El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que por ley debe presentar la administración saliente para que sea tramitado por el Gobierno que asumió el 7 de agosto, aún no ha iniciado su discusión en el Congreso y ya enfrenta reparos. Una bancada pidió devolverlo al Ministerio de Hacienda para revisar las cuentas que determinarán cuánto podrá gastar la administración de Abelardo De La Espriella el próximo año.Se trata del Centro Democrático, partido que a través de su cuenta de X informó que solicitará a las comisiones económicas del Congreso devolver el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que está aforado en 575,6 billones de pesos. “Esta solicitud se hace como un ejercicio de responsabilidad con el país, con el fin de permitirle al gobierno del presidente De La Espriella corregir los graves problemas que presenta el proyecto radicado por el gobierno anterior”, sostiene la publicación.Esta es la Colombia que recibe Abelardo De La Espriella: crisis de salud y un país dominado por los grupos armados ilegalesLa idea del Centro Democrático es presentar una proposición ante las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, que son las que discuten el presupuesto, con el objetivo de que el Ministerio de Hacienda, ahora en cabeza de Miguel Gómez Martínez, corrija y sustente varias de las fuentes de financiación incluidas por el presupuesto.Consideran que este proyecto de Ley requiere “enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos” antes de continuar su trámite, con el fin de verificar que cumple las normas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.Uno de los principales reparos está en los 30,2 billones de pesos de ingresos contingentes que contempla el presupuesto y cuya materialización depende de la aprobación posterior de una iniciativa que permita conseguir recursos adicionales.Con la propuesta de devolución del presupuesto, se busca que el Gobierno pueda precisar de dónde saldría ese dinero, cuál sería su base gravable, cuánto espera recaudar, cuándo entrarían los recursos y qué ocurriría con el gasto programado si el Congreso no aprueba esa fuente de financiación o el recaudo resulta inferior al proyectado.La faena prioritaria y dura que le espera al nuevo Gobierno: cuadrar las cuentasIgualmente, generan dudas otros 17 billones de pesos registrados como “Otros Recursos de Capital”. Según el planteamiento del Centro Democrático, Hacienda deberá explicar la naturaleza y origen de esos recursos y precisar si corresponden a operaciones de crédito, recuperación de activos, rendimientos financieros, excedentes de liquidez u otra fuente.También están bajo revisión aproximadamente $13 billones adicionales incluidos dentro de las rentas de capital. La proposición sostiene que el proyecto no contiene soportes técnicos suficientes para comprobar su origen, cuantificación, disponibilidad y posibilidad efectiva de recaudo.El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, deberá trabajar con el proyecto de presupuesto que radicó su antecesor, Germán Ávila. Foto: Foto 1: Juan Carlos Sierra. Foto 2: Ministerio de Hacienda / YoutubeEn conjunto, estos tres componentes suman alrededor de 60 billones de pesos, sobre los cuales el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe reclama mayor claridad.También buscan que las cuentas del presupuesto sean consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y la senda de ajuste de la regla fiscal. Además, piden incorporar las observaciones del Banco de la República y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.Finanzas públicas: Juan Camilo Restrepo plantea las cuatro prioridades del gobierno de Abelardo de la Espriella. “Timonazo”A esto se agregan las advertencias de la Contraloría General sobre posibles riesgos de desfinanciación y el creciente peso del servicio de la deuda en el gasto público, el cual podría limitar los recursos disponibles para funcionamiento e inversión.En el Centro Democrático también solicitaron explicar cómo las proyecciones de recaudo afectarían el Sistema General de Regalías, ante el riesgo de menores ingresos para financiar proyectos de inversión de las entidades territoriales.