La Asamblea Nacional de Nicaragua, pretende aprobar las reformas constitucionales en septiembre próximo. (Foto Asamblea Nacional)El matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo prepara una reforma constitucional que sus propios operadores políticos han bautizado con el lema “Estabilidad, Seguridad y Paz” y que la oposición nicaragüense en el exilio, junto con organismos de derechos humanos, califica como el punto final de cualquier posibilidad de alternancia en el poder. El texto, contenido en un documento de trabajo que circula entre diputados de la Asamblea Nacional bajo el título “Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua”, se articula en tres ejes que el propio borrador denomina Estabilidad, Cohesión y Seguridad, y Coherencia. PUBLICIDADLa Asamblea, controlada por una mayoría absoluta del Frente Sandinista, prevé llevarlo a votación en primera legislatura a inicios de septiembre. Estas son las claves de lo que contiene.Mandatos de siete años, y renovables. El cambio central de la reforma extiende a siete años el período de todos los cargos de elección popular y de los puestos sujetos a elección o ratificación por la Asamblea Nacional, frente a los cinco años que fijaba la Constitución de 1987 y los seis a los que el sandinismo ya los había llevado. El borrador agrega que el nuevo plazo será “renovable”. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, ha defendido la medida ante el plenario legislativo argumentando que un período más largo “asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad” para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Humano, y ha llegado a decir en público que un mandato de siete años “es algo que no te pueden cuestionar”. PUBLICIDADLa oposición y analistas independientes sostienen, por el contrario, que la ampliación no responde a necesidades de gestión sino al propósito de mantener indefinidamente en el poder a la misma cúpula, y recuerdan que el cambio alcanzará, según cálculos difundidos por medios independientes, a más de 6.700 cargos de elección popular.La exclusión de “golpistas” y “traidores a la Patria”. La reforma busca inhabilitar para ser candidato o para ejercer cargos públicos por designación o ratificación a cuatro categorías de personas: los “golpistas”, quienes hayan incurrido en actos que “menoscaben la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación de Nicaragua”, los “traidores a la Patria” y quienes hayan violentado los “principios fundamentales” de la Constitución. Ninguna de esas categorías está definida en el texto. PUBLICIDADPorras ha explicado públicamente, ante representantes del cuerpo diplomático, que la cláusula busca impedir la participación de quienes “viven pidiendo intervención militar” y celebran las sanciones internacionales contra funcionarios del régimen, a quienes calificó de “demonios”. Semanas antes, Daniel Ortega había adelantado que impulsaría leyes para levantar “un muro, un bloque a los golpistas”. Constitucionalistas y organismos de derechos humanos consultados por medios independientes advierten que, al no estar definidos los términos, la potestad de decidir a quién se aplican queda en manos de instituciones controladas por el propio oficialismo, empezando por el Consejo Supremo Electoral, lo que en la práctica habilita la exclusión discrecional de cualquier figura opositora.PUBLICIDADEl presidente de la Asamblea, el sandinista Gustavo Porras, ha expresado que el parlamento está "cumpliendo la orden del comandante" Ortega (Foto EFE)