AnálisisLos adolescentes continúan sin voz en el diseño de sus entornos, mientras el marco digital que habitan ya no depende de reglas escolares o familiares.Según la Comisiónde Regulación de Comunicaciones, solo unode cada diez padres y unode cada cuatro profesores entiende las aplicacionesque usan los niños. Foto: iStock08.08.2026 23:01 Actualizado: 08.08.2026 23:01
A finales de agosto, los estudiantes de los 412 colegios públicos de Bogotá empezarán a separarse del celular durante toda la jornada, también en el descanso y a la hora del almuerzo. La Secretaría de Educación no habla de prohibición absoluta. Prepara una resolución construida con las comunidades, diferenciada por edad, que reserva el uso pedagógico y libera el recreo para el juego y la conversación.La medida distrital llega mientras el país mueve otras piezas que casi no se hablan entre sí. El Decreto 0769 del 2026 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), que reglamenta la ley de entornos digitales seguros (la 2489 de 2025), ya fija deberes para colegios y plataformas. Y, por otro lado, un proyecto de ley busca prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. LEA TAMBIÉN Buena parte del debate atribuye a las pantallas y a la inteligencia artificial (IA) la caída de lectura y matemáticas que registran las evaluaciones internacionales. La preocupación es entendible y Colombia no está sola. La Unesco calcula que más de la mitad de los sistemas educativos del mundo ya restringen el teléfono en la escuela. Pero el foco apunta casi siempre al aparato y al estudiante que lo usa de más, y pocas veces a las empresas que diseñan esas pantallas o a la política pública que empieza a estructurarse pero no se articula para enfrentar el fenómeno. La conversación pública se concentra en dos preguntas de sí o no: si el teléfono entra al salón y si los menores pueden estar en las redes.Hay un dato que debería hacernos reflexionar sobre ese énfasis. Según un informe de la Universidad Javeriana, nueve de cada diez veces que un niño colombiano se conecta a internet lo hace desde la casa. Poco más de la mitad accede desde el colegio. La vida digital de la infancia no empieza en la primera clase ni se apaga cuando suena el timbre de salida. LEA TAMBIÉN Dos barrerasColombia quiere levantar dos barreras. Sacar el teléfono del colegio y regular por edad el acceso de los menores a las redes. Las dos responden a preocupaciones reales.El Decreto 0769 les pide a plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o Roblox que actúen con cuidado, que protejan por defecto los datos y la privacidad de los menores, que eliminen y reporten los contenidos que los pongan en riesgo y que frenen el perfilamiento comercial, el rastreo de ubicación y la captura de datos biométricos de niños.La cuestión es cómo se exige eso. El decreto lo plantea como autorregulación y adopción progresiva con informes semestrales. La ley europea de servicios digitales va más lejos. Obliga a auditorías independientes y a evaluaciones de riesgo públicas, e invierte la carga de la prueba, porque son las empresas las que deben demostrar que su producto es seguro antes de que llegue a un menor. Donde otros tratan el diseño que engancha como un defecto de fábrica que debe multarse, aquí todavía se confía en compromisos voluntarios. LEA TAMBIÉN Y está lo que se aplaza. La verificación de edad ya es una obligación, pero su definición técnica queda para una resolución del Mintic que llegará en un año. La Secretaría de Educación de Bogotá señaló ese vacío al presentar su medida. El marco nacional le resulta insuficiente justo en el capítulo que deja en manos de las empresas lo que debería ser obligación.Lejos del aulaSacar el celular del salón puede mejorar la atención, y la evidencia internacional lo respalda. El punto es que la mayor parte de esa vida digital sucede donde ninguna resolución escolar tiene alcance.Un piloto de la Secretaría, con 400 estudiantes de cinco colegios, midió la distancia entre lo que los jóvenes creen y lo que hacen. Calcularon que usaban el teléfono unas seis horas al día. El registro real de sus equipos marcó nueve. El aparato se guarda al entrar y se recupera a la salida, pero el grueso del uso llega después, de noche. La restricción escolar ordena la jornada y deja intactas las horas en las que el niño está solo frente a la pantalla.Hay, además, una fragilidad que los manuales de convivencia apenas alcanzan a cubrir. Nueve de cada diez niños y adolescentes no saben verificar si una información es verdadera ni proteger sus datos. Y las niñas cargan la peor parte. La evidencia que citan el Gobierno y el Distrito muestra que ellas concentran los mayores efectos sobre el sueño, la ansiedad y la imagen propia. La edad del primer teléfono, que se decide en la casa y no en el colegio, marca buena parte de ese riesgo. LEA TAMBIÉN El debate suele hablar de la infancia, pero hay otro grupo en riesgo. Más del 60 por ciento de los estudiantes de grado once pasan más de una hora diaria en internet por fuera de las tareas y tres de cada diez superan las tres horas. A esa edad el teléfono es más que un juguete de distracción. Es donde ocurren la amistad, el primer amor, la pelea, la tarea e incluso las proyecciones de la carrera que se va a seguir o el trabajo que se sueña.Con un muchacho de 16 años, guardar el aparato resuelve poco. Lo que vale es si aprendió a preguntarse de dónde salió lo que está viendo, quién gana con que siga ahí una hora más y a quién le cuenta cuando algo se sale de control. Nada de eso se enseña en una requisa de morral. Se requieren acuerdos que ellos ayuden a construir, porque son los primeros en admitir que lo que consumen les roba el sueño y la concentración.Aplazar el acceso sin enseñar a usarlo es ganar tiempo para desperdiciarlo. El día en que reciban el teléfono o entren a las redes, los soltaremos a un terreno para el que nadie los preparó.Quién responde por quéEl país acumula normas sobre lo mismo que casi no estamos relacionando. Esa desintegración se nota en lo que se le pide a cada quien. El Decreto 0769 fija deberes claros para los colegios, que deben actualizar su proyecto educativo y su manual de convivencia y montar protocolos contra las violencias digitales. A las plataformas se les recomienda, y en varios puntos se les pide apenas un compromiso propio. A las familias se les pide acompañar, sin precisar cómo. Al Estado se le da un año para definir lo que el decreto dejó pendiente, desde cómo se verificará la edad hasta qué cuenta como formación digital. LEA TAMBIÉN Dentro de un año se sabrá cuántos colegios cambiaron su manual. Será casi imposible saber si una aplicación cambió su diseño, porque sus informes serán semestrales y, en principio, reservados. El desplazamiento infinito de contenidos es una arquitectura pensada para retener al usuario durante horas. Sin regularla, será difícil avanzar. El actor más expuesto a la mirada pública, la escuela, es el que menos puede tocar esa arquitectura. Un padre podrá reclamarle al rector, pero no tendrá cómo saber qué cambió la aplicación que su hijo abre cada noche.Lineamientos, decreto, foros y manuales de convivencia terminan en el mismo lugar, un salón con 30 niños y un profesor. Pero por esa misma pantalla pasan cosas que el colegio no ve y para las que no está preparado. Un adolescente contactado por una banda criminal en un chat. Otro extorsionado con sus propias fotos. Otro que aprendió a odiar en un feed. Los tres responden hoy a normas distintas que casi no se citan entre sí.Lineamientos, decreto, foros y manuales de convivencia terminan en el mismo lugar, un salón con 30 niños y un profesor. Pero por esa misma pantalla pasan cosas que el colegio no ve y para las que no está preparadoÁlvaro DuqueLa ciberseguridad va por un carril, y la formación de los maestros, por otro. El decreto le pide al colegio capacitar a las familias, pero no dice con qué maestros, cuando a esos maestros todavía nadie los ha formado. Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, solo uno de cada diez padres y uno de cada cuatro profesores dicen entender las aplicaciones que usan los niños a su cargo.Restricción y acuerdoLas autoridades educativas que impulsan estas medidas admiten su límite. Las prohibiciones radicales terminan en el escape de siempre, el segundo teléfono escondido, el uso que se traslada al fin de semana. Guardar el aparato ordena la jornada, permite que miren al tablero y al profesor, que ya es algo. Pero no enseña a habitar el mundo digital. LEA TAMBIÉN El camino más efectivo es más largo y trasciende las prohibiciones. Construir acuerdos con las familias y los estudiantes, formar en ciudadanía digital, enseñar a dudar de lo que se ve y a reconocer quién diseñó la pantalla. Esa ruta, la del acuerdo antes que la orden, es la que hace que una regla siga viva cuando deja de ser noticia.El riesgo del momento va más allá de las alarmas. Está en contestar una catástrofe anunciada con la medida más fácil y aplaudida, guardar el teléfono, y dar por resuelto lo que apenas empieza.Detrás hay un riesgo mayor. Durante años le hemos pedido a la escuela que proteja, iguale, forme ciudadanía y cuide la salud mental, y ahora, además, que ordene la vida digital. Son tareas valiosas, pero se acumulan sobre la única que ninguna otra institución puede cumplir: enseñar a leer, escribir y razonar. Colombia sigue en deuda con ella. Por eso la carga no puede caer entera sobre el colegio. Hay que repartirla entre la escuela, la familia, el Estado y las empresas que diseñan las plataformas, y preguntarse, antes de sumar cada medida, qué aprendizaje concreto va a mejorar.La vida digital también decide qué cree un país y alimenta los discursos de odio de una sociedad partida en dos. Cuidarla es cuidar la deliberación pública de la que depende la democracia. Por eso el asunto es de toda la ciudadanía.El decreto dejó un año para las definiciones que faltan, y ese trabajo le queda al gobierno que se posesionó este 7 de agosto. No será poco el avance si se vinculan las normas existentes. Para eso casi que ni se requiere presupuesto. Que la resolución nacional adopte las definiciones que el Ministerio de Educación ya publicó, o que la Nación, Bogotá y el resto de las secretarías hablen el mismo idioma. LEA TAMBIÉN Lo demás es más lento y más costoso. Formar a los maestros no se resuelve dejando materiales para que se preparen por su cuenta, sin guía y sin un doliente en cada colegio que sostenga el proceso. Y formar a las familias abre un interrogante que nadie ha respondido.Una política pública se reconoce cuando cada pieza responde por las demás y alguien puede medir el resultado. Más allá de si el celular entra o no al colegio, la pregunta de fondo es otra. Si vamos a permitir que esa restricción se convierta en el sustituto barato de una política para toda la vida digital de niños y adolescentes, esa que ocurre, sobre todo, en la casa, mientras nosotros dormimos.(*) Ph. D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia). Docente e investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación mediática e informacional. Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
