP en contra de los exintegrantes del Secretariado de las Farc -entre ellos Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko- por los hechos relacionados con el secuestro de civiles, dirigentes políticos e integrantes de la Fuerza Armada, quienes fueron usados -en muchos casos- como moneda de cambio para presionar al Gobierno con el llamado “intercambio humanitario”.“No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación”, publicó De La Espriella el pasado 14 de julio.La extinción de dominio exprés encuentra un catalizador clave en las fallas históricas de la monetización de activos para la indemnización, partiendo de los informes publicados por la Contraloría General de la República que ha puesto el dedo en la llaga sobre el incumplimiento del inventario de la guerrilla de las Farc, del cual solamente un pequeño porcentaje ha podido ser monetizado para el Fondo para la Reparación de las Víctimas.El manejo de muchos de los bienes ha sido catalogado como “inviable” puesto que están ubicados en zonas bajo control de otros grupos armados o son predios sin títulos saneados legalmente. Esto genera un trámite que históricamente es demorado. Alertan a Abelardo De La Espriella de 30 escándalos de supuesta corrupción en el Gobierno PetroIgualmente, los bienes que tiene la SAE presentan demoras en avalúos, un deterioro y falta de medidas para lograr los objetivos de reparación colectiva. Lucha contra los corruptos La misma figura de extinción de dominio exprés se aplicará al programa de lucha contra la corrupción que buscará, en tiempo récord, identificar e incautar los bienes de los corruptos. En el programa de Gobierno de Abelardo De La Espriella aparece una “ruta de restauración” para “limpiar la República” de los hechos que la han saqueado a la Nación: “recuperar dinero, golpear testaferros y desmontar patrimonios acumulados por corrupción”.2296 Foto: SEMANA“¡Qué tiemblen los corruptos porque la corrupción es el cáncer que está matando a Colombia. Voy a promover un proceso de extinción de dominio exprés contra esos bandidos que le meten mano a la plata pública para quitarles a los de siempre los bienes que hayan obtenido robándose la plata y el presupuesto del pueblo colombiano”, enfatizó De La Espriella. “Hay que promover una extinción de dominio exprés que me permita en 25 días quitarle las cosas a ellos,a sus testaferros y a sus familiares. Todo el mundo sabe, mira, que un gobernador, un alcalde, un funcionario, llega a un puesto y en 15 días aparecen las camionetas. La señora se hace latonería y pintura (...) Yo no sé si pueda extinguir la silicona de estos tipos pero de lo que si estoy seguro es que voy a extinguirles el dominio de los bienes y lo voy a sacar para siempre de la actividad pública”, indicó en una entrevista el pasado 7 de octubre de 2025, asegurando que tenía una “obsesión” en la lucha contra la corrupción. Abelardo De La Espriella lanza contundente advertencia a cabecillas de disidencias de las Farc y el Clan del Golfo: “Diez días”Una política enfocada en acelerar el proceso judicial para confiscar y quitarle a los corruptos las propiedades, bienes y cuentas bancarias adquiridas con recursos del erario, devolviéndolos a las finanzas del Estado. El plan de Gobierno documentó que, entre 2016 y 2022, de los 21,28 billones de pesos perdidos en Colombia a manos de la corrupción, apenas se ha logrado recuperar una fracción insuficiente de 9,28 billones. Frente a este déficit que le roba hospitales, carreteras y oportunidades al país, el candidato plantea una declaración de poder tajante: “Lo público es sagrado. No es botín político”.