0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialAntes del parón del verano, el Govern aceleró varias carpetas para arrancar el curso con parte de los deberes hechos y con el horizonte puesto en que algunas de sus iniciativas se aprueben antes de fin de año. Entre ellas, y dentro del objetivo de reformar y hacer más ágil la Administración, está el anteproyecto de ley de elaboración de disposiciones normativas.Según ha podido saber La Vanguardia, el último Consell Tècnic del curso –órgano que examina y evalúa las iniciativas legislativas antes de aprobarlas en el Consell Executiu– dejó lista la propuesta con la que se pretende unificar en una ley los procedimientos de elaboración de normas del Govern y que reduce sus plazos de tramitación en un tercio.El tiempo de tramitación de un anteproyecto de ley se acortaría de cinco a tres mesesDentro de sus competencias, el Ejecutivo catalán puede elaborar cinco instrumentos normativos que pueden tener rango de ley (es el caso de los proyectos de ley, los decretos ley y los decretos legislativos) o rango de reglamento (sean decretos u órdenes). Estos dos procedimientos normativos –leyes y reglamentos– están regulados por dos normas distintas, y el anteproyecto validado por el Consell Tècnic compacta esta dualidad en una única ley. De este modo se aplicarán los mismos trámites con independencia del rango de la norma, manteniendo solo alguna particularidad para el decreto ley, el decreto legislativo y la ley de medidas.Más allá del mal detectado en esta regulación fragmentada hasta la fecha, el otro problema señalado es que la tramitación es demasiado larga y compleja. Una disposición normativa puede tener en la actualidad un recorrido de más de un año y medio.Para reducir la burocracia, el Govern firmó un convenio con la OCDE en septiembre del 2025 para que revisara la normativa pública de la Generalitat e hiciera un informe con aportaciones para dar mayor eficiencia y agilidad al sistema regulatorio. Según los primeros trabajos preliminares, es demasiado lento y complejo.Por ello, el anteproyecto de ley propone una reducción de plazos en la tramitación de la ley. El método elegido para conseguirlo es que los informes y dictámenes preceptivos a estos trámites se pidan ahora de forma simultánea al trámite de información pública y audiencia, de un mínimo de 15 días hábiles. Hasta el momento, eran fases sucesivas, que se encadenaban una detrás de otra. La iniciativa permite que ahora coincidan en el calendario. De este modo, calculan que habrá un tercio menos de tiempo de tramitación.Con el régimen actual, el plazo medio de un anteproyecto de ley es de cinco meses. La aplicación del nuevo procedimiento lo dejaría en tres. Otro caso es el de los proyectos de decreto: se pasaría de ocho a cinco meses y medio.Por otro lado, también se pretende adecuar el volumen de documentación ingente que va asociado a la confección de las iniciativas legislativas. En todos los casos se realizaba una memoria de evaluación, pero ahora se acota a aquellas cuestiones en las que “la decisión normativa tiene impacto real”. En este documento se suelen identificar los problemas, objetivos, opciones, impacto y seguimiento de la ley. La norma propuesta plantea que se siga haciendo para los anteproyectos de ley y los reglamentos con impactos significativos, pero no así en los decretos.Además, la propuesta incluye mecanismos para ordenar y reducir las disposiciones vigentes. El Govern podrá consolidar –unir en un único texto las normativas vigentes sobre una misma materia– y derogar los reglamentos que ya no tienen vigencia o bien que han quedado obsoletos. De hecho, ya se hizo una primera revisión del portal jurídico de la Generalitat que permitió pasar de 23.000 disposiciones a 8.500.La nueva arquitectura con la que el Govern englobará todo el proceso de elaboración de sus normas se completa con dos procesos de experimentación de estas leyes. Antes de regular, se podrá aplicar de manera temporal y en un ámbito restringido una normativa experimental, con un máximo de cinco años de duración, para ver sus resultados antes de generalizarla.Esta propuesta remite, en parte, a un anteproyecto que ya había aprobado a principios del 2023 la Administración que presidió Pere Aragonès, pero el proyecto decayó en el Parlament por la finalización de la legislatura.Tras pasar por el Consell Tècnic, a finales de agosto se iniciará el trámite de información pública y audiencia. Después de las alegaciones, este órgano volverá a ver el anteproyecto con la idea de que se apruebe antes de final de año.Calonge, 1998. Redactor de 'La Vanguardia' desde 2024. Licenciado en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra. Cubro la actualidad política catalana